Ribera se plantea recurrir al carbón y a la térmica de As Pontes si no se garantizara por otra vía el suministro de electricidad

El Gobierno mantiene sus planes para terminar de cerrar todas las centrales térmicas, las plantas que producen electricidad por medio del carbón, pero en estos momentos se plantea una posibilidad por la que una de ellas, la de As Pontes (A Coruña) pudiera paralizar el proceso de cierre en el que se encuentra y reactivarse. Eso ocurriría si España no pudiera garantizarse el 100% del suministro de electricidad por otros medios.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado esta posibilidad -adelantada por el diario ABC- durante una entrevista en Onda Cero en la que ha afirmado que ha pedido a Red Eléctrica Española (REE) que evalúe si sería necesaria la intervención de la central térmica de As Pontes para generar la electricidad necesaria.

"Si REE dice que en sus escenarios es posible garantizar el 100% de la electricidad sin necesidad de mantener abierta As Pontes, no tiene sentido hacerlo porque es un incremento de costes y salir a buscar carbón, que también está extraordinariamente caro y retrasar un proceso de cierre", ha dicho Ribera. Greenpeace señala que buena parte del poco carbón que se consume ya en España viene de Rusia.

"Por cautela lo teníamos que hacer y hemos hecho lo correcto, preguntar a REE si ha cambiado su valoración al respecto y, si está garantizado el suministro con otras centrales, proceder al cierre de As Pontes", ha incidido.

Ha justificado la consulta a REE sobre si sería necesario retrasar el cierre de As Pontes "en un horizonte como este", en el que algunos países de la UE se preparan para un riesgo cierto de tener cortes de suministro en invierno. No es el caso de España, ha dicho Ribera, que sobre la consulta a REE ha añadido que  "es bueno que el operador del sistema, de electricidad en nuestro caso, que vela por responder a cualquier riesgo, valore si las cosas han cambiado", ha añadido la vicepresidenta.

En caso de que se determinara que no está garantizado el 100% del suministro de electricidad y que debería recurrirse a esta central térmica, España se sumaría a la lista de países europeos que, también a regañadientes, vuelven a recurrir al carbón debido a la incertidumbre con respecto al suministro de gas. 

El cierre de las centrales térmicas se acordó en España en 2010, cuando empezó un desmantelamiento progresivo de las plantas, incluidas algunas de las más contaminantes de la UE. En 2018 se produjo un cierre encadenado de plantas y en la actualidad quedan mínimamente operativas cinco -en Asturias, Galicia, Andalucía y Baleares-, tras el desmantelamiento hace solo unos meses de la de Andorra, en Teruel.

Generación muy limitada con carbón

Un de las que sigue funcionando es la de As Pontes, que acaba de recibir el informe de impacto de medioambiental para su desmantelamiento pero a cuyo cierre el Gobierno sigue sin dar el visto bueno definitivo. Aunque reactivar el carbón está en el extremo opuesto a los objetivos del Gobierno y de Ribera, mantenerla abierta podría ser el remedio que están poniendo otros países europeos ante el "miedo" a no poder generar suficiente electricidad en invierno, por un eventual corte del suministro de gas ruso.

El portavoz de Greenpeace Manoel Santos apunta que, en todo caso, la producción de electricidad por medio del carbón es en estos momentos residual. Las centrales térmicas que aún no han cerrado "no están generando prácticamente nada de electricidad", apunta. Aunque es normal que en el mix energético diario haya una estrecha franja de carbón entre las tecnologías que se utilizan para generarla, en el último año no ha representado más de entre un 3,5% y 4% del total. 

Según Santos, en estos momentos la capacidad de producir electricidad en España a partir del carbón es "muy, muy pequeñita" y en el caso de que REE concluyera que hay que echar mano de él, sería para "utilizarlo muy coyunturalmente y de forma muy reducida". "Va ser muy limitado", apunta este portavoz de Greenpeace, que afirma que también Alemania, Países Bajos o Francia se lo plantean así, sin que volver los ojos al carbón durante un tiempo acotado les haga incumplir sus objetivos de descarbonización ni de cerrar las térmicas para 2030.

Santos insiste en que lo que hay que acelerar es el despliegue de renovables para suplir una dependencia "exagerada de un gas que no tenemos". El paso ya se está dando, afirma y recuerda que en 2018, antes de que empezara el cierre de las primeras centrales térmicas, había 10.000 megavatios de potencia instalada con carbón y ahora no llega a 4.000, mientras que la potencia instalada de fotovoltaica alcanza hoy 16.000 megavatios -en 2018 no llegaba a 5.000 MW- y la eólica, "muchos más", casi 30.000.

Como Greenpeace, tampoco Ribera es partidaria de regresar al carbón y paralizar los planes de cierre de As Pontes. "No, en absoluto. No quiero retrasar algo que ha sido complejo y buscando alternativas para el territorio y que los trabajadores directos e indirectos de cada central que cierra encuentren empleo y las comarcas tengan alternativas para fijar población".

Impuesto sobre beneficios extra

Un día después de el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en el Debate sobre el estado de la Nación que espera recaudar 3.500 millones al año por los nuevos impuestos temporales para empresas energéticas y la banca, Ribera ha justificado este nuevo gravamen en el hecho de que estas compañías están ingresando beneficios muy por encima de lo habitual, cuando sus costes de producción no han aumentado.

Según ha dicho, la idea es que durante dos años graven los beneficios que estén por encima de los que solían tener con un nivel de facturación que no ha variado en la misma medida. "Se pretende gravar la diferencia de beneficios en relación con el mismo volumen de ventas, porque es lo que nos muestra que ha habido beneficios extraordinarios".

Ribera ha señalado a Italia o más recientemente Bélgica como países con impuestos similares en los que se "inspira" el Ministerio de Hacienda para ultimar este impuesto y ha descartado que pueda impedir que estas empresas, particularmente las energéticas, reinviertan en tecnología parte de sus ganancias.

"Hay margen para las dos cosas. Se trata de gestionar en el tiempo cómo se lamina esa enorme distorsión  [entre costes y beneficios] y cómo se asegura que los ciudadanos puedan estar protegidos frente a una situación que no han buscado", ha afirmado.