El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha.
Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han presentado por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley que han sido rechazados en el pleno.
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja. entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021. Sin embargo, dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos acercaron posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
Víctimas hasta 1983
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese análisis deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".
Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.
Ilegalidad de los tribunales franquistas
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales, que finalmente se reconocerán como ilegales.
Con Más País y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, al declarar como "víctimas" a "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".
Asimismo, con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos o efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
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