Fin de curso para las iniciativas legislativas. En un año en el que se han vuelto a celebrar eventos y citas históricas como el 8-M, el movimiento feminista ha ido viendo cómo algunas de sus reivindicaciones se iban plasmando en leyes. Normas que ya de por sí arrastraban una larga trayectoria y que han tenido que amoldarse a las -en ocasiones muy dispares- exigencias de los socios de Gobierno. Ahora toca parón, por el verano, pero el próximo curso se prevé intenso y apresurado ante el cada vez más inminente fin de la legislatura. Aunque tradicionalmente las asignaturas debían recuperarse en septiembre, la urgencia del Ejecutivo es dejar atados todos los cabos posibles antes de las próximas elecciones generales de finales del año 2023.
Hay una espina que quedará clavada en el Ministerio de Igualdad, al menos hasta septiembre: la ley del 'solo sí es sí'. Todo apuntaba a que la norma estrella de Irene Montero llegaría a 'graduarse' en este periodo de sesiones, pero un giro de guion inesperado provocó que el texto se sumara a los pendientes de aprobar a la vuelta de las vacaciones. No habrá ley de libertad sexual -ni eliminación de la distinción entre abuso y violación, ni redefinición del consentimiento expreso, ni sanciones más duras para el acoso callejero, la sumisión química o las violaciones grupales- este verano.
Cuando parecía que el proyecto de ley iba a recibir luz verde definitiva en el Senado, el PP aprobó in extremis una enmienda de Junts que apenas cambiaba una letra del texto, devolviendo así al articulado entero al Congreso para que se apruebe finalmente cuando se reactive la actividad parlamentaria. Este trámite retrasará por tanto la puesta en marcha de una norma que incluye también medidas específicas de protección de las víctimas de agresiones sexuales, que articula los mecanismos para evitar poner en cuestión su relato, y que facilita el acceso a ayudas.
El aborto: una segunda vuelta antes del Congreso
En una fase más germinal se encuentra otra ley que, pese a no haber salido todavía del seno del Gobierno, ya ha abierto un debate importante. La nueva ley del aborto, que se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros en mayo, prevé sustituir a la de 2010 y enmendar la reforma de los populares que aumentaron a 18 la edad mínima para interrumpir voluntariamente un embarazo sin consentimiento paterno. El tiempo apremia, y por eso se va a tramitar de urgencia, pero el debate entre los grupos parlamentarios una vez aterrice en el Congreso se prevé arduo y complicado.
Recuperar el derecho a abortar desde los 16 años, fijar un registro de objetores parecido al de la ley de eutanasia, establecer una baja preparto desde la semana 39 o blindar la educación sexual en todas las etapas educativas son algunas de las medidas que se contemplan en un texto nacido, según resaltó la ministra de Igualdad, para "romper estigmas y tabúes". Pero quizás la novedad más destacada -y de las más comentadas- ha sido la introducción de propuestas relativas a la salud menstrual.
El proyecto que el ala morada del Ejecutivo (Igualdad, Derechos Sociales) tuvo que pactar con los socialistas (Sanidad, Hacienda, Inclusión), contempla una baja especial para las mujeres con reglas muy dolorosas e incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día y no requerirá un mínimo de días cotizados. Plantea igualmente medidas para atajar la pobreza menstrual, como el reparto gratuito de compresas y tampones en colegios, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos y sociales u organismos públicos.
En cualquier caso, el texto provisional deja fuera una reivindicación de Unidas Podemos: la tasa morada. El partido no logró finalmente que Hacienda accediera a rebajar el IVA de los productos de higiene femenina al 4% (está ahora al 10%), pero es una lucha que se seguirá librando de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Aun así, a la ley todavía le queda recibir los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de llegar a la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios negociarán posibles cambios. Eso sí, hay una iniciativa que también afecta al aborto que el Gobierno sí que consiguió sacar adelante este año. Desde abril, es delito el acoso a las clínicas que realizan abortos, después de que se aprobase una reforma del Código Penal impulsada por el PSOE.
Prostitución y trata: dos debates espinosos
Si algo se ha reactivado también es el debate histórico en torno a la prostitución. Regulación o erradicación son dos posturas en las que los grupos se han tenido que ir posicionando a raíz de ciertas iniciativas. La del PSOE es clara y rotunda: el propio presidente Sánchez dijo este mes en el Congreso que espera lograr "la abolición definitiva de la prostitución", a poder ser, antes de que termine esta legislatura. La de Unidas Podemos es más difusa, pues la parte catalana de la formación aboga más por el regulacionismo. De hecho, se intentó incluir en la ley del 'solo sí es sí' un par de medidas que endurecían las penas a los proxenetas y recuperaban las sanciones a quienes destinaran un inmueble para ejercer la prostitución (la tercería locativa).
Pero la falta de apoyos en el Congreso hacia estas medidas, que unos consideraban vagas y otros innecesarias, forzó su retirada de la ley, en pro de que saliera adelante. El PSOE sí consiguió salvar dos puntos: por un lado, logró introducir un artículo en el que penalizaba la publicidad sobre prostitución; y, por otro, registró en solitario una escueta ley en la que se plasmaban exactamente las dos medidas que habrían querido introducir en la ley de libertad sexual, añadiendo un "reproche moral" para los clientes de esta práctica. El texto aunó los apoyos necesarios en junio, pero los grupos ya advirtieron que su apoyo estaría anclado a los cambios que exigirán en la negociación
En paralelo, hay una ley que se trabajó en los despachos de Igualdad para luchar contra la trata de seres humanos, muy centrada en la que tiene fines de explotación sexual. Desde que, en marzo de 2021, el equipo de Montero empezase a trabajar en el articulado, el camino de aprobación se ha ido, si no alejando, difuminando.
En un primer momento, los socios de Gobierno anunciaban que registrarían una ley contra la trata con fines de explotación sexual, pero la idea tampoco parece haber llegado a buen puerto. Igualdad dejó preparado un borrador en enero de este año y se lo remitieron al Ministerio de Justicia. Pero, desde entonces, las noticias sobre esa norma pararon en seco. Lo único que se sabe desde el departamento de Pilar Llop es que tienen el objetivo de hacer una ley mucho más general que abarque a todos los tipos de trata (laboral, por ejemplo), y no solo a la de explotación sexual. Pero por ahora ni se barajan fechas ni se conoce el contenido de un proyecto que, previsiblemente, saldrá a la luz en los próximos meses.
No son pocos los deberes que le queda al Gobierno en materia de feminismo. Lo que sí que es escaso es el tiempo que marca la cuenta atrás de la legislatura. En septiembre, se prevé que se dé a conocer una primera encuesta sobre los otros tipos de feminicidios (vicario, familiar, etc.), que se empezaron a contabilizar desde enero. Pero lo realmente complicado será dar luz verde a dos leyes -la del aborto y la de la trata- que no cosechan un consenso unánime.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios