El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que, entre otras cosas, permitirá abortar sin permiso paterno desde los 16 años, regulará la objeción de conciencia de los sanitarios para garantizar ese derecho y contemplará una baja por menstruaciones incapacitantes. La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, se envía así al Congreso de los Diputados, donde su articulado será sometido a negociación entre los grupos parlamentarios.
"Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son un medidor fundamental de la calidad democrática de nuestro país y la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos", ha declarado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros.
La esperanza del Ejecutivo, según ha manifestado en diversas ocasiones la titular de Igualdad, es que la nueva ley del aborto esté lista "a finales de año", esto es, antes de diciembre. Para ello solicitaron tramitar la norma por procedimiento de urgencia -que reduce los plazos a la mitad-, pero la fase de negociación que llega ahora en la Cámara baja se prevé ardua, y lo más probable es que los partidos de la derecha presenten enmiendas a la totalidad que retrasen la tramitación.
Así, apenas una semana después de que una de las normas más importantes del Ministerio de Igualdad -la del 'solo sí es sí'- fuese aprobada definitivamente, el Ejecutivo afronta ahora un curso político en el que deberá acelerar la tramitación de todas sus iniciativas para que de tiempo a impulsarlas antes de que finalice la legislatura, previsiblemente a finales de 2023. La del aborto promete un debate intenso. Ya incluso antes de salir del seno del Gobierno, el texto presentado por Montero suscitó controversia, bien por la baja por reglas dolorosas, o por la medida que obliga a los colegios a impartir educación sexual.
Una ley para "dejar atrás estigmas y tabúes"
Con todo, la ley que viene a enmendar la reforma del PP de 2015, nace de la voluntad del Gobierno de "dejar atrás estigmas y tabúes", y se desenvuelve en tres ejes: salud sexual, reproductiva y menstrual. Esta última, de hecho, es una de las grandes novedades del proyecto que, de aprobarse, situará a España como el primer país en reconocer el factor incapacitante de algunas menstruaciones y el segundo -después de Escocia- en repartir gratuitamente productos de higiene femenina para atajar la llamada "pobreza menstrual".
En esa línea, también se establece el reparto gratuito (en centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva) de la píldora del día después; y las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social.
Pero la norma va más allá. Los socios de Gobierno tuvieron que ceder algunas de sus reivindicaciones y encontrar un punto medio en algunos ámbitos. Y es que la ley fue pactada entre el ala morada del Ejecutivo (Igualdad y Derechos Sociales) y la socialista (Sanidad, Hacienda e Inclusión) en un tira y afloja que sacó a relucir las diferencias entre ambos partidos.
La rebaja del IVA de los productos menstruales al 4%, por ejemplo, es un asunto al que tuvieron que renunciar los de Unidas Podemos para desbloquear la negociación del primer texto. A cambio, consiguieron que Hacienda diera el visto bueno a la baja especial para las mujeres con reglas muy dolorosas e incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día y no requerirá un mínimo de días cotizados. "Se acabó trabajar con dolor", ha celebrado Irene Montero. La ley contempla igualmente una baja preparto desde la semana 39 de embarazo, aunque UP pedía que fuese desde la semana 36, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad ya vigente.
Registro de objetores de conciencia
Quizás el punto más fácil, y para el cual no hizo falta mucha discusión, es la urgencia con la que los socios de coalición consideraban que debía reformarse la ley para devolver el derecho a abortar sin consentimiento a las menores de 16 y 17 años. También coincidían en la importancia de impulsar medidas que garanticen que dicha práctica estuviese garantizada en todo el territorio nacional (el 84,5% de los abortos de 2020 se practicaron en centros privados y hay comunidades que llevan años sin practicarlos en la pública) y en eliminar los tres días de reflexión.
Para ello, introdujeron en el texto la aplicación de un registro de objetores de conciencia -parecido al de la ley de eutanasia- que, más allá de permitir llevar un control sobre los servicios disponibles en cada hospital, obligará a los objetores que lo sean también en la privada. Es decir, que si deciden (previo aviso y con antelación) no practicar abortos, no podrán hacerlo tampoco en la sanidad privada.
Otra de las novedades es que el anteproyecto establece la gestación subrogada como una forma de violencia machista. Refuerza también la persecución de la publicidad de las agencias que ofrecen gestionar vientres de alquiler, y contempla el impulso de campañas para sensibilizar sobre esta práctica, ilegal en España.
Además, se reconocen en el articulado otras formas de violencia contra la mujer, como la obstétrica (ejercida durante el parto) o la ginecológica, así como el acto de retirarse el preservativo sin avisar durante el acto sexual. A estas se le añaden otras, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad y el embarazo y aborto forzosos.
El texto pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde sin duda cada grupo parlamentario aprovechará para introducir sus exigencias. Todo ello se produce en medio de la oleada de indignación que ha despertado la derogación de Roe vs. Wade (la doctrina que reconocía el derecho constitucional de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país). No solo eso, sino también a pocos días de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso contra la ley actual, la de 2010, presentado por el Partido Popular hace ya 12 años.
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