El Partido Popular, fruto de su pérdida del poder tras la moción de censura, decidió mantener la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido durante el Gobierno de Rajoy. Esta decisión, consciente y seguida de una estrategia política y parlamentaria de bloqueo, está llevando al principal partido de la oposición a una situación de insumisión constitucional sin parangón.

A este bloqueo, que ya alcanza los 1380 días, se le ha sumado en las últimas fechas otro bloqueo inaudito por parte de una minoría de miembros del CGPJ que, en una posición para nada acorde con lo que se espera de un estamento obligado al cumplimiento de la ley, se mantiene insumiso al mandato legal de proceder al nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde elegir al CGPJ.

Es sensato enlazar ambas evidencias y pensar que el bloqueo que una parte del CGPJ en funciones está haciendo a la renovación del TC explica perfectamente el bloqueo que el PP lleva haciendo durante 1380 días a la renovación del CGPJ caducado.

El doble bloqueo conservador es un hecho grave. Y atenta contra el principio de lealtad en las instituciones.

Del PP, la ciudadanía espera solo una cosa: que cumplan con la Constitución y acuerden la reforma del Consejo. Porque la Constitución no se condiciona, se cumple. El resto son excusas, dilaciones y tretas para no cumplir con esta obligación constitucional.

Y es que, detrás de esta estrategia hay una enmienda a la totalidad al progreso de España.

En los 1380 días que llevamos con el Consejo General sin renovar, el PP ha cambiado de líder, pero no de objetivo

Es más, para el PP nunca ha sido un debate sobre la reforma del Consejo. Se trata de una cuestión de poder, de mantener un poder que la ciudadanía con su voto les arrebató democráticamente. En los 1380 días que llevamos con el Consejo sin renovar, el PP ha cambiado de líder, pero no de objetivo.

Cabe razonablemente preguntar al PP: ¿Por qué quieren condicionar la justicia impidiendo que se aplique con normalidad el relevo que impone la Constitución?

En estos 1380 días de bloqueo del CGPJ y en los diferentes debates que hemos tenido se ha hablado de los perjudicados por este bloqueo: el propio Consejo, la Justicia, el prestigio de las instituciones, la independencia judicial o la propia ciudadanía. Pero, a la vista de las evidencias, la pregunta quizás sea la contraria:

¿Cui prodest? ¿A quién beneficia este bloqueo? ¿A qué interés responde este bloqueo por parte del PP?

Como dijo Séneca: "Cui prodest scelus, is fecit".

Porque, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del bloqueo del CGPJ por parte del PP? Un breve repaso por la lista de algunos de los recursos de inconstitucionalidad que PP y Vox elevaron al TC y que a día de hoy siguen vigentes puede ayudar.

Recurso contra el Ingreso mínimo vital, contra la Ley que regula la Eutanasia, contra la Ley de Educación, contra el decreto ley en materia de vivienda y alquiler, contra la Ley del aborto, contra la reducción de la temporalidad en el empleo público, contra la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, contra la Ley que reforma la la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o contra la Ley de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Estamos en esto.

La estrategia de no renovación no es cualquier cosa. No es una tontería. No es una "cosa de políticos"

La estrategia de no renovación no es cualquier cosa. No es una tontería. No es una "cosa de políticos". Es mucho más que eso. Esto va sobre las normas que nos dotamos entre todos para respetar y hacer funcionar las instituciones. Esto va de democracia.

Y mientras estamos en esto, el PP desatiende sus obligaciones constitucionales cuando estas le tocan estando en la oposición. Llenando todo este tiempo con un reguero de excusas.

Excusas como las siguientes para no acordar la renovación del Consejo: la cercanía de las elecciones catalanas, la intervención de Podemos en las negociaciones, el veto a algunos nombres, la petición de retirada de la proposición de ley para cambiar las mayorías de nombramiento (ya retirada), el veto a la presidencia, la petición de cambio del sistema de elección previa a la renovación, los indultos a los condenados por el procès, que se acepte su plan de regeneración de la justicia, las elecciones andaluzas, el cese de la Fiscal General o una enmienda en una ley. Excusas y más excusas.

Visto lo cual, ¿no será que el PP no quiere renovar el CGPJ mientras está en la oposición para erosionar al Gobierno democrático? Porque ya hemos visto en numerosas ocasiones que el PP solo respeta la Constitución cuando le conviene.

Es muy sencillo. La Constitución y las leyes hay que cumplirlas. El PP debe cesar en su bloqueo milenario a la renovación del CGPJ y el CGPJ nombrar en plazo sus dos magistrados al TC.

Sin excusas.