Las broncas de la Unión Europea y el anuncio de dimisión de Carlos Lesmes parecen tener un efecto nulo en la actitud del Gobierno y del Partido Popular, que siguen sin sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mantienen posturas cada vez más alejadas. Socialistas y populares han empezado la carrera electoral mucho antes del pistoletazo de salida, y el tono que mantienen se ha elevado considerablemente desde que empezó septiembre. La renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional son dos de los asuntos más delicados de un otoño que se anticipa difícil y se encara ya con el foco puesto en los comicios autonómicos y generales de 2023.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha abierto un nuevo capítulo en la discusión que se refiere, en esta ocasión, a los sueldos de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Concretamente, Llop endureció el tono con los vocales conservadores del Consejo y les instó a proponer un candidato para la renovación del tribunal de garantías, que debió haberse hecho efectiva el pasado 13 de septiembre. La ministra de Justicia llegó a insinuar que una suspensión de sueldo puede ocurrir cuando "por problemas de agenda" un cargo público incumple la ley y sus cometidos constitucionales.
La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, respondió a la titular de Justicia a través de su cuenta de Twitter el pasado lunes: "Bueno, el Gobierno también está incumpliendo con el Constitucional (justo el mismo tiempo) y los presidentes del Congreso y del Senado con el CGPJ (4 años), ¿dejarán de cobrar?".
No contento, Pons añadió un segundo tuit señalando que "la ministra de Justicia debería saber que los vocales del CGPJ no cobran sueldo alguno, que lo del Consejo es además de sus trabajos". "Que alguien se lo comente en el metro, por favor", apuntó en referencia a unas declaraciones de Llop en las que la ministra aseguraba que viaja en transporte público habitualmente y escucha a los ciudadanos hablar con preocupación del bloqueo del Consejo.
Una rápida consulta a las cuentas del CGPJ, publicadas en la sección de transparencia de su página web, basta para saber que los veinte vocales del Consejo -veintiuno con el presidente- sí reciben retribución económica, aunque no siempre en forma de salario.
El actual presidente del órgano, Carlos Lesmes, que ha iniciado los trámites para su dimisión, es el que más dinero percibe. Según el presupuesto de 2022, el magistrado tiene un salario base de 29.539,30 euros al año y "otras remuneraciones" por valor de 115.821,84 euros. En total son 145.361 euros anuales por presidir el órgano de gobierno de los jueces, más los trienios que le correspondan por su labor en el Supremo.
21.438 euros en dietas
En segundo lugar están los siete vocales que integran la Comisión Permanente del Consejo, que reciben en total 125.366,60 euros al año cada uno, además de los trienios y el complemento de antigüedad. Los demás vocales, que no desempeñan su cargo con carácter exclusivo -sino que desarrollan ocupaciones al margen del órgano-, perciben 975 euros cada vez que asisten a un Pleno, y otros 312 cada vez que asisten a una comisión, en ambos casos en concepto de "dietas".
En 2021, haciendo una media, estos vocales recibieron 21.438 euros por asistir a 15 plenos y 22 comisiones, una retribución mayor que el salario que cobran la mitad de los españoles. Finalmente, el secretario general del Consejo recibe un total de 122.476,44 euros al año, más los trienios correspondientes.
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