La apertura del año judicial se celebra en un momento de máxima tensión: ¿por qué sigue enquistada la renovación de la Justicia?

La apertura del año judicial, el acto formal más relevante que existe para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tendrá lugar en presencia del Rey Felipe VI este miércoles siete de septiembre, en el marco de un "panorama desolador" para la justicia española. Así lo ha descrito el propio presidente del Consejo General del Poder General (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que dedicará su discurso a denunciar la situación de bloqueo del CGPJ, que ha puesto a la justicia española patas arriba.

El acto solemne se celebra en una semana cargada de acontecimientos en el seno del Poder Judicial, comenzando por la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siguiendo con las supuestas presiones del Gobierno a Lesmes para votar a dos vocales del TC a cambio de auparle al Constitucional y culminando con la difícil votación del CGPJ, prevista para el este próximo 8 de septiembre.

La votación podría resultar bloqueada temporalmente después de que los ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial llegaran ayer martes por la noche a un consenso interno por el cual se abren ahora a pactar esos dos aspirantes pero respetando los tiempos del CGPJ. Es decir, que permitirán la renovación pero no para el 13 de septiembre, el plazo que imponía el Gobierno.

El embrollo del sistema judicial es complejo y viene de lejos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, qué intereses están en juego y cómo puede afectar esto al día a día de la ciudadanía?

¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial?

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España y su principal función es elegir qué jueces ocupan determinados puestos. El órgano, encargado de velar por la independencia de los jueces, es responsable de la elección de los magistrados del Supremo y de dos de los magistrados del Constitucional. También designa a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, así como a otros tantos magistrados. El CGPJ es, por otro lado, un juez entre los jueces. Se encarga inspeccionar los tribunales, imponer sanciones a los jueces que cometan faltas leves y gestionar la formación de los futuros magistrados.

La caducidad del órgano, que debería haber renovado sus miembros hace más de 1.300 días, afecta a todo el sistema judicial, llegando a provocar un bloqueo en la renovación del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. "Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones y en meses el Tribunal Militar Central se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros y no se podrá reunir", afirmó Lesmes a este respecto el pasado lunes.

¿Por qué no se renueva el órgano?¿Qué supone el bloqueo?

El CGPJ está designado por la Constitución a renovar sus miembros cada cinco años. El órgano está formado por 20 vocales y un presidente que, en el modelo español, son escogidos por el Parlamento. El Congreso elige a diez vocales y el Senado a otros diez, en ambos casos con una mayoría de tres quintas partes. De cada grupo, seis deben ser jueces y magistrados, y el resto serán juristas y abogados. Los jueces se eligen entre una lista de candidatos presentada por las asociaciones de jueces. Los abogados y juristas los eligen los grupos parlamentarios tras pasar por la comisión de nombramientos.

La idea, en esencia, es que la renovación del Poder Judicial requiere de consenso en el Parlamento, una circunstancia que no se ha dado en los últimos cuatro años. Actualmente, debido a la falta de consenso, se mantienen en el cargo los vocales del CGPJ nombrados en 2013 durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Los partidos políticos libran tradicionalmente una batalla por el control de la justicia. Actualmente, el PSOE apunta al PP como responsable del bloqueo y le acusa de querer mantener una mayoría conservadora en el órgano de los jueces. Una situación que se dilata ya desde hace cuatro años, entre presiones de la UE y bloqueos en la justicia española.

El Partido Popular, desde tiempos de Casado, condiciona la renovación del CGPJ a un previo cambio de ley en la elección de sus miembros por el cual los jueces escogerían una parte de su órgano de Gobierno.

El PSOE, a su vez, decidió publicar una ley a finales de marzo para limitar las competencias del CGPJ cuando éste se halle en funciones. De esta forma, el órgano quedaba inhabilitado para votar a los miembros del Supremo, del Constitucional y de otros tribunales.

Entre tanto se acercaba junio, mes en el que dos magistrados del Constitucional debían dejar el cargo sin la posibilidad de que el CGPJ escogiera sustitutos. Ni siquiera esa presión fue suficiente para que se diese un acuerdo. 

El Partido Popular confirmó el seis de junio que no habría pacto por el momento y responsabilizó al PSOE de la precaria situación de la justicia. "¿Quién ha limitado las funciones del CGPJ para que no pueda renovar el 12 de junio sus dos vocales? El Gobierno, con una ley que ha abocado al órgano a esta situación", zanjaron los populares. 

Llegó la fecha y los magistrados abandonaron sus asientos, dando pie a un embrollo que sigue pendiente de solucionar. Para atajarlo, el PSOE lanzó en julio una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiguiendo que el órgano de poder de los jueces quedase habilitado para designar a dos nuevos magistrados del TC, una tarea con fecha límite: el 13 de septiembre.

¿Qué posturas se enfrentan en torno a la renovación del TC?

La renovación de los vocales del Tribunal Constitucional es, sin duda, el asunto jurídico más relevante del inicio de curso. En torno a él se configuran las distintas posturas enfrentadas dentro y fuera del propio Consejo.

El presidente del órgano, Carlos Lesmes, está tratando de conseguir que la votación de los dos vocales salga adelante, a la par que denuncia a los políticos como responsables del bloqueo del CGPJ. 

El pasado lunes El Mundo publicó una información asegurando que el Ejecutivo estaba presionando a Lesmes para que se renueve el TC a cambio de facilitarle a él mismo un puesto en el tribunal de garantías. 

La información causó indignación en las filas del Partido Popular y Lesmes aseguró no estar interesado en el cargo que supuestamente le ofrecía el Gobierno. "En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato. Lo saben porque se lo he puesto yo de manifiesto", zanjó el magistrado. 

Respecto a los intereses reales que mueven a Lesmes a sacar adelante la votación de los vocales, él mismo declaró el pasado lunes que se debe a que no entiende que el órgano de los jueces se ponga "en rebeldía" y a que "debe cumplir la ley aunque no le guste".

Lesmes sabe, a pesar de todo, que no las tiene todas consigo en la renovación del TC y que el consenso entre los vocales es difícil de conseguir, más aún en el plazo indicado por el Gobierno.

La prueba de ello es la reunión celebrada este martes por el ala conservadora del Consejo con el objetivo de frustrar el nombramiento. Un grupo de vocales conservadores del CGPJ se ha organizado para mandar un mensaje contundente contra la iniciativa del Ejecutivo, por la que el Consejo debe renovar el TC pero se mantiene inhabilitado para el resto de competencias.

Lesmes continúa paralelamente su carrera a contra reloj por encontrar el voto de consenso y, aunque asegura que "sobran magistrados de un lado y del otro" dispuestos a tomar el cargo, no es así en el ala conservadora, según EFE. La cuestión es que, ante el previsible cambio de mayorías en favor de los progresistas, algunos jueces conservadores consideran que van a acabar en la irrelevancia en caso de ir al tribunal de garantías.

La renovación del Constitucional no es bien recibida por la oposición al Ejecutivo de Sánchez. Un cambio de equilibrio a favor de los progresistas en el Constitucional puede tirar por la borda varios recursos pendientes de estimación presentados por el PP a leyes del PSOE. El futuro de la ley de la eutanasia, la ley del aborto y la ley Celaá, recurridas por los populares y por Vox, depende de lo que delibere el Constitucional.

¿Qué rol juega UE en todo esto?

La Unión Europea, que mira con lupa la situación de enquistamiento de la justicia española, publicó un informe el pasado julio exhortando a España a renovar urgentemente el Consejo del Poder Judicial. Ese mismo mes la presión europea se reiteró en boca del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynerds. El belga se entrevistó con un medio español para recordar que "hay una parálisis de nombramientos desde hace demasiado tiempo". 

Reynders recomendó además la reforma del mecanismo de elección de vocales del Consejo, en aras de que España cumpla "con los estándares europeos". El comisario de Justicia aseguró que "si no hay progreso" al cabo de unos años, la UE se plantea utilizar procedimientos de infracción y recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.