Avanza la ley contra la prostitución presentada por el PSOE. El Congreso de los Diputados ha debatido este jueves la enmienda a la totalidad de la CUP a la proposición de ley socialista que ataca directamente al proxenetismo. La iniciativa -que, entre otras cosas, aspira a erradicar la prostitución imponiendo penas de hasta seis años a los proxenetas y multando a puteros- ha conseguido sortear el veto de los independentistas, aunque con el rechazo de una parte del bloque de investidura. 

Ya en la toma de consideración en junio, sus socios de Unidas Podemos reflejaron la división dentro de la formación morada en torno a la prostitución, pues los comunes votaron en contra de la ley que presentó el PSOE en solitario. Tampoco se han mostrado conformes ERC, PNV, PDeCat y Cs, que han apoyado la enmienda a la totalidad de la CUP; mientras que Junts ha avanzado su abstención. 

La de este jueves ha sido una fórmula poco común. La ley avanzará ahora su tramitación en la Cámara Baja, sí, pero lo hará gracias al apoyo que el PSOE ha recibido del PP y Vox. Y es que de haber salido adelante el texto registrado por la CUP, la ley que aglutina todo aquello que los socialistas no lograron introducir en la del 'solo sí es sí' habría caído en saco roto.

La CUP defiende regularizar la prostitución

Lo que proponía la formación independentista en su texto alternativo era, directamente, una legalización del "trabajo sexual". Su propuesta planteaba considerar el servicio sexual como el "conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil". Recogía igualmente un programa para ayudar a aquellas mujeres que "deseen dejar el trabajo sexual" y "no tengan medios para hacerlo"; y sugería una vía de regularización extraordinaria para las mujeres en situación administrativa irregular.  

Según ha defendido su diputada, Mireia Vehí, no hay que meter en el mismo saco a la prostitución y a la trata con fines de explotación sexual (como considera que hacen los socialistas). Durante su intervención en el Pleno, Vehí ha aseverado que "la realidad es mucho más compleja", y que la iniciativa del PSOE no ayudará a erradicar la trata, sobre todo si no se toman medidas complementarias como la "derogación" de la ley de extranjería o el impulso de una renta básica universal. "Lo suyo no es abolicionismo material, es abolicionismo con fines electorales", ha criticado. 

La ley del PSOE

Nada más lejos que la proposición de ley del PSOE, que no es más que la constatación del objetivo abolicionista marcado por el Gobierno para esta legislatura. La iniciativa contempla una modificación del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación", y condenar con penas de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación o abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

Además, recupera la tercería locativa que persigue a quienes cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución; y propone multar a los clientes de la prostitución con multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

El debate de la prostitución levanta ampollas en el Gobierno: el PSOE presenta en solitario una ley que aspira a sancionar a consumidores

Para la socialista Laura Berja, la enmienda presentada por la CUP lo que hace es "blanquear" el proxenetismo. "El consentimiento, si se compra, no es consentimiento. Es subordinación", ha sostenido. 

PP, Vox y una parte de Podemos apoyan la ley socialista

En la misma línea se han situado los populares. "A nadie en su sano juicio se le ocurriría plantear una regulación de tráfico de órganos", ha argumentado el diputado Miguel Ángel Jerez, manteniendo su apoyo a la propuesta e instando a la bancada socialista a que "no se dejen presionar" por sus socios de Gobierno. Vox, por su parte, ha instado a atacar a la "inmigración ilegal" para contribuir a la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Ha avanzado igualmente algunas de las propuestas que plantearán ahora en el proceso de negociación. 

Los que apoyan el texto de la CUP piden "alternativas"

En el bando contrario -en el de los grupos que han apoyado la enmienda de la CUP- se han situado ERC, los comunes, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, y PNV absteniéndose. Con argumentos dispares, todos han coincidido en un único reproche: consideran que la iniciativa cojea en cuanto a medidas de apoyo, inserción y, en definitiva, a la hora de ofrecer una "alternativa" a las víctimas. 

Desde la bancada de los republicanos, Pilar Valluguera ha reconocido estar "mucho más cerca" del texto alternativo que del "perpetrado" por el PSOE. Acusándoles de "reproducir el estigma" del "trabajo sexual", ha defendido el "respeto a la libertad" de las mujeres. Postura similar a la del PDeCat, que asegura que la experiencia prohibicionista en otros países demuestra que no consigue acabar con la explotación sexual. 

Ciudadanos, por su lado, ha afeado al PSOE su "visión paternalista y conservadora sobre el cuerpo de las mujeres" y ha urgido a los socios de Gobierno a que "dejen sus disputas internas" e impulsen la ley de trata para proteger a las más de 45.000 víctimas que se calcula que hay en España. 

Joseba Agirretxea, del PNV, ha recalcado que la criminilización no es la vía para acabar con este problema, aunque también ha disentido con aspectos planteados por la CUP y ha anunciado que propondrá una subcomisión para el estudio de la prostitución desde todas las vertientes, que de "un diagnóstico veraz" de la situación para, posteriormente, legislar "en consecuencia".

Los morados han votado dos cosas opuestas (a favor de la enmienda, los comunes; en contra, Podemos), pero la diputada Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha insistido en que "no todo el abolicionismo es prohibicionista" y ha querido dejar "claro" que el objetivo de su formación es "combatir la impunidad" desde la protección de los derechos de las mujeres que son víctimas de explotación sexual. "Prohibir sin facilitar el acceso a estas mujeres a condiciones materiales es tan irrealizable como cruel", ha subrayado.