PSOE y PP se acusan mutuamente de querer controlar la justicia por la reforma exprés que permitirá renovar el Constitucional

Los debates sobre el sistema judicial en el Congreso se han convertido, desde hace tiempo, en un intercambio de graves acusaciones entre el Gobierno y el PP, que se achacan mutuamente la oscura intención de controlar la justicia. Este miércoles no fue una excepción: la Cámara Baja acordó comenzar a tramitar por la vía rápida una reforma exprés de la ley para permitir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden pese a estar en funciones, pero lo hizo después de un crudo cruce de acusaciones entre los dos principales partidos que, para más inri, tuvo lugar pocos minutos después de que la UE urgiera por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del CGPJ.

La modificación legal, planteada por el Gobierno a través de una iniciativa del PSOE, es muy simple, pero tendría unos importantísimos efectos para el Ejecutivo. La idea es permitir que el CGPJ caducado pueda renovar las dos plazas que le corresponden en el Constitucional para que, así, el Ejecutivo pueda igualmente completar las dos vacantes que le competen. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el tribunal de garantías pasaría previsiblemente a tener una mayoría progresista, en teoría más cercana a los intereses del Ejecutivo a la hora de dictar sentencia sobre algunas leyes recurridas, como la del aborto o la de la eutanasia.

Lo que se votó este miércoles fue únicamente el inicio de la tramitación de esta reforma, pero está previsto que la ley se apruebe de manera definitiva en el Congreso este jueves para después pasar al Senado, que la dejaría lista para publicarse en el Boletín Oficial del Estado la semana que viene. Esta fulgurante reducción de los habitualmente farragosos plazos parlamentarios es posible gracias al procedimiento de lectura única por el que se aprobará la norma, que está contemplado en el Reglamento del Congreso pero que se trata de una vía poco ordinaria en el funcionamiento de las Cortes Generales.

Esas prisas del Ejecutivo por aprobar la reforma no gustaron en absoluto al PP, que criticó este miércoles la falta de debate en torno a la medida. Pero lo que realmente provocó el enfado de los populares fue el contenido de una ley que, en palabras del diputado Carlos Rojas en el Congreso, supone "zaherir desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial" y que el Gobierno diseñe "una reforma a la carta para el propio Gobierno con el objetivo de quebrar la voluntad de la Constitución" y de "ocupar espacios de poder donde no los tiene".

De ese grave tenor fueron todas las acusaciones que planteó el PP en la tribuna del Congreso, desde la que denunció que el PSOE y el Ejecutivo quieren "modificar los cimientos de la justicia" y cargar contra el sistema democrático "zarandeando sus instituciones". "Este Gobierno teje y desteje para dejar más débil a la democracia", espetó Rojas, que volvió a condicionar la renovación del CGPJ -que lleva caducado más de tres años porque el propio PP ha bloqueado la elección de nuevos miembros- a una reforma en su método de elección.

Una reforma... sobre otra reforma

Por su parte, el PSOE justificó la necesidad de aprobar este cambio para que el CGPJ pueda elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional pese a estar en funciones asegurando que no puede mantenerse la "parálisis" institucional solo porque el PP así lo quiera. El diputado socialista Francisco Aranda, además, quiso resaltar la importancia de que el Constitucional tenga una mayoría progresista -como le corresponde actualmente- recordando que, en Estados Unidos, ha sido el Poder Judicial el que ha acabado con el derecho federal al aborto. 

La reforma, dijo Aranda en este sentido, es imprescindible "a la vista de lo que ocurre en otros lugares donde la derecha maniobra para que sus tesis sean secundadas", porque "cuando la derecha gana, los avances retroceden en el Legislativo, y cuando pierde, retroceden en el judicial" si el Gobierno no le pone coto. Con su "alarmante dejadez institucional", denunció el diputado del PSOE, el PP "ataca los cimientos constitucionales", y es una "obligación democrática" poner sobre la mesa "todos los mecanismos parlamentarios y democráticos para impedir que el sistema constitucional se bloquee".

Lo más irónico es que esta reforma del método de elección de los jueces del Tribunal Constitucional, propuesta por el PSOE, supone volver a cambiar la norma tan solo año y medio después de la última modificación, propuesta también por los socialistas y Unidas Podemos. A principios de 2021, ambas fuerzas precisamente limitaron la capacidad del CGPJ de nombrar altos cargos cuando tenga su mandato caducado, con la idea de presionar al PP para que se aviniera a desbloquear su renovación. Pero los populares no cedieron y el Gobierno se ha visto ante la tesitura de no poder aprovechar su turno para tener un Tribunal Constitucional de mayoría progresista si no volvía a cambiar la norma.