La ley del aborto -la que recupera el derecho a interrumpir el embarazo desde los 16 años, plantea un registro de objetores y contempla una baja por reglas incapacitantes- ha superado este jueves las tres enmiendas a la totalidad registradas por el PP, Vox y Cs. Desde posturas distintas, y con un mayor o menor respaldo al derecho al aborto, las tres formaciones no consiguieron vetar la norma que aterrizó en la Cámara baja a finales de agosto. 

Con un ambiente previamente caldeado por la ley trans (debatida esta misma mañana en el Pleno) los grupos parlamentarios se han enzarzado en una discusión que ha marcado dos bandos claros, y un tercero más ambiguo. Por un lado, los defensores de la reforma de la ley de 2010 (los grupos de izquierda); por otro, los firmes retractores del aborto o críticos con el texto que presenta el Ministerio de Igualdad (los de la derecha). ¿En medio? Ciudadanos, cuya enmienda ha ido acompañada de un texto alternativo en el que propone una regulación de la gestación subrogada "altruista".

"Si no podemos decidir cuándo ser madres, entonces no podemos desarrollar nuestros proyectos de vida en libertad", ha defendido la titular de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención. "¿Qué piensan que ocurre cuando un país no garantiza el derecho al aborto? ¿Creen que se deja de abortar? No. Prohibir o dificultar el derecho al aborto no hace que desaparezca, sino que pone en riesgo la vida de las mujeres", ha subrayado en la tribuna del Congreso.

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Las enmiendas del PP y Vox atacaban especialmente la posibilidad de garantizar el aborto libre -sin consentimiento desde los 16 años- mediante una regulación de la objeción de conciencia. Pero hay otros asuntos que se recogen en el articulado, como la implantación de una baja menstrual o la obligatoriedad de impartir educación sexual en los colegios, que también despiertan la indignación de los partidos de la derecha. 

Todo ello ha estado envuelto, además, en un constante recordatorio de que a la ley actual, la de plazos -que es la que se quiere reformar- fue recurrida al Tribunal Constitucional por los populares en 2015, aunque la justicia no se ha pronunciado todavía al respecto. También ha sido fruto de reproche que el Ejecutivo haya optado por una tramitación de urgencia (reduce los plazos parlamentarios a la mitad) y sin haber recibido todos los informes de los órganos consultivos. 

PP y Vox: dos formas distintas de posicionarse en contra

"No hay ninguna urgencia que justifique la reforma. Es un proyecto de ley innecesario e inoportuno", ha afeado la diputada del PP, Raquel González, durante la defensa de la enmienda de su partido. El haber tomado este camino legislativo se debe, según ha acusado, al "temor" y la "convicción" de que "la legislatura toca a su fin". 

Menos directa ha sido respecto a la posición de su partido con el aborto. Han pasado siete años desde que recurrieron la norma vigente y, en ese transcurso, la postura de la formación se ha ido difuminando. Por ello, tanto su enmienda como el discurso de este jueves ha tratado de pasar a pies juntillas por el tema del consentimiento del aborto libre per se, y se han centrado más en criticar el consentimiento a menores, la eliminación de los tres días de reflexión y la creación de un registro de objetores que tachan de "lista negra". 

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En un extremo mucho más duro, Vox ha acusado al Gobierno de promover "la cultura de la muerte". "El aborto no es un derecho", defienden en su enmienda. Así, la diputada Lourdes Méndez ha avanzado que, tal y como ha ocurrido recientemente en Estados Unidos con la derogación del cas 'Roe contra Wade', los de Abascal iban a revertir cualquier avance en España. "Ellos tardaron 50 años. Nosotros tardaremos menos", ha sentenciado. 

Cs exige regular los vientres de alquiler "altruistas"

Sara Giménez, la diputada de Ciudadanos, ha aprovechado su intervención para dar una de cal y otra de arena. Comparte los puntos fundamentales de la ley del aborto -legalmente conocida como la de salud sexual y reproductiva-; pero cree necesario aprovechar la iniciativa para incluir una regulación de los vientres de alquiler. Hablan en su enmienda de "gestación por sustitución altruista" y proponen todo un procedimiento a implantar en España: con un registro de "mujeres gestantes" y un contrato con los "progenitores subrogantes".

"Hay familias que recurren a la gestación subrogada altruista para conformar su familia. ¿Por qué nosotros podemos formar una familia y ellos no?", ha aseverado Giménez en el Pleno, donde ha insistido en subrayar la "evolución" de los modelos de familia en los últimos años.