Con motivo del quinto aniversario, hemos vuelto a recordar los atentados yihadistas en Cataluña de 2017. Lamentablemente, el homenaje en las Ramblas de Barcelona a los 16 muertos y centenares de heridos, celebrado el pasado 17 de agosto, fue boicoteado por un grupo de vociferantes independentistas bajo el grito "queremos la verdad", que para más vergüenza incluso pitaron durante el minuto de silencio a las víctimas. El protagonismo se lo llevó la destituida Laura Borràs, vitoreada por los manifestantes, a los que al terminar el acto fue a saludar. En declaraciones, la expresidenta del Parlament restó importancia al boicot y se sumó a la tesis conspirativa según la cual la Audiencia Nacional no habría querido investigar toda la verdad porque el CNI estaría implicado. Aunque a su partido le incomodó el vedetismo de Borràs, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también deslizó la acusación de que la inteligencia española habría estado escuchando a los terroristas de la célula de Ripoll mientras se perpetraban los atentados de Barcelona y Cambrils. Recordemos que, ya en aquel momento, se acusó al CNI de haberlos consentidos con la finalidad de interrumpir el proceso independentista.

Hoy hace cinco años, una manifestación recorrió el centro de Barcelona en repulsa a ese acto criminal, en medio de un clima de enorme tensión política, a las puertas de votarse en el Parlament las leyes de desconexión y del referéndum ilegal del 1 de octubre. La marcha contra el terrorismo yihadista fue transformada en un ataque al Gobierno, que entonces presidía Mariano Rajoy, y al Rey, cuya presencia fue abucheada repetidamente. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona cedieron el servicio de orden a los voluntarios de las entidades civiles separatistas que facilitaron la colación, inmediatamente detrás de las autoridades, de esteladas y pancartas en las que se acusaba al ejecutivo español y a la monarquía de la venta de armas en Oriente Próximo. Todas las tropelías que se cometieron en septiembre y octubre de ese año por parte de las fuerzas independentistas y del Govern de Carles Puigdemont, tienen como precedente esa ignominiosa manifestación y las injuriosas acusaciones contra el Estado.

Recientemente, el entonces jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, que durante esos meses de 2017 fue elevado a la categoría de héroe por el secesionismo, ha lamentado que las víctimas todavía no hayan recibido el reconocimiento que se merecen por parte de la sociedad catalana. El procés lo tapó todo de tal forma que en seguida los muertos y heridos de aquel agosto fueron olvidados. También ha negado tajantemente cualquier verosimilitud a la tesis conspirativa y reiterado que la inteligencia española actuó de forma leal con la policía autonómica. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la autoría de los atentados es contundente, y no existe ni un solo indicio que sustente la implicación del CNI. Sin embargo, la tesis conspirativa persiste entre una parte del separatismo, sobre todo en Junts, que se niega a soltar esa prenda.