A una misma amenaza y unos mismos efectos de la guerra en Ucrania sobre el alza de precios de la energía para todos los hogares y negocios, la Comisión Europea presentó esta semana las medidas con las que los Veintisiete pueden hacer un frente común para abaratar la factura de la luz. Sin embargo, una de ellas, la limitación de los ingresos de las eléctricas por las energías renovables, comporta el riesgo de ampliar las desigualdades a lo largo de la UE entre países que contarán con más y con menos recursos para ayudar a la población más vulnerable. Se abre ahora un debate que la propia Comisión no sabe cómo terminará sobre la solidaridad entre unos gobiernos y otros para que los ingresos que genere esta medida beneficie por igual en la UE. Los socios que parten de una situación peor son los que más energía importan, como Luxemburgo o Chipre. En el otro extremo están los que exportan, entre los que se encuentra España.
En total, Bruselas calcula que los gobiernos europeos podrían obtener 117.000 millones de euros por limitar a 180 euros MWh el precio al que pueda cobrarse la electricidad que se genera con las tecnologías más baratas que el gas, particularmente con las renovables. Los 140.000 millones en total con los que espera contar para rebajar la factura de la luz se completarían con otros 25.000 millones de la recaudación que calcula por el impuesto a petroleras y gasistas que también plantea.
En ambos casos, la Comisión hace mucho hincapié en que los países deben "reconducir" estos ingresos, que irán a las arcas públicas para destinarlos a medidas que abaraten la factura de la luz, particularmente entre los hogares y las empresas que más vulnerables son a los elevados precios de la energía. Y es aquí donde se abre un debate que Bruselas plantea y para el que de momento no tiene respuesta, para hacer que una medida que es igual para toda la UE no tenga como resultado que unos ciudadanos cuenten con más recursos públicos que otros a la hora de hacer frente a una electricidad tan cara.
"Ciertos países no producen la electricidad que consumen, la compran a otros y las rentas [por limitar el precio de la generada con renovables] van al país donde se produce la electricidad, no donde se consume", admitía el miércoles el vicepresidente de la Comisión Europea Franz Timmermans, sobre el talón de Aquiles de una de las tres medidas diseñadas por Bruselas para reducir el consumo de electricidad y bajar la factura de la luz de forma igualitaria en toda la UE.
El impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas tiene un mismo diseño para todos los países y el objetivo obligatorio de ahorrar un 5% de electricidad en horas punta dejará en manos de cada Estado determinar cuáles son esas horas pero sin modificar el recorte. No sucede lo mismo con la minoración de los ingresos por la electricidad que se genere con tecnologías más baratas que el gas -que al cobrarse a precio de gas elevan los beneficios de tecnologías mucho más baratas-. En este caso, los ingresos que cada país de la UE obtenga por ello dependerá mucho de cuántas renovables utilice para generar electricidad y cuánto gas. Como consecuencia, unos países tendrán más recursos disponibles para ayudar a sus ciudadanos y empresas y otros, menos.
"Pido a los Estados miembros que cierren acuerdos de solidaridad entre sí para asegurar que pueden consumir electricidad y pagar su alto precio", reclamó Timmermans sin dar muchas más pistas de un debate que se abre ahora entre los gobiernos europeos. El 30 de septiembre, sus ministros de Energía analizarán en conjunto la propuesta de la Comisión en un nuevo Consejo extraordinario en el que se sentarán a la mesa países como Alemania, por encima de la media europea de uso de renovables, e Italia, que todavía utiliza gas para producir el 50% de la electricidad que consume, o Chipre y Lituania, que compran fuera todos los recursos que necesitan. "Es algo que tiene que acordarse entre Estados miembros, tiene que haber solidaridad si unos obtienen más beneficios que otros", insistió el vicepresidente de la Comisión.
Quién ayuda a quién
Según el vago planteamiento de la Comisión y teniendo en cuenta cifras de generación con renovables y de exportación, España podría contarse entre los países de la UE que tendrían que salir en ayuda de otros.
Según datos de Eurostat de 2020, la presencia de renovables en el mix energético del conjunto de la UE era de 22,1%. El de España, el porcentaje era de 21,2% hace dos años, una cifra que se elevó hasta el 39% en febrero de este año, según Red Eléctrica Española. Además, España es exportador neto de renovables y en 2020 exportó un 3,6% de todo lo que consumió.
De acuerdo al cálculo que hace Bruselas, en 2020 España habría ingresado menos por limitar el precio de la electricidad con renovables que, por ejemplo, Dinamarca, que ese año produjo con energías limpias el 31,7% de su electricidad. Por el contrario, tendría más recursos que, por ejemplo, Francia o la República Checa, con una proporción de 19,1% y 17,3%, respectivamente, en 2020.
Como las energías renovables o la nuclear, también cubierta por esta medida, son de producción nacional, la Comisión pone el ojo especialmente en los países que no tienen y que se ven obligados a importar toda o prácticamente toda la energía que necesitan para producir electricidad. Según Eurostat, en 2020 Chipre, Luxemburgo y Malta fueron las que más se aproximaron al 100% de importaciones y los que, por tanto, antes deberían ser ayudados por otros socios de la UE.
"Dado que no todos los Estados miembros pueden apoyar a los consumidores en la misma medida dadas las circunstancias relativas a dependencia de la importación de electricidad de otros países, es necesario que países con importaciones igual o superiores a 100% tengan acceso a acuerdos para compartir los ingresos excedentes con los principales países exportadores en un espíritu de solidaridad", pide la propuesta de la Comisión que tendrán que respaldar los países de la UE.
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