En cinco años justos, el movimiento independentista catalán ha vivido un tsunami de emociones y de etapas políticas, un tiovivo en el que siguen inmersos los dos principales partidos que defienden la causa soberanista catalana: ERC y Junts, que encaran el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 con más división que nunca.
El cisma abierto en canal esta semana entre Esquerra y postconvergentes (con el planteamiento de una cuestión de confianza al president, Pere Aragonès) se cimenta sobre la intención republicana de pactar con el Gobierno central un referéndum similar a la conocida como 'vía canadiense', al que se oponen la otra formación y su militancia. Ya celebraron por separado la pasada Diada, dejando clara la división de estrategias para alcanzar la autodeterminación existente en el soberanismo catalán.
Además, la última encuesta del CEO mostraba que el 52% es contrario a la independencia de Cataluña, mientras que el 41% se posiciona a favor; un crecimiento de cuatro puntos entre los contrarios a la independencia y una bajada de tres puntos entre los partidarios, por lo que se sitúan en valores de 2015.
El germen: la consulta soberanista de 2014
Pero para llegar al punto en el que nos encontramos actualmente, hay que retrotraerse a antes del 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum de independencia que fue declarado ilegal, incluyó cargas policiales, y que desembocó en la declaración unilateral de independencia (DUI) del entonces president, Carles Puigdemont (Junts), huido en Bélgica, del 27 de octubre de 2017.
El verdadero germen del 'procés' se gestó tres años antes, en 2014, bajo el mandato del también convergente Artur Mas al frente de la Generalitat. El que fue durante años el delfín del expresident Jordi Pujol (que ha acabado envuelto en una causa judicial que involucra a sus hijos y de la que su mujer ha quedado exenta por motivos médicos) convocó una consulta soberanista no vinculante y no aprobada por el Estado el 9 de noviembre de aquel año.
El motivo esgrimido por Mas para impulsar este primer referéndum soberanista era el descontento generado en la clase política y en parte de la sociedad por la pérdida de competencias de la autonomía catalana a raíz del recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (TC).
La consulta, que no pasó de mera anécdota en términos políticos, sí que tuvo un impacto decisivo en el resultado de las elecciones a la Generalitat del año siguiente, 2015, en las que los partidos secesionistas ganaron por mayoría absoluta de escaños en el Parlament, aunque no de votos, al formular los comicios como un "plebiscito" a la población sobre si independencia "sí o no", planteado por ellos mismos a la ciudadanía antes y durante la campaña electoral.
Tras esos comicios, Carles Puigdemont accedió a la presidencia del Govern en sustitución de su compañero de partido Mas y comenzó a mencionar la palabra "referéndum" no pactado con el Estado, como un preludio de una declaración unilateral de independencia (DUI) que entonces parecía lejana pero que acabó materializándose en el propio hemiciclo catalán. En septiembre de 2016 planteó ante los diputados: "Referéndum o referéndum".
De la vía escocesa a la confrontación Generalitat-Gobierno
Puigdemont no optó inicialmente por un choque de trenes frente a frente con el Estado por la causa soberanista catalana, sino que apostó por una 'vía escocesa', es decir, por ofrecer al Gobierno del entonces popular Mariano Rajoy la posibilidad de pactar una consulta de autodeterminación.
Se llegó a activar la denominada 'Operación Diálogo', que lideraron la entonces vicepresidenta popular Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado del Gobierno en Cataluña, el también popular Enric Millo. Pero fracasó y dio paso a la confrontación entre ambos ejecutivos. En el catalán, las principales discrepancias venían motivadas por el 'miedo' a posibles inhabilitaciones.
Operación 'urnas'
Puigdemont se decantó por preparar un referéndum al margen del Govern y con un equipo que trabajaba en la sombra y capitaneado por el propio president, entonces del PDeCAT, el vicepresident Oriol Junqueras (ERC), dirigentes de los dos partidos independentistas y los líderes de las asociaciones civiles Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Los movimientos paralelos para preparar las urnas se empezaron a dar en el mes de abril de 2017, medio año antes de la celebración del referéndum ilegal, que se fijó para el 1 de octubre. Uno de los puntos en los que hubo estrategia al margen de la corriente oficial del Govern fue, precisamente, la adquisición de las propias urnas. Se decidió que la compra no fuera pública, sino a cargo de un empresario catalán partidario de la consulta que las obtuvo en China y las repartió por toda Cataluña en el verano de 2017 desde un punto de distribución central ubicado fuera de España, en el sur de Francia.
Las leyes de desconexión
Los primeros pasos hacia la convocatoria del referéndum al margen del aval estatal ya estaban dados. Y en septiembre, Puigdemont y sus socios dieron un salto más dotándose de un aval parlamentario propio que les blindara ante represalias políticas y judiciales. Este se concretó en la aprobación en el hemiciclo catalán de las denominadas 'Leyes de desconexión' en un Pleno que se desarrolló durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
Los partidos de la oposición cargaron duramente contra las filas independentistas por lo que consideraron un ataque al marco legal parlamentario y a los derechos de los catalanes no partidarios de la separación del Estado. Desde el Gobierno de Rajoy se respondió de forma prácticamente inmediata. En menos de 24 horas, se recurrió la Ley del Referéndum ante el Tribunal Constitucional (TC) y este lo admitió a trámite y la suspendió. El Govern de Carles Puigdemont desoyó la petición del TC y siguió con los preparativos del 1-O.
Asedio a Economia
El 20 de septiembre, un juzgado ordena el registro del Departament d'Economia en la Rambla de Catalunya de Barcelona y otras sedes oficiales y la Guardia Civil detiene a 14 cargos del Govern. Las entidades sociales soberanistas ANC y Òmnium llaman a manifestarse frente a Economia.
Tras lo sucedido, la fiscalía presenta una denuncia a la Audiencia Nacional contra sus dos líderes, Sànchez y Cuixart, por "sedición", por lo que consideró un entorpecimiento de la labor judicial y policial por la protesta multitudinaria frente al edificio oficial. El 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena el cierre de los colegios electorales en previsión de la celebración del 1-O.
El barco con agentes de Policía y Guardia Civil
El choque de trenes ya estaba a punto de producirse y el Estado, ante la inminencia del referéndum ilegal, desplegó a miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por Cataluña. Muchos de ellos se alojaron en tres cruceros atracados en el Port de Barcelona. Uno de ellos fue objeto de mofas por llevar pintado al personaje de dibujos animados Piolín. Algunos agentes alojados en diversos hoteles repartidos por municipios catalanes fueron objeto de 'escraches' por parte de población partidaria de la independencia.
La respuesta del Govern a este despliegue policial en Cataluña fue la convocatoria del 1-0 y la llamada a las urnas a los 5.343.358 catalanes mayores de 16 años en 2.315 locales de votación. Muchos de ellos eran colegios o centros cívicos, que fueron ocupados por activistas la noche anterior para evitar el precinto de los Mossos d'Esquadra.
El choque se hizo realidad el 1 de octubre de 2017. Y los mandos de los cuerpos policiales decidieron que agentes de los Mossos (en aquel entonces con el mayor Josep Lluís Trapero al frente) se personaran en los colegios electorales para impedir los comicios. Estos solo levantaron actas. Y el Govern, al ver la cantidad de gente que acudía a votar (2,2 millones de personas según su propio recuento, con un 90% de 'síes' a la independencia) decretó el censo universal para que se pudiese depositar la papeleta en cualquier colegio electoral abierto.
Cargas policiales
Ante la pasividad de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil desplegaron a sus propios agentes en los centros de votación, encontrándose con la resistencia de los allí presentes a que requisaran las urnas. Las cargas policiales comenzaron a producirse y a viralizarse rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación de todo el planeta. Para el independentismo, estos hechos supusieron una muestra de la "represión" ejercida por el Estado. Y cifraron en 893 las personas heridas, entre ellas, Roger Español, que perdió un ojo durante la carga policial frente al colegio Ramon Llull del Eixample de Barcelona. Por su parte, los cuerpos policiales hablaron de 431 agentes heridos.
Protestas del 3-O
Las protestas ciudadanas ante la "violencia policial" se trasladaron a las calles de Barcelona dos días después del referéndum, el 3 de octubre. El Rey Felipe VI pronunció un discurso televisado esa misma noche en el que hizo un llamamiento al "orden constitucional".
En los días sucesivos, no se produjo ningún tipo de acercamiento entre el Govern y el Gobierno, y este alejamiento se confirmó el 27 de octubre de 2017, con la declaración de independencia unilateral por parte del president Carles Puigdemont en el Parlament de Catalunya, ante el clamor de miles de catalanes y el estupor de otros miles. Pocas jornadas antes, el 16 de octubre, Sànchez y Cuixart son enviados a prisión preventiva a la cárcel madrileña de Soto del Real por orden de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela, por el delito de sedición.
Siete meses con la autonomía suspendida
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El entonces presidente Mariano Rajoy (PP) activó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, lo que supuso un total de siete meses con la autonomía suspendida hasta el mes de mayo de 2018. Rajoy cesó a Puigdemont (que huyó a Bélgica, donde aún se encuentra, al igual que hicieron los exconsellers de ERC Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín; la exconsellera Clara Ponsatí lo hizo a Escocia) y a todo su Govern y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017.
El 30 de octubre, el Fiscal General del Estado presentó una querella ante la AN por rebelión contra el gobierno de Puigdemont y otra ante el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament. Ambas altas instancias judiciales admitieron sendas querellas el 1 de noviembre.
Los posteriores 2 y 3 de noviembre, la jueza Lamela envía a prisión preventiva al entonces vicepresident Oriol Junqueras (ERC) y a los consellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Josep Rull, Jordi Turull y Santi Vila. Este último pudo salir de prisión al día siguiente pagando 50.000 euros de fianza. También dicta una orden europea de detención para Puigdemont, Comín, Puig, Serret y Ponsatí.
El 9 de noviembre, el Supremo envía a prisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, siendo la última en salir en tercer grado en enero de 2021.
21-D y gobierno soberanista
Las elecciones autonómicas celebradas a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2017. A pesar de que la fuerza constitucionalista Ciutadans, liderada por Inés Arrimadas, resulta ser la más votada y el primer grupo del Parlament con 37 diputados, la suma de escaños de los partidos independentistas les da la posibilidad de formar Govern.
La participación en los comicios alcanzó la cifra récord del 82%. Junts obtuvo 34 escaños (segunda fuerza en el hemiciclo catalán) y Esquerra 32. El soberanismo mantuvo la mayoría absoluta en la cámara con una suma de 2.059.453 votos a Junts, ERC y la CUP y 70 escaños, frente a los 57 no independentistas de Cs, PSC y PP.
Torra, escogido president e inhabilitado
El 14 de mayo de 2018, el Parlament escogía al nuevo president, Quim Torra, que era la apuesta del huido Puigdemont. Obtuvo 66 votos a favor, 65 en contra y cuatro abstenciones. Cataluña llevaba meses paralizada políticamente y la votación tuvo lugar solo a 9 días de que expirara el plazo legal para escoger al jefe del ejecutivo tras los comicios de diciembre. El candidato de Junts, Puigdemont, era prófugo de la justicia con una orden de extradición por un delito de rebelión, por lo que los diputados no pudieron votar su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
El mandato de Torra finalizó el 28 de septiembre de 2020, cuando el Supremo confirmó la pena de inhabilitación de año y medio por desobediencia al no retirar una pancarta con un mensaje de apoyo a los políticos del 'procés' presos de la fachada del Palau de la Generalitat en la campaña electoral de los comicios generales españoles del 28 de abril de 2019. En noviembre de ese año, 2020, ERC escogió a Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) como candidato a president para las elecciones del 14 de febrero de 2021, que se celebraron en plena pandemia Covid. En aquel momento era el vicepresident.
Por su parte, en mayo de 2022, Torra era condenado de nuevo a una pena de 15 meses de inhabilitación y a una multa de 24.000 euros por no descolgar una pancarta alusiva a la libertad de los líderes del 'procés' en septiembre de 2019, cuando aún era president.
El turno de Pere Aragonès
Aragonès acabó siendo investido jefe del ejecutivo catalán que ahora se resquebraja el 21 de mayo de 2021. Se formó una coalición formada por ERC y Junts que se estuvo pactando durante meses y que estuvo a punto de no materializarse por las diferencias existentes entre las dos principales formaciones del independentismo. Finalmente, Aragonès recibió 74 votos a favor de sus propias filas republicanas, de Junts y de la CUP, y 61 en contra de PSC, Vox, comuns, Cs y PP.
La interinidad en el seno de la Generalitat duró 8 meses con un Govern en funciones. En ese periodo, Aragonès ejerció de vicepresident y president en funciones. Hubo un primer intento de investidura a finales de marzo que fracasó en primera y segunda vuelta en Pleno por el desacuerdo con Junts, que se acabó absteniendo por diferencias con ERC.
Esta frágil alianza que acabó tejiendo 'in extremis' el actual ejecutivo catalán ya era un preludio de la difícil situación en la que se encuentra estos días la coalición independentista. Y que coincide en el tiempo con el quinto aniversario del 1-O, una fecha que parece ya muy lejana e irreal en el imaginario de miles de partidarios de la secesión.
Las diferencias se arrastran casi desde la formación del Govern y se han agravado a raíz de la apuesta republicana por abrir una mesa de diálogo con el Gobierno español sobre el conflicto catalán que culmine con un referéndum de autodeterminación pactado que no gusta a Junts, partidario de la ruptura con el Estado. El pasado 11 de septiembre, la Diada del quinto aniversario del 1-O, fue de las menos multitudinarias que se recuerdan del 'procés', y los dos grandes partidos soberanistas la celebraron por separado.
La brecha abierta por los indultos y los presupuestos
En junio del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez concedía en Consejo de Ministros el indulto a los 9 presos condenados por sedición por parte del Supremo que aún seguían encarcelados. Esta medida de gracia supuso para Aragonès una prueba de "credibilidad" de que la vía de diálogo entre ambos ejecutivos era posible en materia soberanista. Igualmente, el president republicano insistía en la convocatoria de una nueva consulta independentista y en anular las condenas a todos los encausados por el 1-O.
Sectores de Junts muy cercanos al expresident huido Puigdemont le atribuyeron a él el "éxito" de los indultos, al empujar a Europa con su "lucha invisible" a excarcelar a los líderes soberanistas. Otra postura entre los posconvergentes, que aún perdura, y que es una de las causas centrales del cisma actual, es la falta de confianza en un diálogo real y fructífero con el Ejecutivo español.
En medio de reproches y desconfianzas entre los dos socios, los 'comuns' entraban en escena en noviembre del año pasado alcanzando un acuerdo con el president para tramitar en el Parlament los presupuestos de la Generalitat de 2022. Para Junts, este acuerdo bilateral con el partido liderado por Jéssica Albiach "alteraba la mayoría de la investidura" y cimentaba la tormenta perfecta actual.
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