Barcelona

Entidades sociales exigen que Barcelona anule un congreso inmobiliario en el que participan fondos buitre

Concentración de activistas por el derecho a la vivienda este miércoles contra la celebración en Barcelona del congreso inmobiliario The District.
ACN

Entidades sociales a favor del derecho a la vivienda como el Sindicat de Llogateres o Raval Rebel han pedido este miércoles al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que anulen el congreso inmobiliario The District porque participan fondos buitre, dicen, como la empresa Blackstone. 

El evento, que se ha de celebrar del 19 al 21 de octubre en Fira de Barcelona, se define en su página web como una encuentro con más de 200 empresas y 7.000 profesionales del sector. Las entidades consideran que ceder las instalaciones de Fira es “ser cómplice” de especuladores que encarecen los precios de la vivienda y que desahucian a familias, y han amenazado con boicotear el evento: “Si no lo cancelan ellos, lo haremos nosotros”.

Las entidades consideran que ceder las instalaciones de Fira es “ser cómplice” de especuladores que encarecen los precios de la vivienda y que desahucian a familias

Una treintena de personas se han reunido este miércoles por la mañana frente a Fira de Barcelona, donde se ha de celebrar el congreso inmobiliario The District, para calificarlo de “reunión de especuladores" y reclamar a las administraciones que lo cancelen.

Tres portavoces de las entidades han leído un manifiesto en el que han señalado a la responsabilidad de Ada Colau y Roger Torrent como presidenta y vicepresidente del Consell d’Administració de Fira de Barcelona por permitir la celebración de este congreso, que según declaran, tiene como objetivo que las grandes entidades financieras y fondos de inversión “se reúnan para elaborar estrategias para continuar especulando y profundizando en los procesos de empobrecimiento de la población”.

Los portavoces de las entidades han expuesto que la ciudad vive “momentos de asfixia debido a la especulación, ya que encabeza los precios de todo el Estado en vivienda y alimentación, y se ejecutan más de 20 desahucios cada día”. 

En Barcelona se ejecutan más de 20 desahucios al día, denuncian las entidades sociales contrarias a la feria The District

En este contexto, denuncian que las entidades que participan en The District han tenido “beneficios millonarios mientras que miles de familias no llegan a los mínimos de subsistencia y las administraciones, a todos los niveles, incumplen el deber de hacer efectivos los derechos humanos fundamentales”.

Entre los firmantes del manifiesto están la CUP, la PAH, la CGT y una treintena de sindicatos a favor del deecho a la vivienda de Barcelona.

Según los organizadores del congreso, The District es un encuentro entre grandes corporaciones, banca, entidades públicas, fondos de inversión y consultoras para definir las estrategias del futuro del sector. El evento está organizado con la colaboración de diferentes entidades -a quien las entidades consideran especuladores y fondos buitre- y también colaboran administraciones públicas.

Posible boicot al salón

“No compartiremos nada sobre nuestras acciones”, ha dicho este miércoles la activista Shiomara Panxo después de convocar a los vecinos a acudir el 19 de octubre a las 9 de la mañana a la puerta de Fira de Barcelona para impedir la celebración del congreso, asumiendo que las autoridades ignorarán su petición de cancelación. “No queremos dar pistas al enemigo. Pero estamos dispuestos a poner nuestros cuerpos para impedir que se haga”, ha comentado otra de las manifestantes presentes.

Las tres activistas que han leído este miércoles el manifiesto contra la feria The District. En el centro, Shiomara Panxo.
ACN

El caso de Shiomara

Shiomara ha explicado su propio caso como afectada. Vive en un piso okupado en Nou Barris. Después de estar viviendo en la calle, entró a la vivienda en febrero de 2018 pagando 1.200 euros a una mafia por las llaves. “Ya sabía que era una mafia y que estaba okupando un piso. Pero  fue la propia asistenta social la que me dijo que okupase porque no había otra alternativa”, ha dicho.

Dice que lleva cuatro años intentando pactar un aquiler social con la Sareb, a quien pertenece el piso, pero que después “de perseguir durante años” al Consorci d’Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona y a la Taula d’Emergència no lo ha conseguido. “Tengo trabajo e ingresos. Solo quiero pagar un alquiler razonable”, asegura.

Ahora se enfrenta a un proceso de desahucio porque la Sareb quiere recuperar el inmueble. Explica que el primer intento se paró hace unas semanas desde los servicios sociales porque presentó una declaración de vulnerabilidad, pero añade que el próximo 4 de noviembre se producirá el segundo intento, según le han notificado.

“Se supone que la Sareb es un banco público y no hay manera de pactar un alquiler social con ellos. Y es un banco controlado por las administraciones, que no hacen nada”, concluye.

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