El Tribunal Supremo juzga por desobediencia a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant

  • Declara por haberse negado a responder las preguntas de Vox durante el juicio del 'procés'. 
  • Reguant podrá declarar en catalán, tal y como ella pidió.
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant en el juicio que se sigue contra ella este miércoles en el Tribunal Supremo.
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant en el juicio que se sigue contra ella este miércoles en el Tribunal Supremo.
ACN
La diputada de la CUP Eulàlia Reguant en el juicio que se sigue contra ella este miércoles en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo juzga este miércoles a la diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya Eulàlia Reguant por un delito de desobediencia grave a la autoridad al no querer responder a las preguntas de Vox, que ejercía de acusación popular en el juicio del 'procés' en el propio Supremo. 

Reguant podrá declarar en catalán, tal y como ella pidió. Este juicio estaba inicialmente fijado para el 1 y el 2 de marzo, pero se suspendió porque se aceptó una cuestión previa de la defensa y se anuló parte de la acción del juzgado de instrucción de Madrid que se ocupó inicialmente del caso, aunque Reguant era aforada. 

La fiscalía pide una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación para ser escogida como cargo electo durante el tiempo de condena.

La defensa de Reguant pedía la nulidad del procedimiento desde el momento en el que se convirtió en diputada a raíz de las elecciones del 14 de febrero de 2021. Su abogado presentó en el juzgado ordinario de Madrid que instruía la causa contra ella y contra el también exdiputado 'cupaire' Antonio Baños el certificado de la Junta Electoral que demostraba que Reguant había pasado a ser aforada. Pero el juzgado no se inhibió de la causa hacia el Supremo, al tratarse de un aforado investigado por hechos cometidos fuera de su comunidad autónoma.

El próximo jueves será un juzgado de Madrid quien juzgará al exdiputado de la CUP Antonio Baños por los mismos hechos

El 14 de abril de 2021, dos meses después de los comicios en el Parlament, la fiscalía presentó su escrito de acusación, con las conclusiones provisionales que pedían seis meses de prisión y de inhabilitación contra Reguant. Lo hizo ante el juzgado de Madrid, que, una semana después, el 20 de abril, dictó un escrito acordando la apertura de juicio oral. 

Finalmente, el juzgado envió una exposición razonada al Supremo inhibiéndose de la causa con un certificado del 16 de junio donde constaba que Reguant era diputada y por tanto aforada. Por todo ello, y con el consentimiento de la fiscalía, los magistrados del Supremo anularon toda la tramitación desde el momento del certificado de la Junta Electoral.

En su escrito de defensa, Reguant dice que el juicio vulnera la su "libertad ideológica y de conciencia" y señala que optó por no responder a las preguntas de Vox como testigo durante el juicio del 1-O "guiada por una  objeción de conciencia y un sentimiento de deber moral". 

El escrito también argumenta que Reguant ya fue sancionada por estos hechos, ya que el Supremo interpuso una corrección disciplinaria en forma de multa en 2019. 

Finalmente, considera que la pena de inhabilitación solicitada por la fiscalía es interesada. "El ministerio fiscal pretende que por unos hechos ocurridos antes de que la acusada ocupase un cargo público, esta haya de abandonar el escaño", recoge el texto presentado.

Vulneración de la libertad

Los abogados consideran que formular acusación y abrir un procedimiento contra Reguant por los hechos por los que se le ha de juzgar supone la vulneración de su libertad. Según su representación legal, la 'cupaire' actuó amparada por el artículo 418 de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que "ningún testigo podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la que su respuesta pueda perjudicar materialmente o moralmente, de forma directa e importante, a la persona".

En conclusión, la defensa considera que los hechos no fueron constitutivos de delito y solicita la absolución de Reguant. Además, apunta a que se tendría que aplicar la circunstancia atenuante de "dilaciones indebidas" por los periodos de paralización que ha tenido la causa desde que tuvieron lugar los hechos, en febrero de 2019.

El Supremo declaró pertinentes las pruebas propuestas por la fiscalía y por la defensa, que incluyen en ambos casos el interrogatorio de la acusada. En cuanto a otras cuestiones previas planteadas por Reguant, se resolverán en el inicio del juicio.

El próximo jueves será un juzgado de Madrid quien juzgará al exdiputado de la CUP Antonio Baños por los mismos hechos. Baños ya no es parlamentario y, por tanto, ha perdido el aforamiento.

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