La Mesa del Parlament se ha reafirmado este jueves en la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la Cámara, al tumbar las peticiones de reconsideración de JxCat, entre ellas una presentada esta misma mañana en la que se esgrimía que el informe no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU es también "aplicable" a la líder de Junts per Catalunya.
La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament se han reunido este jueves para abordar la solicitud de reconsideración presentada el pasado 16 de agosto por JxCat sobre el acuerdo de suspensión de derechos y deberes de Laura Borràs, presidenta suspendida de la Cámara catalana y líder de JxCat.
La Mesa del Parlament aprobó el 28 de julio -con los votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat- suspender a Borràs, segunda autoridad política de Cataluña, tras la apertura de juicio por delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.
Junts esgrime el dictamen del comité de la ONU
JxCat presentó en agosto una solicitud de reconsideración de esa decisión de suspensión -paso previo a poder acudir a instancias superiores, como el Tribunal Constitucional-, que debía ser abordada esta mañana en las reuniones de los órganos parlamentarios, pese a que todo ya indicaba que iba a ser rechazada por ERC, PSC y la CUP, que en los últimos días se habían reafirmado en la decisión tomada.
Pero la formación que lidera Borràs ha contragolpeado a primera hora de este jueves registrando esta mañana en la Cámara catalana una ampliación de esa solicitud de reconsideración, en este caso aludiendo a los argumentos del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, hecho público ayer en Ginebra (Suiza).
Este órgano dictaminó que España "violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña" al suspender de sus funciones públicas a encausados en el "procés" antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum independentista de 2017.
El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Precisamente el texto de reconsideración presentado hoy por JxCat incide en esos argumentos del Comité e indica que "es evidente que las mismas conclusiones son aplicables a Laura Borràs", además de advertir de que sería "paradójico" que el día después de que el Comité de la ONU "concluyera sobre la violación de derechos" de los exlíderes independentistas, hoy el Parlament "acabe reconociendo que ha violado los mismos derechos a Borràs".
Todos los grupos, menos Junts, rechazan reconsiderar
Pero ese movimiento no ha variado el desenlace esperado: todos los representantes de los grupos en Mesa y Junta, a excepción de JxCat, han rechazado admitir a trámite la reconsideración, al considerar que, en base al reglamento, su suspensión no entra en los supuestos contemplados para ser reconsiderada por la Mesa.
Como también se ha rechazado la petición de JxCat de que los letrados del Parlament emitieran un informe jurídico sobre esa petición de reconsideración.
Además, los miembros de la Mesa y la Junta, entre ellos los de ERC -socio de gobierno de JxCat- han coincidido en que no hay ninguna relación entre el dictamen del Comité de la ONU y el caso de Borràs.
Fuentes de ERC se han mostrado muy críticas con ese intento de Junts de equiparar ambos casos, al opinar que se hace un "flaco favor" al independentismo; en cambio, desde JxCat se ha evidenciado la indignación con la decisión de no admitir a trámite la reconsideración o permitir un posicionamiento jurídico de los letrados, un hecho que consideran "inaudito" y sin precedentes en la cámara.
Más allá de estas cuestiones técnicas, las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces han dejado una imagen simbólica: la de la vicepresidenta primera del Parlament, la republicana Alba Vergés -ahora presidenta en funciones-, ocupando el lugar reservado a la Presidencia del Parlament y zanjando así la incógnita de si la silla que ocupaba Borràs iba a quedar vacía en esta primera reunión.
ERC ve un "flaco favor" vincular el dictamen de la ONU
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado este jueves a Junts de que vincular el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre vulneración de derechos de los expresos del 1-O cuando eran diputados con la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament hace un "flaco favor" al independentismo.
Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que Junts haya presentado la petición de reconsideración a la Mesa del Parlament argumentando que Borràs debería ser restituida basándose en el dictamen de la ONU porque cree que las conclusiones sobre la vulneración de derechos de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull son aplicables al caso de la presidenta de Junts.
Vilalta ha defendido que estos dos casos no son equiparables: "Quien quiera equiparar la implicación de Jordi Turull, que ha sido condenado por haber hecho el 1-O, con el caso de Laura Borràs, que tiene una presunta acusación por delitos vinculados con la corrupción, se equivoca y hace un flaco favor al conjunto del movimiento independentista".
Para ella, Borràs ha sido suspendida como diputada de forma temporal en aplicación de un reglamento del Parlament, por lo que "no hay ninguna vulneración" de derechos.
Tras la suspensión de Borràs, la vicepresidenta primera de la Cámara, Alba Vergés (ERC), tiene las funciones de presidenta y la portavoz republicana ha asegurado que mientras continúe esta situación de interinidad Vergés ejercerá sus funciones "con toda la responsabilidad y vocación de servicio público".
Sin embargo, y después de que este mismo jueves la Mesa de la Cámara haya ratificado la suspensión de Borràs, la dirigente de ERC ha insistido en que Junts haga una propuesta para que haya un presidente de la Cámara en plenas funciones para "superar esta situación de interinidad y de provisionalidad", ya que considera que esto perjudica al Parlament.
Vilalta ha celebrado el dictamen de la ONU y ha defendido que el Estado debe aplicarlo para que no se vuelva a producir una vulneración de derechos de este tipo, de manera que cree debe marcar "un antes y un después".
Así, ha pedido al Gobierno que esta resolución tenga consecuencias y tome las medidas necesarias para hacer la "democratización necesaria y dejen de aplicar la represión" contra el independentismo.
Preguntada por el resultado de la auditoría que hizo Junts sobre el acuerdo de Govern, Vilalta ha afirmado que un gobierno de coalición necesita respeto, lealtad y corresponsabilidad, y ha advertido: "No puedes ser parte del Govern y apuntarle todo el rato en contra. No se puede ser parte del Govern y hacer oposición continuamente".
"Volvemos a pedir una vez más a Junts que dejen de derivar proyectos internos hacia las instituciones catalanas", ha añadido, y ha sostenido que el Govern debería centrarse en hacer políticas útiles para la población catalana.
Albiach pide elegir un nuevo presidente del Parlament
La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido a ERC y Junts "que reaccionen" para que haya un nuevo presidente del Parlament en plenas funciones antes del Debate de Política General.
Lo ha dicho en unas declaraciones a los periodistas este jueves con motivo de una visita a Mataró (Barcelona), en la que ha considerado que es "una absoluta anomalía" la situación de interinidad en el Parlament tras la suspensión de Borràs y ha pedido a ERC y Junts buscar una solución.
"La pelota está en el tejado de ERC y Junts, que son los dos grupos que la hicieron presidenta. Borràs quiere atrincherarse en su silla y por eso pedimos a ERC y Junts que reaccionen. No podemos esperar más", ha añadido.
También ha pedido al Govern "que se active de una vez por todas" y que fije las prioridades y orientación estratégica de cara a los Presupuestos de la Generalitat para 2023, que a su juicio deben ser ambiciosos y expansivos ante el contexto de inflación y crisis energética actual.
En este sentido, ha instado al Govern a que "comience a hablar" con los partidos políticos para recoger los apoyos necesarios para aprobar estas cuentas.
Vox pide un pleno extraordinario para una presidencia
Vox ha pedido celebrar un pleno extraordinario para elegir una nueva presidencia en el Parlament, en sustitución de la presidenta suspensa, Laura Borràs.
El portavoz del grupo de extrema derecha, Joan Garriga, ha dicho que Borràs tendría que dejar el acta porque está investigada para fraccionar contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Y ha reclamado que se cese a los seis asesores, asociados a Borràs, "que están cobrando sin trabajar".
Por otro lado, Vox ha acusado al Govern de "comprar" el dictamen de la ONU sobre Junqueras, Turull, Rull y Romeva, y ha dicho que es "papel mojado".
Garriga ha despreciado el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que apunta que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull para suspenderlos como diputados en el Parlamento antes de la condena por el 1-O. "Tiene cero valor jurídico y es papel mojado", ha dicho.
El portavoz de Vox en el Parlament ha acusado al Govern de "comprar" el Comité, con una aportación hecha en 2022 de 200.000 euros, mediante la Agencia Catalana de Cooperación.
"La Generalitat roba a los catalanes, cuando nos cuesta llenar el depósito y pagar la luz, y ellos se dedican a gastar dinero para conseguir y comprar informes que no sirven para nada", ha acusado.
Vox ha registrado una petición de información para saber si el Govern ha aportado más dinero.
Carrizosa insta a los miembros de ERC y PSC a dimitir
El líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha propuesto a ERC y PSC una solución para evitar que se alargue la interinidad a la presidencia del Parlamento. "Tienen la clave para hacerlo. Pueden dimitir de la Mesa y dejar el órgano sin cuórum", ha defendido en rueda de prensa.
De este modo, según Carrizosa, se obligaría a poner en marcha un proceso para escoger nuevos miembros de la Mesa.
Por otro lado, ha reclamado explicaciones al primer secretario del PSC, Salvador Illa, al considerar que la ley del catalán pactada entre ERC, socialistas y comunes sirve ahora para "erradicar absolutamente el castellano de las aulas". De este modo se ha referido al hecho que el Govern haya informado en los centros de que no tienen que aplicar el 25% de castellano, tampoco los 27 centros que lo hacían.
Carrizosa se ha dirigido directamente al PSC y ERC para pedirles que sean responsables ante lo que considera un "chantaje" de Junts. Y les ha pedido que, para evitar la situación de interinidad, dimitan los representantes de sus partidos en la Mesa.
En la situación actual, la Mesa tiene 6 miembros, uno menos después de la suspensión de la Borràs, puesto que no ha sido sustituida. ERC tiene dos sillas y el PSC, dos más. Junts se ha quedado con una secretaría y la CUP tiene el secretario tercero.
Según Cs, con solo que dimitan los 4 miembros del PSC y ERC ya habría suficiente para que no haya bastante cuórum en las reuniones de la Mesa y se fuerce la elección de nuevos miembros.
Por otro lado, Carrizosa ha sido muy crítico con el PSC, a quien ha tildado de "cooperador necesario" en "la erradicación" del castellano en la escuela. Según Cs, el hecho de que el consejero de Educación, Josep González-Cambray, "ponga como excusa" la ley del catalán "evidencia el resultado del pacto lingüístico entre el socialismo y el independentismo.
"Exigimos explicaciones de Illa como presidente del PSC en el Parlament. Que explique por qué pactó una norma que ahora sirve para erradicar absolutamente el castellano en las escuelas", ha insistido.
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