Cuando en la Transición se legalizaron los partidos políticos, el modelo que se aplicó en España fue el de organizaciones políticas con el poder centralizado, y en las que el líder manda mucho o, incluso, lo manda todo. El estándar anglosajón suele facilitar la elección de líderes mediante procesos de primarias abiertas. Por el contrario, aquí se optó por el control desde arriba, con líderes que alcanzan esa condición mediante el consenso de una cúpula formada por otros líderes: primus inter pares.

Llevada al extremo, esa tipología es la que Lenin estableció para el Partido Comunista de la Unión Soviética, conocida como "centralismo democrático", y que tenía mucho de lo primero y menos de lo segundo. En un país con un sistema de libertades como el nuestro, resulta inadecuado aplicar esa definición leninista. Pero sí conocemos cómo, por ejemplo en el Reino Unido, las discrepancias dentro del partido pueden provocar que los diputados conservadores fuercen la caída de su propio primer ministro, como acaba de ocurrir hace dos semanas, y no es la primera vez. En España ya hemos asistido a revueltas en las que un movimiento interno provoca la caída del líder –recuérdese el caso de Pablo Casado este año en el PP, o de Pedro Sánchez en el PSOE en 2016–, pero siempre que el líder esté en la oposición. Es menos habitual si es el presidente del Gobierno, salvo en el caso ya remoto de la UCD y, parcialmente, el de Zapatero en 2011. El poder institucional es, de facto, el que asegura el poder orgánico. El liderazgo real lo conceden las urnas.

Sin embargo, la proximidad de procesos electorales puede provocar no golpes de mano contra el líder, pero sí, al menos, titulares trompeteros que pongan en cuestión las decisiones del jefe, siempre glosadas por los hagiógrafos que le rodean. Suelen ser pellizcos de monja, pero a veces provocan debate. El último caso es el del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, temeroso de que la tendencia de los sondeos –salvo el del CIS– que auguran mala salud política para Pedro Sánchez se extiendan también al ámbito autonómico y le hagan perder el poder, antes de que el propio Sánchez se presente a la reelección. García-Page no se quiere contagiar de las contraindicaciones del gobierno de coalición PSOE-Podemos, unido a los socios que lo sostienen en el Parlamento: Esquerra y Bildu. Otros presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE tienen temores similares aunque, de momento, guarden silencio.

El PSOE acusa a Page de abrir una guerra "en solitario" por sus críticas a las "compañías" de Sánchez

El debate es pertinente, porque las elecciones generales están previstas para después de las municipales y autonómicas, y podría ocurrir que un palo autonómico o municipal tenga que aguantar la vela nacional que no le corresponde.