El PSOE renuncia a la reforma fiscal completa pactada con Unidas Podemos y solo plantea ajustes puntuales

Es uno de los puntos que sobresalen del programa de coalición que PSOE y Unidas Podemos firmaron hace casi tres años para que Pedro Sánchez revalidase la Moncloa, pero finalmente la reforma fiscal no se realizará al completo en esta legislatura. El ala socialista del Ejecutivo se conforma con ajustes fiscales puntuales, como es el caso de los impuestos a empresas energéticas y entidades financieras. Falta por ver hasta dónde acepta esto Unidas Podemos, que años anteriores ha presionado para que se acometa. Eso sí, parece que los caminos ahora van por otros derroteros, con la Ley de Vivienda y un cheque para madres como peticiones moradas para sacar los Presupuestos de 2023.

Así lo confirman fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguran que "nadie ha pensado en traer una reforma fiscal", siempre teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, bajo la que destaca la alta inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania. Justamente fue este hecho el que provocó que la posible reforma presentada por el comité de expertos creado para la ocasión terminase siendo papel mojado incluso antes de ser presentada.

El ministerio liderado por Montero creó en abril de 2021 un grupo de trabajo que durante meses estuvo "analizando el sistema fiscal" para realizar una propuesta que fue presentada en marzo del siguiente año. El hecho de que fuera justo una semana después de comenzar la guerra provocada por Vladimir Putin logró que las 800 páginas en las que se recogieron más de 100 propuestas terminaran en un cajón. De todas esas ideas, destacaban la unificación del IVA en un único tipo del 21% -lo que implicaría acabar con los tipos reducido (10%) y superreducido (4%)- eliminar determinadas exenciones y reducciones en el IRPF, una batería de nuevos tributos medioambientales y repensar el papel de las comunidades autónomas en el sistema tributario.

Las cosas han empeorado desde entonces, con una inflación desbocada que amenaza con vientos de recesión. Por tanto, en lo que se centran ahora los socialistas es en la redistribución de las consecuencias del temporal económico. Y ahí sí que entran pequeños ajustes fiscales, entre los que sobresalen los nuevos impuestos a las grandes compañías energéticas y financieras. La promesa es que entren en vigor en 2023, habiendo comenzado ya su tramitación parlamentaria.

El pasado martes el Gobierno logró -pese a la negativa del PP- que se aprobase la toma en consideración de ambas iniciativas, de la que son partícipes también los miembros de Unidas Podemos. A los votos de los dos partidos de la coalición se sumaron ERC, PNV y EH Bildu. Casualmente, las tres formaciones serán también clave para que el Ejecutivo afronte uno de los mayores retos de lo que queda de legislatura, las cuentas públicas para 2023.

Las fuentes de Hacienda consultadas prevén presentarlos a finales de este mes -como marca la Constitución-, aunque también abren la puerta a que la fecha elegida sea octubre. Por su parte, desde Podemos señalan que la negociación está atascada y que el ritmo no es el que los morados querrían. 

En las filas moradas cunde la sensación de que los socialistas se resisten a apoyar sus propuestas, entre las que se incluye la aprobación de la Ley de Familias -bajo la que se daría 100 euros por hijo- o la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. También, la aprobación de la Ley de Vivienda, cuyo trámite también está paralizado porque los socios de investidura piden ir más allá con la regulación de alquileres.