A los sindicatos no les gusta la propuesta del Gobierno para subir el salario de los funcionarios. Las tres centrales sindicales mayoritarias - CSIF, CC OO y UGT- han rechazado de plano las cifras que plantea el Gobierno (una subida del 2,5% en 2023; otra del 2% en 2024 y una compensación del 1,5% para 2022 que dejaría la subida total este año en el 3,5%), que ven "claramente insuficientes".

Los tres sindicatos reclaman al Ejecutivo que eleve los porcentajes y que incluya en el pacto otras reivindicaciones como la vuelta a la jornada semanal de 35 horas (actualmente es de 37,5) -algo que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa- y que introduzca cláusulas que garanticen los salarios con el IPC, como ocurre en el caso de las pensiones, cuyos beneficiarios no verán alterado su poder adquisitivo el año que viene, pues el Gobierno asegura por activa y por pasiva que las subirá con arreglo al aumento de los precios. 

En CC OO proponen un alza salarial para empleados públicos entre el 9,5 y el 10% repartida entre 2022 y los próximos dos años (la del Gobierno se quedaría en el 8%), una cifra que previsiblemente no compensará todo el poder adquisitivo que borre la inflación en los próximos dos años. Desde UGT verían con buenos ojos una doble subida del 3,5% en 2022 y 2023, aunque asumen que en ningún caso el crecimiento de los salarios se podrá igualar a la inflación. Mientras que en CSIF rechazan de plano la propuesta y exigen al Ejecutivo que se comprometa a recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios perdido en los últimos 12 años.

Las cifras que ha puesto sobre la mesa de la Función Pública el Ministerio de Hacienda son las mismas que planteó la patronal a los sindicatos el pasado abril para negociar las subidas salariales en el sector privado. Unos porcentajes con los que en el Ministerio de Economía se sienten cómodos, pero que no gustan a los sindicatos, que las ven desactualizadas. 

Precisamente, el miércoles las dos centrales mayoritarias -UGT y CC OO- anunciaron el calendario de movilizaciones que supondrán el arranque del "otoño caliente" que anticiparon en agosto. En el acto de presentación de las protestas, reclamaron subidas salariales en varios años, que tengan en cuenta la inflación subyacente actual (en agosto era del 6,4%) y que incluyan cláusulas de garantía vinculadas al IPC. Algo que los empresarios rechazan de plano.

Pensiones antes que sueldos públicos

La propuesta que planteó ayer el Gobierno a los sindicatos encaja bien con la filosofía del pacto de rentas que tratan de promover desde el Ministerio de Economía como respuesta a la crisis desatada tras la invasión rusa de Ucrania. El departamento que dirige Nadia Calviño trata de impulsar junto al Banco de España un gran pacto nacional en el que los agentes económicos -empresas, trabajadores y pensionistas- se repartan de manera justa los costes que ha ocasionado el conflicto.

Sin embargo, de facto los asalariados (públicos y privados ) están asumiendo un impacto más fuerte que el resto. Si la propuesta de Hacienda a los funcionarios prospera, los 2,4 millones de empleados públicos que hay censados en España (la mayoría trabajan para los gobiernos regionales) recibirán un aumento salarial más de tres veces inferior a la inflación prevista para este año (un 8,6% según el panel de Funcas). Y mientras sindicatos y patronal siguen sin ponerse de acuerdo en un marco salarial para los convenios colectivos, los sueldos negociados en convenio apenas han subido un 2,6% en lo que llevamos de año. 

Tampoco parece que vayan a mantener todo su poder adquisitivo el 5,7% de los trabajadores españoles que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos deberán revisar en diciembre. El Ejecutivo se ha comprometido a que el SMI alcance el 60% del salario medio en España (25.165 euros anuales en 2020) en 2023, un compromiso que se vería cumplido con un alza cercana al 8%.

En el otro lado del espectro, los márgenes empresariales han permanecido relativamente estables, aunque las empresas están trasladando cada vez más los incrementos de costes que sufren a los precios. En este sentido, el Banco de España señala que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares es muy significativa, mientras que los márgenes empresariales muestran una relativa estabilidad.

El único segmento de la población que no verá mermada su poder de compra son los 9 millones de españoles que cobran una pensión pública. Desde el año pasado, estas prestaciones están protegidas ante cualquier aumento en la inflación. El Gobierno ha rechazado en numerosas ocasiones limitar el aumento de las pensiones, pese a que la factura podría elevarse por encima de los 13.000 millones de euros este año con la inflación prevista.