La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una 'caja b' con la que financió campañas electorales que levante la imputación de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y de su sucesor Ignacio González, según han confirmado fuentes jurídicas.
Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de Púnica, cuya investigación concluyó el pasado enero.
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de esta trama de corrupción por cuanto García Castellón intenta determinar si existió una 'caja b' en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la Púnica, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la operación Púnica, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones a dedo y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
Piden procesar a Granados
Sin embargo, la Fiscalía ha informado en comunicado que, pese a los "claros indicios de falsedad electoral existentes" respecto a las elecciones autonómicas de 2008, los hechos estarían prescritos. No obstante, el Ministerio Público acusa a los líderes del PP Beltrán Gutiérrez Moliner y Francisco José Granados Lerena de delito electoral y cohecho y tráfico de influencias en el caso de este último.
Del mismo modo, también pide que se siga actuando por delitos de prevaricación y malversación contra la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el informático de la trama Alejandro de Pedro, Diego Mora; la dueña de la firma de publicidad El Laboratorio de Almagro, María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo Montalbán.
En cuanto a los sobreseimientos masivos, el fiscal expone: "En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción, pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías), se aclara su situación procesal y, respecto de aquellas que constan como investigadas, se interesa el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación, lo que se explica de forma detallada e individualizada en el escrito".
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