La aportación del Gobierno para la financiación del bono social térmico crecerá un 62% el año que viene en 2023 y se situará en 255 millones de euros, los que tiene consignados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para ayudar a los consumidores más vulnerables a pagar las facturas de calefacción y agua caliente, para aseo o cocina.

Esta cantidad se distribuirá en ayudas directas a los hogares en riesgo de pobreza energética para garantizar el suministro de energía. En los Presupuestos de 2022, esta partida era de 157 millones y el año que viene serán 98 millones más, porque el Ejecutivo tiene en cuenta que el año que viene aumentará el número de beneficiarios.

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Esto se debe a que el primer decreto que se aprobó este año para intentar paliar los efectos de la guerra en Ucrania sobre el precio de la energía que amplió los beneficiarios de esta ayuda. Se elevó el nivel de renta de las personas que pueden beneficiarse, un incremento en un 0,3% la valoración del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para esta y otras ayudas públicas, en el caso de los adultos que habiten un hogar que lo solicite y un 0,5% en el caso de los menores que vivan en él. En las "unidades de convivencia" entre miembros de una familia o lazos de algún tipo, los ingresos de las personas que compartan casa no deberán superar los 500 euros al mes. 

Este cambio ya supuso una dotación adicional de 75 millones para el bono social térmico hasta final de este año, que será de 255 para el que viene. Estas cantidades son la aportación del Gobierno al bono social térmico que en parte también se financia entre todos los consumidores, después de que el Tribunal Supremo anulara una fórmula anterior por la que eran las compañías energéticas quienes corrían con este gasto.

Esta es una de las partidas que consta en el detalle de los Presupuestos para 2023 que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llevado este jueves al Congreso, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el martes pasado. Una vez en el Parlamento, ahora el Gobierno deberá convencer al resto de partidos para sumar una mayoría para tramitar la ley presupuestaria.

Puntos de recarga

La partida relativa al bono social térmico figura en el capítulo de "Política Energética", donde también se consignan 337 millones para la industria electrointensiva por los elevados costes de la electricidad y "con un elevado riesgo de deslocalización o fuga de carbono".

Estas empresas con un gran consumo de gas tendrán acceso a estas ayudas a través de dos líneas de subvenciones previstas en los Presupuestos de 2023: para compensarles por los costes derivados del comercio de derechos de emisión -que como el precio de la energía también están disparados y son objeto de especulación- y por la financiación del apoyo a la electricidad que se genere de fuentes renovables.

También en materia energética, las Cuentas para el año que viene consignan 2.950 millones del Fondo de Recuperación de la UE para promover las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

En concreto, 455 millones para incentivar la instalación de puntos de recarga y la adquisición de vehículos eléctricos y pila de combustible.