Esta semana se ha anunciado el acuerdo del Gobierno de España sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y hay una conclusión inicial: se trata de un presupuesto récord en inversión (que no gasto) social. Estos PGE ponen el dinero al servicio del bienestar común y de políticas progresistas para quienes más necesitan que el Estado les ayude a superar situaciones económicas adversas. Y lo hace de la mejor manera posible: invirtiendo la recaudación, los impuestos de todos, de vuelta a la ciudadanía. Pero no al servicio de una élite a la que alguna comunidad le rebaja o suprime impuestos, sino al servicio de la inmensa clase media y trabajadora y de quienes más lo necesitan. Lo de todos (los impuestos) para todos. 

Poner delante de toda la inversión social y los mecanismos de soporte para la clase media y trabajadora

La recaudación impositiva revirtiendo en forma de inversiones y políticas que reduzcan las desigualdades. Como la decisión de ampliar al 2023 la gratuidad de los transportes de Cercanías y Media Distancia. Esta decisión, que afecta al bolsillo de familias, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, ejemplifica el sentido de una política fiscal e impositiva progresista y con retorno social. Por eso, también se contempla un impuesto a grandes rentas del capital, porque si en un contexto habitual es normal que quien más tenga más contribuya, en períodos de crisis es aún más necesario que se refuercen los mecanismos de solidaridad. En un escenario de crisis, la capacidad de retorno a la sociedad de los impuestos vía unos PGE de inversión social y medidas de ayuda para mitigar el aumento de los precios deviene un elemento determinante. Para que pague más quien más tiene y para poner delante de toda la inversión social y los mecanismos de soporte para la clase media y trabajadora y para quienes más lo necesitan por encontrarse en riesgo o vulnerabilidad económica.