La ministra de Transportes "espera" aprobar la ley de Vivienda "antes de fin de año"

La ley de Vivienda sigue atascada. Pese a estar comprometida su aprobación en el Plan de Recuperación que España firmó con Bruselas para recibir los 140.000 millones de fondos europeos, al Gobierno le está costando recabar los apoyos necesarios para aprobarla en el Congreso de los Diputados, algo que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "espera" lograr "antes de fin de año". Para ello, deberá convencer a Unidas Podemos y a ERC, que piden más ambición.

“Soy optimista, espero poder aprobarla antes de fin de año”, ha lanzado Sánchez, que ha obviado que según el compromiso adquirido con Europa el articulado debía haber recibido luz verde antes del 30 de septiembre. En el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, sí ha reconocido que las negociaciones están siendo “arduas”. Y es que, el texto ha recibido más de 800 enmiendas de los grupos, entre ellos de Unidas Podemos, pese a que el proyecto de ley es conjunto entre los ‘morados’ y el PSOE, algo en lo que ha incidido la ministra.

De todas ellas, la mitad ya se han transaccionado. Esto es, que se ha llegado a un acuerdo entre lo que pedían los grupos y el Gobierno. Eso sí, todavía faltan flecos por definir. En el caso de las peticiones moradas, destaca la petición de que todos los propietarios, tanto grandes como pequeños, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.

Este cambio que quiere realizar Unidas Podemos es clave, ya que supone ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos. En la negociación que tuvo lugar en el seno del Gobierno para diseñar la ley de vivienda, el PSOE se resistió hasta el final a establecer medidas que obligaran a rebajar los precios a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos en zonas especialmente tensionadas. De hecho, lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler: las personas físicas, tuvieran los pisos que tuvieran, solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.

“Todos estos extremos están todavía en la mesa de negociación”, ha declarado Sánchez, que ha recordado que en el proyecto de ley ya se introdujeron los criterios para mantener la subida de los alquileres: obligación para grandes tenedores y beneficios fiscales para dar incentivos. Eso sí, en la actualidad se está volviendo a negociar sobre cuándo se puede considerar a alguien gran tenedor, cuyos requisitos tanto UP como ERC quieren rebajar. En la redacción actual, gran tenedor es aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metro cuadrados de uso residencial.

Con todo, la negociación de la ley de vivienda ha sido peliaguda desde el principio. Prueba de ello es que PSOE y Unidas Podemos tardaron todo un año en acordar un texto conjunto, pese a que se habían fijado un plazo inicial de cuatro meses para redactarlo. Tras pasar por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley llegó al Congreso en febrero y superó en marzo su primer escollo parlamentario. Pero desde ahí, parálisis: desde abril, cuando se cerró el plazo para presentar enmiendas, los grupos no han sido capaces de consensuar aún un documento conjunto.