La ley de memoria democrática superó este jueves con holgura su penúltimo examen parlamentario para ser puesta en marcha definitivamente. El Congreso aprobó por una amplia mayoría la norma, que ahora pasa al Senado para, si no hay sorpresas, finalizar su tramitación en septiembre y entrar por fin en vigor. Y lo hizo gracias al apoyo de PNV y EH Bildu, que se sumaron a PSOE, Unidas Podemos y otras pequeñas formaciones para sortear el voto contrario de PP, Vox y Cs, muy duros contra la norma. Los populares consideran que supone el "desguace de la reconciliación nacional", mientras Vox directamente elogió que la "reconciliación" la inició el propio franquismo celebrando los años de "paz y prosperidad" tras el golpe de Estado y la Guerra Civil.
Pese a haberlo intentado hasta el último momento, el Gobierno no ha conseguido sumar a su cartera de apoyos a ERC, que se abstuvo en la votación como ya hizo la semana pasada en comisión. La diputada republicana Carolina Telechea, de hecho, aseguró que esta abstención es un acto de "generosidad" de su partido, porque la nueva ley de memoria no deroga la ley de amnistía como exigía ERC para que pudieran juzgarse los crímenes de la dictadura franquista que se consideren crímenes contra la humanidad. "Con lo que se aprueba la herida sigue sangrando, esta ley sigue quedándose muy lejos de una reparación justa a las víctimas", denunció Telechea.
Con la aprobación de la ley en el Congreso y su paso al Senado, el Gobierno redondea el giro a la izquierda que ha ejecutado esta semana con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, aunque la ausencia de ERC en el grupo de los partidos que apoyan la norma le impide presumir de haber recompuesto por completo sus alianzas parlamentarias. De hecho, la tramitación de la norma ha sido exprés, ya que el Ejecutivo ha reactivado la puesta en marcha de la ley en apenas tres semanas después de meses de estar paralizada en el Congreso por el rechazo de los independentistas catalanes a apoyarla.
Ha sido el paso a la abstención de ERC el que, precisamente, ha permitido el desbloqueo del proyecto, aunque el Gobierno ha alcanzado acuerdos con todos sus aliados parlamentarios para que saliera adelante la ley. Una parte se han firmado con EH Bildu, y entre ellos se encuentra una enmienda para poner en marcha una comisión de expertos -no una investigación judicial- que investigue violaciones contra los Derechos Humanos cometidas entre 1978, fecha en la que se aprobó la Constitución, y 1983, ya transcurrido el primer año de Felipe González como presidente y habiéndose cometido los primeros atentados de los GAL.
En concreto, la enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu -y también pactada con Más País- dispone que el Gobierno deberá designar "una comisión técnica que elabore un estudio" sobre la "vulneración de los derechos humanos" que se hubiera producido entre "la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983". Esta comisión será la encargada de indicar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas, que se considerarán como tales al haber sido objeto de crímenes "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos".
No habrá investigaciones judiciales en democracia
Fuentes del Gobierno, no obstante, son muy insistentes al señalar que la ley no abre la puerta a investigar judicialmente los primeros años de la democracia. Estas fuentes apuntan que será un grupo de historiadores y expertos el que indagará en estos crímenes cometidos entre 1978 y 1983, y explican que la ley solo facultará a hacer investigaciones judiciales en el caso de crímenes cometidos hasta 1978.
La nueva ley de memoria democrática, además, recogerá una condena expresa de la dictadura y declarará ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales de la dictadura, incluidas sus condenas. Otra de las medidas pactadas supondrá la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, al cual se incorporarán los supervivientes "que presten su expreso consentimiento". Y se suprimirán 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos los ducados de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco o los condados de Alcázar de Toledo, Benjumea, o Jarama.
Todas las víctimas, con la nueva ley, tendrán "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado". Y eso implica reconocer también "el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura", una medida para la cual la Administración estará obligada a llevar a cabo una auditoría en un plazo máximo de un año.
El PP dice que la ley le provoca "repugnancia"
PP, Vox y Cs mostraron durante el debate su más profunda oposición a una ley que "es un ataque frontal a la Transición", en palabras del diputado popular Jaime Mateu. "Esta norma provoca profunda repugnancia al PP y será derogada cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno", denunció Mateu, que además afeó al Gobierno que haya pactado con EH Bildu algunos cambios en la norma para garantizarse su apoyo. "Los herederos políticos de los asesinos etarras nunca han condenado con contundencia los 853 asesinados por ETA y no contribuyen a esclarecer los más de 379 asesinatos pendientes de resolver", espetó.
Mateu calificó los acuerdos entre el PSOE y EH Bildu como "una traición a sí mismo, a sus palabras y a su propio partido", y aseguró que "suponen un desprecio grosero a la memoria de las víctimas del terrorismo", cuyos derechos están reconocidos y protegidos por una ley aprobada en 2011. "Este proyecto de ley, sectario y excluyente, es un ataque frontal a la transición mediante la que los españoles se comprometieron más con su futuro y la democracia que con su pasado, y pretende imponer una memoria hemipléjica, colectiva, oficial y uniforme", zanjó el diputado del PP.
Su homólogo de Vox, Francisco Contreras, fue más allá y acusó al Gobierno de estar "batasunizando la memoria" de España con una ley "totalitaria" que "separa a los españoles entre buenos y malos". Contreras puso en duda las intenciones del PP de derogar la nueva ley de memoria si llega al poder, y cargó contra los populares por no haber acabado con la norma autonómica andaluza pese a tener la pasada legislatura una mayoría suficiente en el Parlamento de Andalucía para hacerlo.
Vox, además, criticó la intención de la nueva norma de resignificar el Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar de estudio y memoria de la dictadura, ya que -a juicio del partido- es "un monumento al hermanamiento". Y provocó una intensa polémica en el Congreso al asegurar que Salvador Puig Antich, el preso político anarquista ejecutado mediante garrote vil por el franquismo en 1974, no murió por su ideología, sino por ser culpable de la muerte de un policía en un operativo diseñado para detenerle. Ante esas palabras, Unidas Podemos, EH Bildu y ERC abandonaron el hemiciclo entre protestas.
No fue la única ocasión en la que Contreras defendió las prácticas de la dictadura durante su intervención. De hecho, el diputado de Vox aseguró que la "verdadera reconciliación" que, dijo, se produjo durante los años setenta, vino precedida de "gestos de concordia" realizados por el propio franquismo, como sería el caso del "enfoque que dio el régimen a la celebración de los 25 años de paz en 1964". "Fue un enfoque no sectario, que no enfatizaba la victoria o la guerra, sino los 25 años de paz y prosperidad posteriores", aseguró.
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