El Gobierno deja atrás la ambigüedad mostrada ayer respecto a la sentencia de los ERE tras la ratificación de la misma por parte del Tribunal Supremo. Lo ha hecho el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha defendido el papel de los expresidentes socialistas de Andalucía condenados, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, al asegurar que no se apropiaron de dinero público y que, por ello, "están pagando justos por pecadores".
Así se ha manifestado desde Polonia, donde ha mantenido un encuentro con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. En una rueda de prensa ofrecida en ese país, el presidente del Gobierno ha asegurado que ambos, que llegaron a serlo casi todo en el PSOE, dimitieron "hace más de un lustro" y que nunca fueron acusados de robar "un céntimo de euro" ni, tampoco, de financiar ilegalmente a una organización política, en un claro mensaje al PP, que sí ha sido condenado a título lucrativo. En este sentido, el presidente quiere distanciar cualquier comparación con la condena a los ‘populares’, que fue el detonante de la moción de censura que aupó al propio Sánchez a la Presidencia en junio de 2018.
Lo que sí ha descartado Sánchez ha sido hablar de un posible indulto a Griñán, que ha tildado de "hipótesis". En este sentido también se manifestó ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que señaló que elucubrar sobre una posible medida de gracia sería "avanzar muchas pantallas".
Eso sí, esa "hipótesis" puede que esté encima de la mesa en un futuro, tal y como ha planteado la defensa de Griñán, que a diferencia de Chaves sí tendrá que entrar en prisión al ser condenado a seis años de cárcel. "Nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo", señaló ayer su abogado, José María Calero, que también anunció que recurrirán en amparo al Tribunal Constitucional y que están "pensando" la solicitud del indulto.
La condena, ratificada 11 años después
Once años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara las diligencias del mayor caso de corrupción política de Andalucía, el de los ERE fraudulentos de la Junta -un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales- y dos años y ocho meses después de que la Audiencia de Sevilla hiciera pública la sentencia de la primera pieza, el Supremo se pronunció ayer sobre las condenas impuestas a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sentaron en el banquillo de los acusados.
La Sala de lo Penal, por mayoría de tres a dos magistrados, y en respuesta a los recursos presentados por los condenados en primera instancia, confirmó este martes la pena de seis años y dos días de prisión para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos; y de nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves. Además, el tribunal mantuvo los restantes pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de manera que, además de Griñán, otros ocho condenados tendrán que entrar en prisión.
El Supremo sí determinó la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, los tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo en diferentes periodos entre los años 2000 y 2012. Asimismo, el tribunal rebajó la condena que se impuso a Juan Márquez, ex director general de Trabajo entre 2008 y 2010, de siete a tres años de prisión y de 18 a siete años y seis meses de inhabilitación, al apreciar la atenuante de reparación del daño.
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