Los Presupuestos reflejan prioridades políticas mejor que ninguna otra ley, y los del año que viene ofrecen una imagen clara. El proyecto presentado para 2023 contempla un incremento de 400 millones para becas al estudio, que con otras políticas de juventud alcanzan poco más de 15.000 millones. Por su parte, la partida dedicada a las pensiones crece un 11,4%, hasta llegar a 190.000 millones de euros. Casi la mitad del gasto presupuestario total se empleará en financiar las pensiones y la deuda pública que heredaremos los más de nueve millones de jóvenes de entre 16 y 30 años que tiene España, casi tantos como pensionistas.

De estos datos surgen dudas legítimas sobre la justicia generacional de un sistema que no solo resulta cada vez más insostenible e hipoteca el futuro de los jóvenes, sino que demuestra una profunda falta de solidaridad. Sin embargo, lo cierto es que este debate se presenta a menudo bajo un marco engañoso, una falsa dicotomía. Los jóvenes no pedimos privilegios; tan solo buscamos desplazar la atención hacia una verdad incontestable: hoy la juventud española convive con un escenario mucho más inestable que nuestras madres y padres.

El gasto en pensiones subirá un 11,4% en 2023 y supondrá un desembolso total de 190.687 millones de euros

Los años más duros de la crisis económica se cebaron especialmente con los jóvenes, sumiendo a varias generaciones en una precariedad que continúa lastrándolas más de una década después. Crecimos con el relato de que nadie nos regalaría nada, pero que nuestro esfuerzo se vería recompensado. Nos decían que lo que debíamos hacer era estudiar, ponernos a trabajar. Hoy son mayoría los que tienen un empleo (o varios) y no se pueden permitir soñar siquiera con acceder a una hipoteca o formar una familia.

Los jóvenes estamos cumpliendo nuestra parte del trato. Parece lógico que respondamos con indignación frente a la subida indiscriminada de las pensiones, las de 700 euros mensuales y las de 2.700. La falta de progresividad en la subida de las pensiones, cuando nuestros sueldos no han hecho más que bajar y hemos perdido un 12% de poder adquisitivo en los últimos diez años, es injusta e insolidaria además de insostenible. El grupo a proteger deberían ser las personas vulnerables, pensionistas o no.

Esto no va de quién recibe más, sino de cómo se reparte el gasto de manera equitativa

En ese principio se basa el Estado de Bienestar, que juega también un papel crucial en luchar contra la precariedad juvenil, a través de becas que nos permiten estudiar a los que no podríamos hacerlo sin ellas y amortiguan la falta de oportunidades a la que se enfrenta nuestra generación. Esto no va de quién recibe más, sino de cómo se reparte el gasto de manera equitativa.

Por tanto, la pregunta que ponemos encima de la mesa es pertinente, aunque resulte incómoda en los cálculos electoralistas de los partidos: ¿es sostenible un sistema de pensiones basado en trasladar los problemas a los que vienen después? De lo que saquemos en limpio entre todos de este debate depende cómo quedará el país que heredamos.