Escrivá califica de "persuasión moral" las maniobras de Díaz, que se reúne este lunes con los distribuidores para limitar los precios

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Consumo, Alberto Garzón, se reúnen este lunes con los grandes distribuidores y consumidores para debatir una posible limitación de los precios de la cesta de la compra, entre las críticas del pequeño comercio, Competencia e incluso de una parte del Gobierno. El último miembro del Ejecutivo en pronunciarse en contra de la medida ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha afirmado este lunes que la propuesta de Díaz no supone un mecanismo de control de precios, sino de "persuasión moral", al apelar a la responsabilidad de las grandes distribuidoras para ayudar a las familias ante la escalada de precios.

Díaz y Garzón han planteado a las grandes distribuidoras que "tienen margen" para limitar los precios de una cesta de productos básicos de alimentación y proponen que las medidas que se adopten permanezcan hasta después de Navidad, con el objetivo, dicen, de proteger de esta forma a las familias del impacto de la inflación. La propuesta consiste en crear una cesta de la compra "asequible y variada" cuyo contenido vaya rotando cada semana y que contenga productos frescos y proteínas, así como un canasto específico para celiacos.

Los titulares de Trabajo y Consumo explicaron su propuesta el pasado viernes, después de mantener un encuentro con los directivos de Carrefour, que ya ha anunciado que sus clientes podrán adquirir una cesta con 30 productos a un precio fijo de 30 euros. Sin embargo, el planteamiento de los ministros de Unidas Podemos ha sido recibido con escepticismo por parte de Carrefour, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la patronal del comercio minorista (CEC) e incluso por varios ministros socialistas.

La CNMC advirtió el viernes de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. En concreto, apuntan a que tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea "prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia". 

También la patronal del pequeño comercio ha denunciado que un pacto del Gobierno con los grandes grupos de distribución para topar los precios de una cesta básica de alimentos "atentaría directamente" contra el comercio de proximidad. "De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes", advirtió en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).

Choque en el Gobierno

El ministro Escrivá ha subrayado este lunes en declaraciones a RNE que, "por lo que él ha entendido", la propuesta de Díaz no es un mecanismo de control de precios, sino algo que los economistas denominan "persuasión moral". Escrivá dice que la propuesta de Díaz no pasa por controlar los precios, sino que busca la "persuasión moral". "No es una norma ni se trata de mecanismos coercitivos para determinar los precios, sino de apelar a determinados elementos de responsabilidad. Esto a veces funciona o no", ha señalado Escrivá, que ha indicado que se están estudiando distintas iniciativas para que los precios se moderen.

Otro de los aspectos criticados ha sido que la propuesta de limitar el precio de la cesta de la compra venga de la ministra de Trabajo. "Cuando uno está en un órgano colegiado puede tener opiniones particulares, pero hay ministros que son los competentes, que son los que técnicamente saben todo y son los que tienen que tomar las decisiones", le reprochó a Díaz la titular de Defensa, Margarita Robles. "El bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno y todo el Gobierno debería estar dando soluciones", se defendió la vicepresidenta segunda. 

Por su parte, el titular de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, dejó claro el pasado jueves que cualquier decisión con "significado político" sobre la cadena alimentaria y los precios tiene que pasar "siempre" por el ministro del ramo y por el Consejo de Ministros. "No tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir una cadena que funciona de forma adecuada", avisó Planas. "La posición del Gobierno es la posición del ministro que les habla", concluyó.