Una de las lecciones que nos dejó la peor pandemia sanitaria vivida, que provocó la total paralización de la actividad económica de nuestro país, fue que era más necesario que nunca tener un Estado del Bienestar fuerte que fuera capaz de dar una respuesta rápida y eficaz a todas las necesidades que fueron surgiendo.

Me resisto a creer que el conjunto de las administraciones se haya olvidado ya de la pesadilla que sufrimos como sociedad, cuando en aquel momento todas las administraciones quedaron colapsadas. Pero aún me resisto más a creer que el olvido sea porque tenemos unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. ¿En serio no hemos aprendido nada después de la pandemia?

Las crisis no nos impactan a todos y a todas por igual. De las crisis, según como nuestros gobernantes las gestionen, puede surgir una sociedad más o menos desigual, y el debate surgido estos días sobre la necesidad o no de la eliminación del impuesto de patrimonio no ayuda precisamente a construir una sociedad igualitaria.

La señora Ayuso ha iniciado un dumping fiscal entre las comunidades autónomas. Provocando al resto para ver quién se vende como la comunidad autónoma más barata. Y a mí lo que más me molesta es que se sienta orgullosa de su hazaña: bienvenidos al paraíso fiscal, ha llegado a decir.

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Regalarle a los más ricos el impuesto de patrimonio significa perdonar dinero a quien no usa los servicios públicos, en detrimento de quien, por el contrario, sí los necesita.

Dudo mucho que quien paga impuesto de patrimonio, es decir quien tiene acciones y propiedades (descontando la primera vivienda) por valor superior a 700 mil euros, pida cita en su centro de salud. De la misma manera que dudo mucho que quien paga impuesto de patrimonio se encuentre en una lista de espera de más de 6 meses para ser operado o tenga a su hijo matriculado en una escuela pública o a su padre o madre ingresado en una residencia pública.

De esto va el perdonar o no los impuestos a quien más tiene. De esto va también el poner un impuesto temporal a los bancos, eléctricas y petroleras, por los beneficios extraordinarios obtenidos durante la crisis energética que estamos sufriendo desde la invasión de Rusia a Ucrania. Se niega el Partido Popular al nacimiento de este nuevo impuesto, defienden que si estas grandes empresas tienen beneficios se los repartan en forma de dividendos y si tienen perdidas, como vimos en la anterior crisis financiera, socialicemos las pérdidas, es decir, se las paguemos entre todos.

Nada nuevo bajo el sol, ya lo vivimos hace unos años: a la clase media y trabajadora nos impusieron recortes, nos subieron los impuestos y nos bajaron los sueldos, mientras todo ese ahorro, todo ese esfuerzo familiar, lo utilizaron para rescatar a la banca.

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Así que me niego. Me niego a pensar que la sociedad en la que vivo no tiene memoria. Me niego a pensar que todavía haya alguien que se crea la fórmula mágica que nos ofrece el Partido Popular: bajar impuestos sin recortar los gastos. Porque si tan sencillo es, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad? Esa es una receta que funciona para sus mítines, es lo que quiere oír su militante, que te advierto, si vas al centro de salud de tu barrio, tienes a tu hijo o hija en una escuela pública, y tu madre o tu padre cobran una pensión publica y están en una residencia pública, de verdad, no eres tú.

Así que, medidas fiscales selectivas para quien más lo necesita, sí. Una defensa de servicios públicos fuertes y bien presupuestados, también. Pero, ante una rebelión fiscal para favorecer solo a los más ricos, te animo a que nos unamos y les hagamos un frente común. ¿Te apuntas?