La Comisión Europea ha publicado este miércoles su informe anual sobre la salud democrática en los Estados miembros con una evaluación de los riesgos para el Estado de Derecho en cada uno de ellos. Por primera vez, se incluyen recomendaciones específicas por país y, en concreto, a España le pone seis tareas, entre las que están cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o mejorar la independencia de la Fiscalía General del Estado.
Tras el nuevo fracaso hace dos días de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, Bruselas ha urgido a desbloquear la situación de manera prioritaria y a emprender "inmediatamente después" una reforma del sistema de elección para que sean los propios jueces quienes nombren a sus pares, en la línea de los estándares europeos.
El Ejecutivo comunitario se muestra preocupado por el retraso en la renovación del CGPJ y recuerda que el órgano de gobierno de los jueces lleva funcionando en interinidad desde diciembre de 2018, lo cual puede ser percibido como una situación de vulnerabilidad ante la politización. No es la primera vez que España recibe un toque de atención por la falta de renovación de los órganos judiciales. Los exámenes de la Comisión Europea de 2020 y 2021 ya apuntaban en esta línea y denunciaban esta insostenible "anomalía", que repercute en el funcionamiento diario de la Justicia.
En ese sentido, la evaluación europea se hace eco de un informe publicado en octubre de 2021 según el cual la no renovación del CGPJ provoca que el Tribunal Supremo funcione con un 14% menos del número de jueces que establece la ley y, en consecuencia, que anualmente resuelva mil decisiones menos de las que cabría esperar en condiciones óptimas de funcionamiento.
La escasez de jueces se debe a que en marzo de 2021, los partidos del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Esta limitación afecta ahora también al Tribunal Constitucional (TC), puesto que el mandato de cuatro de sus doce magistrados expiró el pasado 12 de junio sin visos de que fructifique su sustitución, que corresponde, a partes iguales, al Gobierno y al CGPJ.
Una vez que se desbloquee el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, la Comisión Europea insta a España a modificar el método de nombramiento de sus miembros para que sean elegidos por los propios jueces. Al igual que el anterior, este llamamiento también se ha reiterado en numerosas ocasiones a fin de que nuestro país cumpla con los "estándares europeos", según los cuales "no menos de la mitad de los miembros son elegidos por sus pares". El Ejecutivo europeo recuerda, además, que ya en septiembre de 2021 las cuatro principales asociaciones españolas de jueces coincidieron en destacar la necesidad de esta reforma. Actualmente, son el Congreso y el Senado quienes eligen respectivamente a seis vocales del turno de jueces -doce, en total- de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados. Los otros ocho vocales del CGPJ han de ser juristas de reconocido prestigio.
Feijóo: "Bruselas avala nuestra propuesta"
Dado el relieve político del bloqueo a la renovación del CGPJ, cuyo último episodio se vivió este mismo lunes con el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el PP, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en reaccionar a la recomendación de la Comisión Europea, que coincide con la proposición de su partido de desbloquear el CGPJ con el modelo actual y acometer la modificación del sistema de elección en los siguientes seis meses. "Bruselas avala nuestra propuesta para despolitizar la Justicia y la Fiscalía General", ha escrito Feijóo en Twitter. "Reformemos la ley para garantizar la independencia judicial mientras renovamos el CGPJ", ha añadido. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, está impulsando una reforma exprés para que el CGPJ sí pueda nombrar a los magistrados del TC.
La independencia de la Fiscalía
Además de la renovación del CGPJ, la Comisión Europea ha propuesto cinco recomendaciones más para España. Entre ellas, el Ejecutivo comunitario vuelve a poner el foco en el fortalecimiento de la Fiscalía, para garantizar su independencia con respecto al Gobierno. Si bien constata que se han adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre ambos, el documento insta a desvincular la duración del mandato del Ministerio Público de los cuatro años de duración de la legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.
Otras de las recomendaciones consisten en incrementar los esfuerzos legislativos para regular los grupos de presión, creando un registro obligatorio de 'lobistas', y atajar la larga duración de las investigaciones y enjuiciamientos en los casos de corrupción "de alto nivel" que, según Bruselas, siguen siendo preocupantemente lentos y complejos. La Comisión Europea recomienda igualmente "trabajar para reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales", una cuestión a la que Sánchez se ha referido en el Debate del Estado de la Nación este miércoles.
Asimismo, en el plano de la libertad de prensa y el pluralismo mediático, el Ejecutivo comunitario emplaza al Gobierno a garantizar que la autoridad regulatoria para contenidos audiovisuales en España, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disponga de los "recursos necesarios" para reforzar sus operaciones de supervisión y control.
En todo caso, el informe sobre la situación de la Justicia en España apunta a que ha habido "avances" en la calidad del sistema judicial español y cita como ejemplos las medidas adoptadas para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa. Asimismo, considera que la digitalización de la justicia va por buen camino, aunque señala que siguen pendientes mejoras orientadas a incrementar los recursos del poder judicial y disminuir la duración de los procedimientos.
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