El ingreso mínimo vital solo llega a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda de entre 565 y 1.198 euros mensuales que concede el Estado a las personas con menos recursos, solo llega a uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo certifica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que este martes ha publicado su primera evaluación de esta política que lleva en marcha desde mayo de 2020.

La Airef sostiene que desde que la medida entró en vigor y hasta diciembre de 2021, se han beneficiado de la ayuda 284.000 hogares, un 40% de todos los que potencialmente cumplen los requisitos para recibir esta ayuda. Esos algo menos de 300.000 beneficiarios representan apenas el 22% de los 1,3 millones de hogares que están en riesgo de pobreza y exclusión en España (es decir, cuyos ingresos son inferiores al 40% de la renta mediana nacional).

"El IMV ha desplegado solo una parte de su potencial, pero tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza", resume el vigilante fiscal en su informe. No obstante, reconocen que la prestación "sin duda ha contribuido a la lucha contra la pobreza" tras una puesta en marcha que ha sido compleja. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha destacado que se trata de" una prestación difícil de implementar", como demuestra la experiencia internacional en programas similares.

Y es que uno de los datos más llamativos que arroja el análisis de la Autoridad Fiscal es que más de la mitad de los hogares que podrían acogerse al ingreso mínimo (400.000, el 57%) no lo solicitan. Este fenómeno (conocido como non take up), se debe en parte a la complejidad del proceso burocrático para recibir las ayudas y se concentra entre los hogares que más se acercan a los límites máximos de renta permitidos. Es decir, aquellas personas que obtendrían un incremento de ingresos más limitado si se les concediera la ayuda son más reacias a pedirla.

El vigilante fiscal calcula que, si la ayuda alcanzara su máximo potencial, podría llegar a cubrir al 60% de los hogares en riesgo de pobreza y exclusión si se combinase con las rentas mínimas autonómicas. Un porcentaje que podría ser todavía mayor si las comunidades autónomas rediseñasen sus programas de rentas mínimas tras la liberación de recursos que supone el ingreso mínimo vital. Conviene recordar que algunas comunidades han recortado sus programas de rentas mínimas tras la entrada en vigor del IMV y que son los gobiernos autonómicos quienes deciden cómo complementar ambas ayudas.

La Airef estima que 6.000 millones de euros serían suficientes para cubrir a la totalidad de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. En la actualidad el ingreso mínimo vital ha desplegado 1.600 millones y si llegara a todos los hogares que cumplen las condiciones podría alcanzar los 2.800 millones.

Hacia una prestación de oficio

Conocidos los resultados, el vigilante fiscal ha elaborado una serie de recomendaciones para que la ayuda funcione de manera más eficiente. En primer lugar, la Airef reprocha al Gobierno que no haya definido lo que entiende por pobreza, qué parte de esa pobreza se pretende cubrir con la ayuda ni los plazos en los que se espera lograrlo. Una cuestión que no es baladí si se tiene en cuenta que hay diferentes definiciones de lo que se entiende por pobreza y el número de personas que se incluyen en cada una puede variar sustancialmente.

La Airef propone también que se analice la situación patrimonial de los hogares pobres. La autoridad fiscal sospecha que en ocasiones hay solicitantes que se podrían quedar fuera de la ayuda por sobrepasar los límites de patrimonio porque disponen de bienes (por ejemplo, inmuebles) que difícilmente pueden liquidar.

También recomiendan adoptar medidas para reducir la tasa de hogares que no presentan la solicitud, aun cuando previsiblemente se les concedería. En este sentido, plantean simplificar y agilizar los procesos de solicitud, que pueden resultar complejos por el lenguaje administrativo o los elevados tiempos de espera para conseguir cita presencial.

Finalmente, la autoridad fiscal plantea que a medio plazo sería bueno que si el ingreso mínimo fiscal se muestra eficaz para reducir la pobreza se convierta en una ayuda de oficio. Es decir, que la administración dispusiera de un borrador con todos los datos de los hogares que estos sencillamente tendrían que validar para que esta iniciase el proceso de oficio.