El impuesto de patrimonio siempre me pareció improcedente. Considero que es una imposición que castiga fiscalmente año tras año unos bienes que ya tuvieron al generarse un tratamiento impositivo. Es verdad que estamos ante una figura fiscal que suele afectar a quienes disfrutan de mayor poder adquisitivo, pero hay contribuyentes jubilados, cuyo actual nivel de renta no les permite afrontar ese impuesto sobre un patrimonio que por herencia o ahorro acumularon. Me parece pues apropiado que el presidente de Andalucía elimine esta figura, pero no el argumento que empleó para justificarlo. Juan Manuel Moreno vino a decir que Andalucía elimina el impuesto de patrimonio para seducir a los grandes contribuyentes y que trasladen el domicilio fiscal a su comunidad, citando incluso a Cataluña. El mejor de los razonamientos para retirar ese impuesto es que es injusto y no provocar a otras regiones atrayendo a sus adinerados.

Aunque hagan bandera electoral de ella, la idea de suprimir el impuesto de patrimonio no es originaria del PP. Paradójicamente, el primero que la planteó y defendió públicamente en 2007 fue el entonces secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez. El que fuera candidato a la Presidencia de la Comunidad Madrid manifestó a la presidenta, Esperanza Aguirre, su deseo de eliminar el impuesto de patrimonio por considerarlo "injusto y desvirtuado". Aguirre tardó más de un año en hacerle caso, pero al final hizo suya esta medida que fue pionera en España. Unos meses después, el Gobierno de Zapatero lo suprimió a nivel nacional aunque en 2011 hubo de recuperarlo por exigencias de la UE.

En Génova entienden que la de los impuestos es una potente baza electoral y más aún cuando la inflación aprieta

Mientras el Gobierno vuelve a airear lo de impuesto a las grandes fortunas, la dirección del PP toca a rebato allí donde gobierna en el intento de convertir la batalla fiscal en el centro de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Moreno anunció lo del patrimonio, Ayuso, que ya dejó en el hueso los impuestos autonómicos, dice que reducirá la inflación de la escala del IRPF, López Miras rebaja en Murcia el IRPF autonómico y Fernández Mañueco en Castilla y León asegura preparar una rebaja fiscal histórica. En Génova entienden que la de los impuestos es una potente baza electoral y más aún cuando la inflación aprieta y prometer mejoras en la economía doméstica puede sonar a música celestial.

El presidente del PP, además de recordar que la reducción del IVA en el gas y la electricidad que aplicó el Gobierno se le ocurrió primero a él, insiste en reclamar al Gobierno una deflación en el IRPF que compense la subida de la inflación. Es cierto que el fuerte incremento de los precios está elevando la recaudación y que a fin de año podría superar los 30.000 millones de euros por encima de lo previsto. Pero no es menos cierto que al Estado también le suben los costes en todas las partidas y está por ver cómo afrontará el incremento salarial de los funcionarios y sobre todo el de las pensiones. Es obvio que este otoño, y hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo, se hablará mucho de impuestos y después incluso más de cara a las elecciones generales de finales del 2023.

Aunque el de la energía sea el reto más importante que se nos presenta, como principal causante de la espiral inflacionista, el PP tratará de llevar el debate a la política fiscal donde se siente fuerte. Es un cebo electoral que recuerda al usado con éxito por Rajoy para lograr su mayoría absoluta en el 2011. Después Cristóbal Montoro aplicaría una subida de impuestos que nos dejó tiritando. Esperemos que la historia no se repita.