La Comunidad prepara más derribos de pisos afectados por la 7B y evalúa los daños en otros

  • Este viernes se ha comunicado a los vecinos el próximo derrumbe de casas de la calle Presa 17, 19, 21, 23, 25 y 27.
  • Se están revisando las casas de los números 2, 4 y 6 de la calle de Pablo Olavide con el fin de diagnosticar su estado.
Imagen de una de las calles de San Fernando de Henares afectadas por la línea 7B de metro.
Imagen de archivo de la calle Presa de San Fernando de Henares en la que se ven algunos de los edificios residenciales que van a ser demolidos.
Javier Lizón/ Efe
Imagen de una de las calles de San Fernando de Henares afectadas por la línea 7B de metro.

La Comunidad de Madrid ha comunicado este viernes que "en los próximos meses" se procederá a la demolición de más viviendas de San Fernando de Henares que han sufrido daños por la línea 7B de Metro de Madrid. Se trata de las casas situadas en los números 17, 19, 21, 23, 25 y 27 de la calle Presa, que llevan meses desalojadas y que están, según ha señalado el Ejecutivo en un comunicado, "completamente vacías". 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras se ha reunido este viernes con las familias propietarias de estos inmuebles para informarles de que ha recibido la declaración de ruina de los mismos por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Es un dictamen que el Gobierno regional había solicitado en marzo y junio de este año, según se ha incidido desde el departamento que dirige David Pérez. 

Recibida esta documentación, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras modificará la emergencia original y procederá a la redacción de los proyectos de demolición. Posteriormente se pedirá la autorización al Consistorio de San Fernando de Henares para ejecutar los mismos, algo que se prevé que suceda en los próximos meses. 

Esta información ha sido trasladada este viernes a los vecinos perjudicados durante una reunión en el Consistorio de la localidad a la que han asistido el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, Carlos Díaz-Pache, y el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, según se ha detallado desde Transportes. 

Ambos responsables también se han sentado este viernes con las 14 familias desalojadas de los portales 1 y 2 del número 7 de la calle de Rafael Alberti que fueron desalojadas la semana pasada junto a otros 16 núcleos familiares de los portales 3 y 4. En un primer momento, la Comunidad solo iba a realojar a este segundo grupo de personas, pero a petición del Ayuntamiento de San Fernando, que vio partes "muy dañadas" y declaró la  ruina física inminente de toda la finca, se decidió que la totalidad del edificio quedara vacío. 

En los últimos días, desde el área de Infraestructuras se han estado realizando trabajos en el exterior de los portales 1 y 2 y la Comunidad considera que ambos son seguros. Por ello han comunicado a los vecinos que se ha pedido al Consistorio "la reversión" de la declaración de ruina. "Se ha ejecutado un acceso seguro a sus viviendas y garajes según establecía el decreto 1753/2022 de 16 de septiembre del Ayuntamiento", han indicando desde el Gobierno para justificar la decisión.

Esta jornada de reuniones es la segunda que Díaz-Pache y Núñez mantienen en San Fernando esta semana porque, según la consejería, los dos estuvieron el pasado lunes con los vecinos de los números 2, 4 y 6 de la calle de Pablo Olavide, muy cercana a Presa y Alberti. A estos propietarios se les comunicó que sus casas "se están revisando" con el fin de poder "diagnosticar" si hay daños en su estructura.

Más de 30 indemnizaciones

"La Comunidad de Madrid no se está escatimando ningún recurso humano y económico para solventar cuanto antes esta situación", han insistido desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Este departamento tiene que tramitar en los próximos seis meses, al menos, 31 expedientes de responsabilidad patrimonial por los daños causados por la línea 7B a decenas de vecinos de San Fernando. 

Veinticuatro de ellos corresponden a las familias que fueron desalojadas en septiembre del año pasado y cuyas casas fueron derribadas la pasada primavera. Los próximos derribos en la calle Presa supondrá siete expedientes más a otras tantas familias, que en este momento tienen cubiertos los gastos de alojamiento, manutención, suministros y servicio de guardamuebles, ya que cuando se fueron de sus casas pudieron sacar sus pertenencias. 

No sucedió lo mismo con los vecinos desalojados hace ahora un año, a los que tan solo se les dio 30 minutos para sacar sus enseres en febrero de 2022, cinco meses después de haber salido de sus casas y algo más de dos antes de que quedaran reducidas a escombros. 

Mónica Tragacete
Redactora '20minutos'

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y conocí el oficio y el valor de la información local en 'Heraldo de Aragón'. Sigo aprendiendo cada día, ahora mientras escribo sobre la actualidad de la Comunidad de Madrid.

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