El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) con grado universitario en el cuerpo de Secundaria. Cumplen así con una reivindicación histórica del sector y completan el proceso iniciado con la LOMLOE, que fijó que todos los docentes con un título universitario (o equivalente) que impartan clases en centros de FP pasarán automáticamente al grupo A1 y, por ende, a cobrar lo mismo que el resto de profesores de esa categoría. 

Una vez aprobado el real decreto que contempla ese cambio, la pelota pasa a las comunidades autónomas, que serán ahora las encargadas de abrir una convocatoria pública para que estos docentes puedan pedir su integración al cuerpo de secundaria. Cabe recordar, además, que la medida tendrá efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la ley (enero de 2021). Es decir, los funcionarios que cumplan las condiciones, recibirán la diferencia salarial correspondiente al año y medio que ha transcurrido. 

El plazo se ha alargado más de lo esperado -hace casi dos años que entró en vigor la nueva ley educativa-, pero supone un cambio significativo para los aproximadamente 25.000 docentes que cumplen con los requisitos para pasar del grupo profesional A2 a inscribirse en el A1. La medida responde sobre todo a la injusticia que los docentes técnicos de FP (los que tiene un grado universitario) venían denunciando en los últimos años; ya que estaban siendo considerados como una categoría inferior a los profesores del cuerpo de Secundaria, pese a tener el mismo nivel de estudios. 

Educación presentó en julio un primer borrador a las comunidades autónomas

Suponía, además, un prejuicio económico, pues sus salarios eran significativamente menores solo por el mero hecho de impartir en un centro de FP. La diferencia salarial, según explicó a 20minutos el responsable del Área de Política Educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i), José Ramón Merino, es de aproximadamente 150 euros al mes. 

Una desigualdad "importante", pero que no es la única, ya que un salario inferior desemboca en una serie de condiciones laborales (como acceder a jefe de departamento o cobrar una pensión diferente), que pueden acabar suponiendo unos 300 euros mensuales de diferencia. 

El proceso se hará mediante la convocatoria que abrirán las administraciones autonómicas competentes hasta el 19 de enero de 2026, un plazo extenso aplicado para dejar cierto margen a aquellos docentes que carecen a día de hoy de la titulación necesaria.