El brutal ascenso en el precio de la cesta de la compra se ha convertido en un quebradero de cabeza de primer orden para los hogares españoles. Alimentos y bebidas son ahora un 14% más caros que hace un año. Solo el gasto en vivienda (incluida la factura de la luz) y en transportes (incluidas las gasolinas) han alcanzado subidas comparables. Y mientras que el Gobierno ha aprobado medidas específicas para la factura eléctrica (la fiscalidad está casi en el mínimo legal), el gas (rebajará próximamente el IVA del 21 al 5%) o los combustibles (descuento de 20 céntimos por litro) los alimentos son los grandes olvidados en los planes de choque.

Hasta el momento, el Gobierno no ha aprobado ninguna medida específica destinada a frenar el precio de los alimentos, el producto más básico de la cesta de consumo y en el que más renta invierten las familias. Y no deja de ser llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta que los hogares españoles gastan el doble en alimentos y bebidas que la suma de lo que invierten en pagar la factura de la luz, el gas o llenar el depósito de gasolina.

Según datos del INE, el año pasado un hogar promedio destinó 4.476 euros de su presupuesto a comprar alimentos y otros 330 a bebidas no alcohólicas. Una factura que, si aplicáramos la inflación promedio registrada hasta agosto (10% en alimentos y 7% en bebidas), aumentaría en 448 euros anuales en el caso de la comida y 23 euros adicionales en bebidas. Es decir, 39 euros al mes más para cubrir la necesidad más básica de todas.

Además, las perspectivas para los próximos meses no son alentadoras. Todos los pronósticos apuntan a que la inflación todavía seguirá alta en 2023 y los salarios no dan signos de responder. En lo que llevamos de año, los salarios negociados por convenio apenas han crecido un 2,6% frente a una inflación acumulada del 9%. A medida que la inflación siga haciendo mella en los bolsillos, especialmente de los más vulnerables, la situación se volverá más compleja.

Ante esta tesitura, el ala morada del Gobierno, representada en este caso por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, están negociando con las grandes superficies la posibilidad de pactar una cesta con productos básicos a precios asequibles. Una negociación que cuenta con el visto bueno del presidente, Pedro Sánchez, y que genera más reticencias en Economía y especialmente entre las distribuidoras, que la rechazan de plano.

Esta medida tiene algunas desventajas. Por ejemplo, deja en una posición delicada al pequeño comercio frente a las grandes cadenas, que manejan márgenes más amplios y tienen más capacidad para absorber el golpe en sus cuentas. Además, la única propuesta concreta que se ha presentado por el momento no incluye fruta, carne, leche ni pescado frescos.

"Todo lo que sea intervenir precios en un mercado donde aparentemente no hay abuso de poder de mercado no me parece muy razonable", sostiene Jose Emilio Boscá, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia e investigador en Fedea. Además, añade Boscá, es difícil saber quién va a asumir el coste de esa bajada de precio. "Tú puedes fijar el precio de una docena de huevos, pero no sabes si va a ser a costa del margen del supermercado, del salario de los trabajadores, de la cooperativa que trató esos huevos o del salario del camionero que los ha transportado", ejemplifica.

Los supermercados piden rebajas del IVA

Otra de las fórmulas que se han puesto sobre la mesa lo han hecho las grandes superficies, y es una rebaja temporal al IVA de los alimentos para reducir los precios. Esta propuesta presenta también algunos inconvenientes: a diferencia de lo que ocurría con el gas y la luz, que tenían un tipo general del 21%, la mayoría de los productos que se compran en el supermercado ya tienen tipos reducidos del 10 y el 4%, por lo que el impacto sería menor. Además, siempre existe el riesgo de haya empresas que no bajen los precios lo mismo que se rebaja el IVA.

"La rebaja del IVA no se traslada a precios, se traslada a margen. Puede tener sentido temporalmente en otros elementos, como en la electricidad, que es un mercado más regulado, pero en este caso no tanto", defiende Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la UCM. Sanabria recuerda, además, que una bajada del IVA implica menos ingresos fiscales y, por tanto, menor capacidad de financiar políticas públicas. De igual manera, las rebajas del IVA pueden tener un efecto puntual sobre el precio, pero no atacan al problema de fondo. "Rebajar el IVA tiene un efecto de una vez para siempre, si hay factores que están cebando la inflación van a seguir ahí", apunta Boscá.

El mapa del IVA en alimentos y productos básicos: ¿cómo podría reducirse el impuesto para rebajar la cesta de la compra?

Cheques a los más vulnerables, la opción preferida por los especialistas

Una tercera opción para aliviar la carestía de los alimentos sería dar ayudas directas a los hogares con más apuros. Se trataría de una medida focalizada en quienes más lo necesitan -como recomienda la Comisión Europea-, que no supondría una merma a los ingresos del Estado y que, además, no alteraría las señales de precios.

Antonio Sanabria cree que estas ayudas podría materializarse en forma de cheques similares a los tickets restaurante, pero que solo se puedan utilizar en tiendas o grandes superficies y limitados a productos de primera necesidad. "La ventaja que tendría esta 'tarjeta' es que tiene menos estigma. Hay muchos hogares que tardan mucho en ir a los bancos de alimentos por el estigma social", explica.

El gran problema es que no resulta fácil localizar a esos hogares vulnerables y llegar a ellos. "Mi temor es que en España no tenemos un registro muy claro de quienes son las familias y las personas vulnerables y por eso se está optando por medidas más generalistas. La protección social está muy repartida entre organismos locales, ayuntamientos, comunidades... ya lo vimos con el ingreso mínimo vital, que ha tardado mucho en llegar y a mucha menos gente de la que tenía que llegar", defiende Boscá. En cualquier caso, el catedrático considera que esta medida "es la más razonable" porque va dirigida directamente a "atajar el problema".