España rechaza tener que recortar su consumo de gas natural como ha exigido la Comisión Europea a los países de la UE para prepararse ante un eventual corte del que viene de Rusia. Y para intentar sortear lo que en ese caso sería una obligación para reducirlo un 15%, hará valer su capacidad de importar gas natural licuado de otros países y la posibilidad de aumentar sus reenvíos a otros Estados miembros.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudirá el martes que viene al consejo de Energía que analizará la propuesta de la Comisión con un catálogo de cifras con las que intentará demostrar que España puede aumentar al máximo las interconexiones energéticas con el resto de la UE, a pesar de que las dos de los Pirineos están copadas hace meses solo con el envío de la electricidad que necesita Francia, que tiene buena parte de su parque nuclear parado y serias dificultades para abastecerse de toda la que necesita.

Según indican fuentes de su Ministerio, Ribera pondrá en valor las infraestructuras españolas, las que ya están funcionando pero también otras que todavía no y que constituyen un apuesta para intentar demostrar que, de los 45.000 millones de metros cúbicos de gas que la Comisión quiere que la UE ahorre hasta marzo de 2023 con el recorte del consumo de gas del 15%, España puede aportar 5.600. Transición Ecológica afirma que esto equivale a 450 buques metaneros, de los que España podría proporcionar 57.

Nuevas rutas de exportación

Las infraestructuras que pondrá en valor Ribera son las seis regasificadoras que hay en otros tantos puertos españoles, desde los que en los últimos cinco años se ha exportado a otros países de la Unión Europea 2 teravatios/h al mes. "Podemos llegar a 6,7", aseguran en el Ministerio de Transición Ecológica.

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Sin embargo, este incremento no se conseguirá solo con el reenvío de parte de las importaciones que recibe España de gas natural licuado, sino con proyectos que todavía están por llevar a la práctica. 

Uno es la reapertura de la regasificadora del puerto de El Musel, en Gijón. Después de una década inutilizada, Ribera firmó recientemente la resolución que permitirá su vuelta a la actividad, aunque la empresa que la gestiona, Enagás, calcula que no volverá a estar operativa hasta dentro de seis u ocho meses. 

Otra idea que se ofrecerá a Bruselas para evitar recortar el consumo de gas será el reenvío de gas natural licuado desde el puerto de Barcelona al italiano de Livorno, en metaneros más pequeños y "aumentando" la capacidad de los gasoductos con Francia, que desde hace meses funcionan a su ritmo máximo.

En todo caso, estos métodos de incrementar el reenvío de gas al resto de la UE están todavía bajo estudio.

España rechaza el recorte

Con ellos, Ribera intentará el martes que Bruselas abandone su intención de exigir un recorte lineal, homogéneo, para que los Veintisiete empiecen a ahorrar ya un 15% de su consumo de gas, algo que se volvería obligatorio si Rusia termina cortando el suministro de gas y al menos tres países piden que se declare una situación de emergencia. En ese caso, la Comisión asegura que los hogares serían "consumidores protegidos" pero no la industria, que debería hacer ahorros de gas. Ribera lo rechaza tajantemente y ha asegurado que el Gobierno "no considera la hipótesis de introducir racionamientos ni restricciones a ningún tipo de consumidor".

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Ribera rechazó de plano el propósito de Bruselas, que consideró una "imposición" que no se consultó con los Estados miembros. A cambio de un recorte obligatorio, España continuará con su intención de aprobar un plan de contingencia que será "voluntario" y con "medidas de ahorro de eficacia energética".