Los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado esta madrugada un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado. Este acuerdo se formalizará durante una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en unas horas y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación, según han confirmados fuentes de Moncloa.

Las nuevas cuentas contarán con un gasto récord para el último año de la legislatura. El proyecto tendrá un techo de gasto de 198.221 millones de euros -un 1,1% más que el año pasado- e incluirá avances en la ley de familias y en fiscalidad, ya que algunas de las medidas pactadas la semana pasada se trasladarán a las cuentas públicas.

Estos Presupuestos serán los terceros de la coalición y tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, los llevará al Congreso de los Diputados, donde el proyecto de ley deberá cosechar más síes que noes. Las anteriores cuentas públicas de este Gobierno lograron mayorías más amplias que la necesaria y repetirlas será un reto para la coalición en las próximas semanas para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2023.

Durante la jornada del lunes ni en público ni en privado había dudas sobre que el Ejecutivo iba a llegar a un acuerdo. En la mañana del lunes, desde Ferraz, cuartel general de los socialistas, casi se daba por hecho. Fuentes moradas, por su parte, negaban a última hora del lunes que la negociación de Presupuestos estuviera cerrada, aunque admitían que apenas quedaban unos flecos por pactar. 

A última hora del lunes no se había decidido si el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda se reunirían este martes por la mañana antes del Consejo de Ministros para dar las últimas pinceladas al proyecto, como sí se ha hecho en los dos últimos años. No obstante, fuentes conocedoras de la negociación lo consideraban probable.

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El asunto más relevante para los morados que quedaba sin resolver a última hora del lunes era el futuro de la ley de vivienda, que lleva más de medio año empantanada en el Congreso por la negativa de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos a aprobarla sin profundizar en las medidas de protección a los inquilinos. El socio minoritario de la coalición, a grandes rasgos, busca una regulación de los precios del alquiler que obligue a limitar precios también a los pequeños propietarios, así como una mayor restricción de la posibilidad de ejecutar desahucios o una disposición para obligar a la Sareb a poner la mayor parte de sus inmuebles en el mercado de alquiler social.

El PSOE, no obstante, se ha negado durante meses a negociar estas enmiendas porque considera que eso supondría reabrir una negociación con Unidas Podemos que costó un año cerrar en el seno del Ejecutivo. Y en las conversaciones para los Presupuestos, la posición de los socialistas no ha cambiado, por lo que -salvo sorpresa- las cuentas llegarán al Consejo de Ministros sin que haya habido ningún avance de calado para desbloquear la ley de vivienda y modificarla en la dirección que plantea Unidas Podemos.

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El desencuentro entre los morados y los socialistas es evidente en esta cuestión y en los últimos días no solo no se ha reducido, sino que ha ido a más. Fuentes de Unidas Podemos se quejan de que el PSOE está virando precisamente en la dirección contraria a la que los morados plantean para la ley de vivienda al haber propuesto en el Congreso un mecanismo legal para permitir desahuciar en 48 horas a personas que okupen casas vacías. A la formación morada no le gusta la medida porque, apuntan, muchas de las familias que okupan viviendas que no son residencias habituales lo hacen por necesidad económica. Pero, sobre todo, Unidas Podemos critica que el PSOE ponga el foco en una cuestión que, estadísticamente, es un problema minoritario.

Desbloqueo en la ley de familias

La otra gran reclamación de los morados a nivel legislativo, la puesta en marcha de la ley de familias elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, parece ir mejor encaminada. Sobre la mesa de negociación ha estado la extensión a las madres sin contrato laboral de la ayuda de 100 euros por hijo menor de tres años a cargo que actualmente ya cobran las madres con trabajo remunerado, así como medidas como la equiparación de las familias monoparentales a las familias numerosas a la hora de acceder a ayudas públicas o la extensión de los permisos de maternidad y paternidad a seis meses.

Fuentes conocedoras del contenido de la negociación sí confirman que PSOE y Unidas Podemos han pactado otra de las reivindicaciones moradas: la reversión del recorte en la prestación por desempleo que aprobó el Gobierno del PP en 2012. Desde ese año, los parados cobran el 70% de su base reguladora durante los seis primeros meses de prestación y, a partir del séptimo mes, pasan a cobrar solo el 50%. Y lo acordado para el año que viene es que la reducción a partir del séptimo mes sea a tan solo el 60% de la base reguladora, como estaba establecido hasta hace una década.

El aumento en Defensa se hará fuera de Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con la OTAN a elevar al 2% del PIB la inversión en esta materia para 2029, por lo que en 2023 ya se debería comenzar a aumentar el gasto militar. Esto, sin embargo, choca frontalmente con los postulados de Unidas Podemos, que además insiste en que un incremento así dificultaría que ERC o EH Bildu apoyaran los Presupuestos. 

La solución encontrada es que ese aumento se hará a través de partidas extraordinarias a lo largo del año y no fijadas en los Presupuestos. "El presidente y el PSOE siempre cumplimos con nuestros compromisos", garantizaba este lunes Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas.

Precisamente, en la noche de este lunes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, confirmó en una entrevista en la Cadena Ser que la negociación de Presupuestos no se ha basado en Defensa, sino en lo que preocupa a la ciudadanía en su "día a día" y, aunque no quiso profundizar en los escollos que podrían dificultar la aprobación de las cuentas, sí nombró los desacuerdos de los socios del Gobierno sobre vivienda, "uno de los principales problemas que tiene este país". Díaz dijo que extender la negociación a la noche del lunes "no es una sobreactuación del desencuentro", pero admitió que "hay materias muy importantes para la ciudadanía sin resolver" y en las que PSOE y Unidas Podemos tienen "miradas diferentes".