Fue una negociación ardua que duró hasta el último minuto, pero finalmente hubo fumata blanca: PSOE y Unidas Podemos cerraron el pasado jueves un acuerdo para acometer una mini reforma fiscal que allana el acuerdo para los Presupuestos de 2023. Ambas formaciones continúan aún cerrando los flecos para alcanzar el que será el último pacto presupuestario de la coalición antes de las elecciones de 2023, pero el paso fiscal dado acorta los plazos para que haya luz verde para las cuentas públicas esta semana, a ser posible en el Consejo de Ministros de este mismo martes.
En los últimos días y como es habitual en este tipo de negociaciones, socialistas y morados han jugado al gato y al ratón con declaraciones cruzadas, aunque ha sido Unidas Podemos quien más presión ha ejercido. En ocasiones, incluso, con entrevistas simultáneas de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la secretaria general de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. La segunda llegó a acusar el martes a los socialistas de "tener bloqueada" la negociación.
No obstante, fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han ido restando importancia a las declaraciones de ambas señalando que lo "normal" en este tipo de negociaciones es que, cuando el acuerdo está "cerca, es normal que metan presión para arañar sus últimas peticiones". Más cauto se muestra Unidas Podemos, que se resiste a dar por encarriladas las conversaciones y que este sábado insistió -por boca de Díaz- en que quedan cuestiones "pendientes", aunque lo cierto es que tras el acuerdo en materia fiscal los morados han rebajado su presión pública al PSOE.
Así las cosas, en Moncloa hay optimismo a la hora de hablar de los que serían los terceros Presupuestos de la coalición en tres años, una "normalidad presupuestaria" de la que en el seno del Gobierno sacan pecho cada vez que pueden. Y fuentes de Unidas Podemos, por su parte, resaltan la importancia de unas cuentas que no solo deben ser el corolario de las medidas de inversión social adoptadas durante la legislatura, sino que, a juicio de los morados, también son claves para que los partidos progresistas encaren con opciones de victoria el ciclo electoral del año que viene.
En cualquier caso, incluso si las negociaciones en la coalición llegan esta semana a buen puerto, a los Presupuestos aún les falta camino por recorrer. A falta de conocer las partidas de inversión que incluirán, fuentes del ala socialista del Gobierno consultadas por 20minutos se limitan a destacar que "todas las medidas progresistas nos acercan a nuestros socios". Y eso es clave de cara a conseguir el apoyo de socios parlamentarios como ERC, PNV o EH Bildu, aunque la negociación con estos partidos, claves para la aprobación final de las cuentas públicas, será un capítulo distinto que llegará más adelante, cuando las cuentas pasen del Consejo de Ministros al Congreso.
La reforma fiscal, pactada sobre la bocina
El acuerdo alcanzado en lo relativo al paquete fiscal ha allanado el camino para cerrar el proyecto de Presupuestos, dado que esta reforma fiscal era una de las principales dificultades en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, tal y como se demostró la semana pasada. El lunes, la titular de Hacienda salió en la madrileña sede del PSOE para anunciar que "en los próximos días" el Ejecutivo presentaría una batería de medidas, en pleno debate fiscal tras empezar Andalucía lo que desde el Ejecutivo consideran como una "competición fiscal a la baja".
El paquete, señaló Montero, iría firmado por ambas formaciones, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, apuntó el jueves como fecha de presentación. Sin embargo, las negociaciones se iban dilatando más y más. Tanto, que ese día la ministra anunció un acuerdo a primera hora de la mañana que los morados negaron inmediatamente. Citó a la prensa a las 11.30 para anunciar "lo que hubiera", según Hacienda. Finalmente, lograron sellar una bajada en el IRPF para rentas bajas, junto con el impuesto a las grandes fortunas y un incremento del tipo impositivo a las ganancias de capital de más de 200.000 euros.
Fue la bajada tributaria lo que complicó las negociaciones, ya que no se había contemplado hasta que Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana y principal barón autonómico del PSOE, se sumó a las autonomías del PP anunciando una rebaja de impuestos. De hecho, el cambio de posición de Hacienda fue repentino: el martes, apenas un día antes de anunciar y explicar las medidas fiscales pactadas por PSOE y Unidas Podemos, la ministra María Jesús Montero rechazaba seguir esa vía y argumentaba que no era momento de rebajas de impuestos cuando España ha recibido 140.000 millones de los fondos europeos por la Covid.
Fuentes de Hacienda se defienden y aseguran ahora que lo que Montero descartó fue una bajada generalizada de los tributos. Y, en los últimos días, la parte socialista del Gobierno ha intentado trasladar por todos los medios el mensaje de que las medidas adoptadas no tienen nada que ver con la "deflactación" que plantea el PP, una medida que afecta a todos los niveles de renta y que beneficia mucho menos a las familias de ingresos bajos. Para Unidas Podemos, por su parte, no fue un escollo especialmente importante abordar esta rebaja, dado que se focaliza en estas rentas bajas y se compensa con la subida impositiva a los más pudientes.
La coalición cierra los últimos flecos
Sorteadas las diferencias en la parte fiscal, PSOE y Unidas Podemos ultiman ahora los flecos para los Presupuestos. Aún están atascadas varias de las principales peticiones de los morados, que plantean la eliminación de los recortes en políticas de desempleo, el "refuerzo de los servicios públicos" o un aumento importante del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un índice numérico al que están vinculadas muchas ayudas públicas y cuyo incremento podría elevar su cuantía o permitir a más personas beneficiarse de subvenciones.
Lo que más encallado se encuentra, según fuentes de Unidas Podemos, es lo relativo al inicio de la tramitación de la ley de familias, un texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra y listo desde hace meses, pero que todavía no ha recibido la luz verde del Consejo de Ministros. Esa norma recoge la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de manera progresiva hasta los seis meses, así como la extensión a las madres desempleadas de la ayuda de 100 euros al mes por hijo menor de tres años.
Unidas Podemos también solicita el desbloqueo de la ley de vivienda. La puesta en marcha de la norma en unos meses fue una condición que sirvió para aprobar los Presupuestos de 2021; para las cuentas de 2022, Unidas Podemos exigió impulsar la norma tras meses de retrasos; y, para los Presupuestos de 2023, la demanda de los morados es que se termine de tramitar de una vez el texto en el Congreso. Eso sí: tanto Unidas Podemos como ERC o EH Bildu, imprescindibles para que la norma sea aprobada, insisten en un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso y en endurecer las medidas contra los desahucios de familias vulnerables, y el PSOE lo rechaza porque considera que se reabriría una negociación que costó un año cerrar.
El escollo del gasto en Defensa
Con todo, está por ver si ambos socios de coalición vuelven a enzarzarse en lo referido a la Defensa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con la OTAN a elevar al 2% del PIB la inversión en esta materia para 2029, por lo que en 2023 ya se debería comenzar a aumentar el gasto militar. Esto, sin embargo, choca frontalmente con los postulados de Unidas Podemos, que además insiste en que un aumento del gasto militar dificultaría que ERC o EH Bildu apoyaran los Presupuestos. Por ello, previsiblemente el Gobierno optará por realizar ese aumento a través de un plan especial que compute en los Presupuestos, pero no en el techo de gasto, que para el año que viene volverá a ser récord: 198.221 millones de euros, un 1,1% que en 2022.
En cualquier caso, desde el PSOE no pierden la esperanza de convencer a los morados. Para ello, el jefe del Ejecutivo comenzó hace semanas a desplegar nuevos argumentos que justifiquen su postura, que van desde los puestos de trabajo que genera la industria -una tesis difícil de rebatir por la propia titular de Trabajo- hasta la labor de ciertos cuerpos, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), que en los últimos años ha tenido especial relevancia con sus actuaciones en la pandemia de coronavirus, pero también en los incendios que han asolado España este verano.
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