La OCDE considera que las rebajas fiscales a la energía y las subvenciones a los combustibles no son la vía adecuada para proteger a los consumidores de los efectos de la crisis energética. Por ello, pide "eliminar gradualmente" este tipo de medidas, que benefician "desproporcionadamente" a las rentas altas y van en contra de la adaptación al cambio climático para centrar los esfuerzos en ayudas directas a los hogares más vulnerables.
El organismo ha publicado este miércoles un informe en el que analiza el enfoque que han adoptado los países de su órbita y concluye que buena parte de las medidas introducidas se centran en intervenir sobre los precios y no sobre las rentas. Entre esas actuaciones, la OCDE menciona medidas como las bajadas en el IVA o los "descuentos en el repostaje" en las gasolineras. Dos políticas que se incluyen en los planes de choque que ha aprobado el Gobierno y que estarán vigentes en España al menos hasta que acabe el año.
La OCDE considera que los Estados "deberían alejarse" y "eliminar gradualmente" este tipo de medidas por varias razones. La primera porque incentivan el uso de combustibles fósiles y los subsidian. Algo que perjudica la lucha contra el cambio climático. De igual manera, consideran que, "aunque son relativamente sencillas de implementar", las medidas que se dirigen a rebajar los precios de la energía no están segmentadas y sus beneficios "se acumulan desproporcionadamente en los grandes consumidores de energía, que a menudo tienen rentas altas".
Tampoco gustan a la OCDE los topes a los precios a la energía por debajo de costes para abaratar la factura que pagan los usuarios finales. Una medida que en España se aplica a los consumidores de electricidad con contratos en el mercado regulado, en el que el importe de la factura de la luz depende directamente de los precios del mercado mayorista. Gracias a la excepción ibérica, el precio máximo del gas empleado para producir electricidad está limitado, lo que ha permitido bajar la factura de la luz a los usuarios con tarifa regulada.
En este sentido, la OCDE considera que "incluso si los gobiernos compensan a los suministradores de energía por sus pérdidas" (como ocurre en España con las centrales de ciclo combinado, que usan gas para producir electricidad) "las garantías gubernamentales implícitas suelen debilitar los incentivos para mejoras operativas". Y eso puede poner en peligro los objetivos de medio plazo de asegurar la seguridad energética y la transición hacia la neutralidad de emisiones de carbono. Además, los topes también "pueden acabar desincentivando inversiones en infraestructura y en última instancia exacerbando la escasez de suministro".
Alivio temporal, pero coste alto con el tiempo
En todo caso, la institución reconoce que actuar sobre los precios de la energía puede ser una buena forma de proteger a las personas que quedan fuera de los sistemas formales de bienestar y también puede suponer un alivio temporal a la inflación. No obstante, a largo plazo puede resultar más perjudicial pues "podría sostener la inflación futura" al no permitir que la demanda se ajuste a la escasez de oferta.
En lo tocante a las rebajas fiscales, la OCDE recuerda que bajar impuestos reduce los ingresos fiscales "inmediatamente" y puede tener un coste presupuestario alto con el tiempo. E insisten en que estas rebajas no siempre se trasladan por completo a los precios, especialmente en momentos como el actual en los que hay restricciones de oferta (Rusia prácticamente ha interrumpido el suministro de gas con la UE). También muestran su preocupación por que esas rebajas fiscales se traduzcan en más beneficios para los productores de combustibles fósiles.
Por todo ello, desde la OCDE recomiendan que las políticas para proteger a los ciudadanos de la crisis se centren en ayudas directas a los hogares más vulnerables. Una medida que, sostienen, fomentaría el ahorro de energía y el uso de medios de transporte alternativos menos contaminantes. Además, estiman que esta medida es más sostenible para las cuentas públicas "si los precios altos persisten" en el tiempo.
No obstante, la OCDE admite que algunos países pueden tener problemas para llevar a la práctica estas políticas, incluso los más desarrollados y con sistemas de beneficios sociales más sofisticados. Por ello, piden "innovar" en mecanismos de transferencias para asegurar que se llega a los más vulnerables.
Finalmente, la OCDE recomienda a los países que sean selectivos con las ayudas que conceden a las empresas y que estén limitadas en el tiempo. "Deben centrarse en empresas que antes eran solventes, pero que sufren problemas de liquidez y solvencia derivadas directamente de la crisis", aconsejan. De esta forma, se reduciría el riesgo de "mantener vivas compañías ineficientes".
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