El golpe de efecto de Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la nación evidencia una vez más que en política los éxitos, como el logrado por el PP en Andalucía o las encuestas hasta ayer tan favorables para Alberto Núñez Feijóo, pueden desvanecerse fácilmente en el aire. Sin alguna cosa ha demostrado el líder socialista es resiliencia, y hasta las próximas elecciones pasarán cosas que no podemos ni imaginarnos. Sánchez no solo va a agotar la legislatura, sino que se propone sacar adelante los Presupuestos de 2023. Con las nuevas medidas anticrisis ha logrado cimentar su tambaleante Gobierno de coalición y cosechado un apoyo importante en el Congreso que le permite soñar con rehacer la mayoría de su investidura. Ahora bien, sus socios no se lo van a poner nada fácil y, particularmente, en ERC están muy lejos de prestarle su voto si no es a cambio de algo que los republicanos puedan explicar en Cataluña como la "desjudicialización" de las causas pendientes por el procés.

Con las nuevas medidas anticrisis Pedro Sánchez ha logrado cimentar su tambaleante Gobierno de coalición

En la Moncloa están dispuestos a pagar ese peaje. Solo así se entiende el esfuerzo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en sus sucesivos encuentros con la consejera Laura Vilagrà, para retomar la ‘mesa de diálogo’, tanto con ERC como con Junts, aunque estos últimos la siguen rechazando de plano. Por lo que sabemos, ambas partes están negociando esa "desjudicialización" que afecta no solo a los políticos fugados de España, sino también a otros cargos, como los diputados republicanos Lluís Salvadó y Josep M. Jové, procesados por los preparativos del referéndum ilegal de 2017 con cargos de malversación, desobediencia y revelación de secretos, que podrían acarrearles penas de cárcel. En ERC han asumido que la amnistía es imposible, pero exigen la reforma del Código Penal para modificar la sedición y suavizar la malversación a cambio de apoyar los nuevos Presupuestos. A buen seguro que de ello trataron el pasado viernes Pere Aragonès y Sánchez en la Moncloa.

Para el presidente del Gobierno es una apuesta muy arriesgada porque, a diferencia de los indultos, necesita que el Congreso lo debata y apruebe. Es evidente que sería acusado nuevamente por la oposición de hacer vergonzosas cesiones a los independentistas. Presupuestos a cambio de sedición, en síntesis. Por otro lado, en los próximos meses va a pesar mucho que se haya abierto la puerta a la extradición de Carles Puigdemont. El abogado general del TJUE ha dado la razón al juez Pablo Llarena, y eso anticipa una sentencia que facilitaría su entrega a España. A la vista de ese posible escenario, en ERC tienen prisa por darle al expresident una salida que evite un largo ‘martirologio’ en prisión y una nueva caída de la política catalana en el puigdemontismo.