La Comisión Europea plantea ampliar a toda la UE una solución similar a la 'excepción ibérica' por la que desde junio limitó en España y Portugal el precio que se paga en el mercado mayorista por el gas que se utiliza para generar electricidad, pero con una nueva versión, invertida si acaso, que se centra en limitar el precio no del gas, sino del resto de tecnologías, más baratas, con las se produce la luz. Se trata igualmente de desacoplar el precio del gas del resto de energías -solar, eólica o hidráulica- pero sin tocar el del gas, lo que también hace desaparecer la compensación que se paga en la Península ibérica por la diferencia entre el precio máximo -40 euros por MWh hasta noviembre- y el precio real del mercado. Con esta nueva fórmula, Bruselas cree que los gobiernos europeos podrían aumentar sus ingresos para intervenir los precios directamente en la factura de la luz mediante tarifas reguladas, algo que en España se escapa cuando se trata de tarifas liberalizadas, y de las que también podrían beneficiarse las pymes.
"El segundo tipo de intervención introduciría un precio limitado por las tecnologías inframarginales de generación de electricidad, que tienen menores costes operativos que las plantas de ciclo combinado [que funcionan con gas natural], con el objetivo de hacer los retornos comerciales de estas tecnologías independientes del precio marginal de la electricidad". Es decir, el que fija el gas natural, el recurso más caro, el último al que se recurre para generar luz pero que termina fijando el precio final de todas las tecnologías que entran en el mix energético.
Esta es una de las tres intervenciones de emergencia que plantea la Comisión Europea en un documento interno -"non paper"- al que ha tenido acceso este periódico. Si bien advierte de que se trata de "una evaluación preliminar de opciones" que puedan aplicarse "rápidamente" y generar un "beneficio inmediato" en la situación actual de precios, también deja claro que todavía no ha pasado por los cauces oficiales para ser aprobado.
En todo caso, se trata de una guía sobre "intervención de emergencia" que anunció esta semana la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que está previsto que anuncie el próximo 14 de septiembre, en el Debate sobre el Estado de la Unión. En un primerísimo análisis de la propuesta, fuentes del Gobierno creen que se trata de un híbrido entre la 'excepción ibérica' y la minoración del precio de la luz, según la cual las eléctricas no pueden cobrar a los consumidores más de 67 euros el MWh. Es así porque lo que plantea Bruselas es que toda la luz producida por renovables o nuclear por encima del precio limitado que se establezca vaya a un fondo que el Estado en cuestión deberá repercutir en los consumidores en forma de rebaja de la factura.
El documento advierte de que nada hará que los precios de la energía vuelvan a niveles "pre-crisis", antes del ataque de Rusia a Ucrania, pero se queda con tres "componentes independientes" como los más probables, de una panoplia de opciones que van "desde la suspensión total de los mercados mayoristas europeos, la imposición de un límite absoluto de la electricidad, la europeización de la medida actualmente aplicada en la Península ibérica a subsidios para neutralizar los efectos del comercio de emisiones en los precios de la electricidad hasta intervenciones obligatorias en los precios minoristas". Los plantea como optativos y no obligatorios para cada uno de los Veintisiete países, aunque pide un cierto grado de "estandarización".
El primero, se "inspira en la reducción obligatoria del gas prevista en la UE" y busca una reducción también de la demanda de electricidad. Puede ser a través de distintas medidas, entre las que Bruselas plantea un plan de ofertas en el que cada consumidor pueda elegir parar o reducir el consumo en determinados momentos u objetivos de reducción de la demanda según distintas categorías de consumidores.
El segundo es el que hace referencia al "precio limitado para las tecnologías inframarginales de generación eléctricas", que son todas aquellas distintas al gas natural, que es la tecnología marginal que ahora -salvo en España y Portugal desde junio- fija el precio de las demás.
"Esta medida busca reducir el impacto que el precio de la tecnología marginal (habitualmente, el gas en las centrales eléctricas) tiene sobre las ganancias de los otros generadores con menores costes marginales como las renovables (excepto algunos tipos de hidroelectricidad, biomasa o biogás), nuclear y lignito", dice el documento, que plantea un esquema de reparto de los beneficios en el que quedarían "abolidos" los impuestos sobre los beneficios 'caídos del cielo' para las eléctricas como el que España empezará a aplicar el año que viene.
Más seguridad jurídica para rebajar la factura
La Comisión indica que la limitación de ingresos para los generadores inframarginales relevantes que supondría copar el precio máximo provocaría "beneficios extra para los Estados miembros", que estarían "obligados a compartirlos con los consumidores", para "bajar así las facturas de la electricidad".
En este sentido, añade que "la introducción de un límite de estas características no es compatible con impuestos paralelos sobre los excesos de beneficios", como el que prepara el Gobierno para eléctricas -y bancos-a partir de enero del año que viene.
El tercer componente del plan de la Comisión tiene que ver con esto último, con el "aumento de ingresos" que estima tendrá limitar el precio inframarginal. Con ello, apunta que se debería "financiar intervenciones en los precios minoristas" de la luz, es decir, directamente en la factura de la luz.
"El paquete daría una mayor seguridad jurídica a los esfuerzos de los Estados miembros para proteger a ciertos tipos de consumidores de los altos precios de la electricidad vía las tarifas reguladas", apunta el documento, donde la Comisión dejar claro que "no pondría objeciones" a que las tarifas reguladas minoristas se apliquen también a pequeñas y medianas empresas y se apliquen también al gas.
En este caso, Bruselas sí se plantea hacer obligatorio que los gobiernos tengan que repercutir en los consumidores el aumento de ingresos que espera de limitar el precio de las energías más baratas.
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