La UE permitirá a España recortar su consumo de gas menos del 15% por su capacidad de reenviar gas licuado a otros países

Los países de la UE han alcanzado este martes un acuerdo para reducir su consumo de gas en previsión de que Rusia corte totalmente el suministro a Europa que incluye "excepciones" y vías por las que algunos países podrán pedir una "derogación" del objetivo obligatorio del 15% y reducirlo en menor medida. Excepciones a las que España también podrá acogerse. De acuerdo al texto que han acordado los Veintisiete, serán motivo para pedir una derogación tener "interconexiones limitadas" y "demostrar" sus capacidades de exportar gas natural licuado a otros Estados miembros, los dos factores que ha hecho ver el Gobierno español para zafarse de la reducción lineal del 15% del consumo de gas.

"Los Estados miembros pueden pedir una derogación para adaptar su obligación de reducir la demanda si tienen interconexiones limitadas a otros Estados miembros y si pueden mostrar que sus capacidades exportadoras o su infraestructura doméstica de gas natural licuado pueden usarse al máximo para redirigir gas a otros Estados miembros", apunta el documento que ha aprobado este martes un Consejo extraordinario de ministros de Energía. 

En este caso, el presidente del Consejo, el viceprimer ministro checo Jozef Síkela, ha afirmado que supone que el país en cuestión "puede reducir los objetivos de reducción por su capacidad limitada para mostrarse solidario con los vecinos".

El documento mantiene el objetivo de reducir un 15% el consumo de gas en los países de la UE entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 en comparación con el consumo medio de los últimos cinco años, pero incluye también una serie de excepciones para paliar circunstancias especiales en los países bálticos, cuya electricidad depende de un sistema integrado con Rusia, a países que son islas y que no tienen sistemas de gas interconectados o también a los países de la península ibérica, España y Portugal, que tienen poca interconexión con el resto de Europa y que pueden reconducir gas natural licuado que llega a sus puertos a otros países de la UE.

"Los Estados miembros acuerdan reducir su demanda de gas un 15% en comparación con el consumo medio de los últimos cinco años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, con las medidas que elijan", dice el texto, que también "especifica algunas excepciones y posibilidades para solicitar una derogación del objetivo obligatorio", entre las que figura la baja interconexión y la capacidad de reexportar gas natural licuado.

Reservas y demanda

También podrán pedir una reducción del recorte de gas si "superan sus objetivos de almacenamiento" de gas, algo de lo que también está cerca España, con una capacidad al 72% frente a un objetivo del 80%, si son altamente dependientes del gas para industrias esenciales o si han incrementado al menos un 8% su consumo de gas en el último año en comparación con la medida de los últimos cinco años. Esta última es también una cuestión que eleva España, que ha incrementado su consumo de gas para generar más electricidad para abastecer a Francia, que tiene buena parte de su parque nuclear parado.

El Gobierno no ha tardado en mostrar su satisfacción con el acuerdo mediante un tuit en el que el Ministerio de Transición Ecológica ha afirmado que el pacto supondrá que "cada Estado miembro contribuirá según sus posibilidades y necesidades".

La reacción española ha llegado poco después de que la Presidencia checa de la UE confirmara el acuerdo tras una reunión de los ministros de Energía a la que llegaron para analizar una propuesta más flexible a la que la semana pasada hizo la Comisión Europea, que exigió un recorte homogéneo del 15% del consumo de gas todos los países y que rechazaron países como España. El acuerdo se ha alcanzado sobre otro plan supondrá una reducción "significativamente" menor en España, según ha afirmado a primera hora la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"¡No era misión imposible! Los ministros han alcanzado un acuerdo político sobre la reducción de demanda de gas de cara al próximo invierno", ha anunciado a través de Twitter la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que desempeña la República Checa en este segundo semestre del año.

Saludaba así un acuerdo que la semana pasada parecía muy difícil de alcanzar, después de que en una primera propuesta la Comisión Europea planteara que todos los Estados miembros tenían que recortar un 15% su consumo de gas. En principio, sería de forma voluntaria pero si se cumplen los peores pronósticos y Moscú termina cortando totalmente el suministro de gas, Bruselas podría activar el estado de alerta y convertir esta reducción obligatoria.

Hogares e industria

En su propuesta, la Comisión garantizaba que los hogares no se verían afectados, debido a que tienen consideración de consumidores protegidos. No ocurría lo mismo con la industria europea y Bruselas se ofrecía a los Estados miembros a darles pautas sobre cómo ayudarlas a reducir su consumo.

El acuerdo de este martes establece que, de cara a un eventual recorte de la demanda de gas de la que España quedaría exceptuada, los países "deberían priorizar medidas que no afecten a los consumidores protegidos como hogares y servicios esenciales para el funcionamiento de entidades socialmente críticas, como sanitarias y de defensa".

Entre las medidas que en ese caso sí podrían contemplarse figuran la reducción del consumo de gas en el sector eléctrico, cambiar el combustible en la industria, campañas de concienciación  y obligaciones de reducir la calefacción o el aire acondicionado.

Negativa española

La primera propuesta de la Comisión provocó un rechazo inmediato y tajante de España, al que luego se sumaron otros países como Portugal, Grecia, Malta o Irlanda. Estos dos últimos países son islas, con problemas de interconexión con el resto de la UE y en una situación similar a la de península ibérica, donde las exiguas interconexiones hacían que no tuviera sentido verse obligada a reducir un 15% su consumo de gas porque otros países no podrían beneficiarse de este excedente.

Este fue uno de los motivos en lo que, en una dura declaración, Ribera anunció la semana pasada que España rechazaba la propuesta. A ojos del gobierno, exigía un recorte igual para todos sin tener en cuenta que España tiene una menor dependencia del gas ruso, que ha diversificado en mayor medida sus fuentes de energía y proveedores ni lo que este mismo martes ha afirmado que es su "principal valor añadido", la existencia de seis puertos con regasificadoras -al que en unos meses se sumará otro más, en El Musel, Gijón-, con capacidad para importar gas natural licuado que después puede reconducirse a otros puntos de la UE.

"España es hoy el puerto de entrada más importante de la UE en gas natural licuado, reimporta el 20% del gas que importa, estamos dispuestos a fortalecer estas capacidades", ha indicado Ribera a su llegada a la reunión de ministros europeos, con un talante más conciliador tras un fin de semana en el que se han sucedido las consultas entre la Presidencia checa de la UE y los gobiernos para alumbrar una nueva propuesta que sí podía ser aceptada por España.

Finalmente, la solución ha sido permitir que los países de la UE puedan pedir una menor reducción del consumo de gas si concurren circunstancias como las que alegaba España, que tiene menor interconexión pero se compromete a ponerla a funcionar al 100% y a buscar nuevas vías para incrementar su reexportación de gas natural licuado a otros países europeos.

Quién declara la alarma

El acuerdo que han alcanzado los gobiernos europeos también enmienda  -y rebaja- la propuesta de la Comisión por lo que se refiere a mediante qué procedimiento el objetivo de reducción de la demanda del 15% pasaría de ser voluntario a obligatorio.

La Comisión planteaba que sería ella la competente para declarar un estado de "alerta en la UE". Con el acuerdo de este martes, esta decisión pasa al Consejo -es decir, a los gobiernos de los Estados miembros- y rebaja el papel de la Comisión a hacer una propuesta en este sentido "en caso de que exista un riesgo sustancial de desabastecimiento severo o un excepcional aumento de la demanda de gas" o si cinco países de la UE declaran su alarma nacional o se lo piden a la Comisión.