La Comunidad de Madrid, tal y como avanzó la presidenta Isabel Díaz Ayuso la semana pasada, ha acudido este lunes al Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra el decreto de medidas energéticas aprobado por el Gobierno central y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de agosto.
A lo largo de 39 páginas, el recurso de inconstitucionalidad redactado por la Abogacía General de la Comunidad pivota en torno a cinco motivos y culmina con una petición al Alto Tribunal: que declare nulo el texto.
El primer argumento que utilizan desde la Puerta del Sol para cargar contra las medidas con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere contrarrestar los efectos de la invasión rusa de Ucrania sobre el mercado energético es la utilización "abusiva e indebida" que bajo su punto de vista se hace de la figura del real decreto-ley.
En segundo lugar, se apunta a que la limitación de temperaturas de los establecimientos comerciales y otros edificios públicos, así como la obligación de colocar carteles informativos, suponen una "extralimitación" de las bases estatales. "La Comunidad de Madrid ostenta (...) la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional", se resalta.
Otro de los puntos con los que la Comunidad justifica el recurso al TC es que la implantación del sistema de cierre de puertas "contraviene" la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene. "Esta medida, amparada en la competencia estatal básica en materia energética – eficiencia energética- entraría en colisión directa con la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de 'Sanidad e higiene', en su vertiente de protección de la salud, que ostenta la Comunidad de Madrid", subraya el texto del recurso de inconstitucionalidad.
El argumento de la invasión competencial también se utiliza contra la medida de apagado de los escaparates y de los edificios públicos. En este caso, desde Sol apuntan que se interfiere en las competencias que tienen en materia de "comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios".
El quinto argumento con el que la Comunidad ha armado su recurso se centra en la obligación de realizar inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas. Madrid, se apunta, pueden dictar sus propias disposiciones y que el real decreto fije unas determinadas condiciones sobre esa materia supone un quebranto de las bases estatales similar al de la limitación de las temperaturas.
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