La Fiscalía permite la celebración del Toro de la Vega al no apreciar indicios de delito

Derechos Sociales reclama a la Fiscalía que impida el 'Toro de la Vega' del próximo martes
Derechos Sociales reclama a la Fiscalía que impida el 'Toro de la Vega' del próximo martes
Europa Press
Derechos Sociales reclama a la Fiscalía que impida el 'Toro de la Vega' del próximo martes
La Fiscalía no ve delito en el festejo del Toro de la Vega y ha archivado la investigación abierta tras la denuncia del Gobierno.
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El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha comunicado este viernes al Ministerio de Derechos Sociales que no procede la suspensión cautelar del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) el próximo martes, 13 de septiembre, al no apreciar indicios de delito.

El Ministerio Público considera "que no existen indicios de la comisión de delito alguno", sin perjuicio de que se pueda hacer un análisis concreto de la orden autonómica que autoriza a Tordesillas a celebrar el Toro de la Vega, adaptando las bases de esta fiesta popular al reglamento de la comunidad que prohíbe dar muerte al animal. En todo caso, ese análisis correspondería hacerlo a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la Fiscalía, según explica Vercher en su oficio, aunque indica al Gobierno que aún tiene la posibilidad de denunciar directamente ante el juzgado de instrucción competente.

Por todo ello, el fiscal archiva las diligencias preprocesales que se abrieron después de que tanto la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, solicitaran este jueves al Ministerio Público que paralizara la convocatoria del Toro de la Vega, previsto para el próximo martes. Según alegaban, aunque desde hace años está prohibido dar muerte al toro, la celebración de este festejo "podría derivar en un delito de maltrato animal".

La Fiscalía de Medio Ambiente ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. La cuestión esencial, explica el Ministerio Público, reside en que existe una base legal autonómica que permite la actual situación en la que se encuentra el evento y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos.

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