Madrid matiza su negativa al plan de ahorro de energía tras la división de voces autonómicas dentro del PP sobre su aplicación

El paquete de medidas de ahorro energético aprobadas el lunes por el Consejo de Ministros ha desatado una oleada de críticas por parte del PP, que ha tachado las restricciones de "frivolidades" y "medidas cosméticas". No obstante, aunque la oposición es unánime, las comunidades gobernadas por la formación popular se debaten entre aplicar o no el plan del Gobierno de Pedro Sánchez, con las consecuentes multas que ello implicaría. No es lo mismo reprobar las medidas, como han hecho la mayoría de líderes populares, que negarse a aplicarlas, un órdago en el que la Comunidad de Madrid parece haberse quedado sola. Y en el que caben matizaciones, puesto que el vicepresidente Enrique Ossorio ha recalcado que Madrid cumplirá todo lo que sea obligado por ley, aunque no aplicará la parte que sea de competencia autonómica. A pesar de que la dirección nacional del partido "entiende" la postura de Isabel Díaz Ayuso, en Andalucía y Galicia ya estudian cómo aplicar el plan de ahorro energético.

La primera en levantar la voz en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno, que incluyen limitaciones a la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y de la calefacción a 19, así como la obligación de apagar las luces de escaparates a las 22.00 horas, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, que apenas una hora después de la aprobación del decreto de medidas por parte del Consejo de Ministros anunció que no lo aplicará. "Madrid no se apaga", escribió Ayuso en Twitter, dejando claro que su Gobierno permitirá mantener las luces de comercios y edificios públicos encendidas más allá de la hora límite porque lo contrario genera "inseguridad" y espanta "el turismo y el consumo", según sus argumentos.

Con el decreto ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, la presidenta autonómica mantuvo este martes su rechazo y añadió que lo considera una medida electoralista. "Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios 'con la UE'. La respuesta es NO", escribió de nuevo en un tuit, aludiendo al plazo de aplicación de las medidas, que estarán en vigor hasta noviembre de 2023. Asimismo, pidió al Ejecutivo que trate "como adultos" a todas las administraciones públicas, al considerar que "no puede aplicarse el mismo plan en un pueblo que en una ciudad, ni siquiera en dos ciudades distintas". El consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz, ha compartido este argumento, arguyendo este miércoles que "las peculiaridades entre norte y sur hubieran merecido una reflexión y un debate".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, dijo este martes "entender" la postura de Ayuso y la "desesperación y reacción de cualquier líder autonómico y local ante los bandazos del Gobierno", porque "lo que iban a ser recomendaciones ahora son medidas impuestas a golpe de decreto". De este modo, el número tres del PP, que calificó las medidas del Gobierno de Sánchez como "frivolidades", no objetó la negativa de la Comunidad de Madrid, sino que llamó a la "libertad" de cada responsable autonómico para decidir si aplicar o no el plan de ahorro energético, obviando así que el Ejecutivo ha dado un plazo de siete días para que se cumplan las restricciones. La Xunta de Galicia, otro gran bastión del PP, por ejemplo, ya ha explicado que está estudiando cómo aplicar el decreto aprobado el lunes por el Consejo de Ministros.

La obligación de aplicar la ley

Ante la evidencia de que el incumplimiento de las medidas tendría consecuencias legales, el número dos de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Enrique Ossorio, ha matizado las declaraciones de Ayuso y ha señalado que "la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, lo que no sea normativa básica evidentemente no lo va a aplicar". "Tenemos la costumbre de cumplir las leyes. Nos guste o no nos guste, porque es la base del Estado", ha afirmado el consejero este miércoles en una entrevista en COPE. "Ahora bien, en aquello que seamos nosotros competentes, por ejemplo en materia de Comercio, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida en que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos", matizó el día anterior el consejero madrileño, que ha recalcado que analizarán "seriamente" la norma y la recurrirán si considera que "no es constitucional".

La batalla emprendida por Ayuso contra las medidas de ahorro energético no ha sido apoyada por el resto de comunidades gobernadas por el PP ni por el resto de líderes populares. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha recordado este miércoles que "las leyes que se dictan son de aplicación", aún a pesar de que el plan de Sánchez sea "frívolo" y adolezca de "diálogo". En la misma línea, el consejero de la Presidencia andaluz, Antonio Sanz, alegó este martes que "la norma es la norma" y "un recurso no exime de su cumplimiento", si bien apuntó como principal crítica que el Gobierno central "no haya consensuado" con las comunidades ni con los sectores afectados las medidas de eficacia y ahorro energéticas aprobadas el lunes.

Posturas contradictorias

La falta de consenso y la "imposición" es una pega que también han señalado desde otras delegaciones populares como la asturiana. La diputada del PP Beatriz Polledo ha lamentado este miércoles que el paquete de ahorro energético se haya diseñado "sin ningún tipo de consenso" y ha aclarado que su partido aboga por medidas "con criterio" y "sentido común". En la misma línea, Bendodo reprochaba este martes al Gobierno de Sánchez que "el plan energético de un país serio no puede limitarse a decir que se suba el aire acondicionado, se baje la calefacción, se apaguen las luces de los escaparates y se quiten las corbatas". "Un país serio toma medidas de calado, no estas frivolidades", insistió.

También la portavoz del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha lamentado que "de nuevo Sánchez mata moscas a cañonazos con este nuevo paquete de medidas". "Si Burgos se apaga, se apaga su futuro", ha alertado. A estas críticas se suman, entre otras, las del concejal de Presidencia murciano, Marcos Ortuño, que ha tildado las medidas de "cosméticas, improvisadas y sin respaldo técnico" y las del concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, que las ha calificado como "fuegos fatuos". "No me parece a mí que por apagar los escaparates a partir de cierta hora de la noche o subir la temperatura del aire acondicionado vayamos a resolver el problema del coste de energía", se ha quejado Cuesta.

Sin embargo, las medidas de ahorro energético aprobadas este lunes y que tantas críticas del PP han despertado son paradójicamente muy similares a las que el propio presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, defendió el pasado 21 de julio en Valencia. "Me parecen bien los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno. Debemos bajar el consumo innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado nocturno en los municipios con el objetivo de estar preparados ante eventuales cortes o disminuciones de energía", afirmó el gallego, una posición radicalmente opuesta a la que ahora mantienen numerosos miembros de su partido.