Ayuso recurrirá ante el Constitucional el "impuesto de solidaridad" del Gobierno

  • El Gobierno regional asegura que genera un conflicto de jerarquía normativa con las leyes autonómicas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fotografiada durante una comparecencia reciente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fotografiada durante una comparecencia reciente.

El Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso volverá a acudir al Tribunal Constitucional. En este caso, recurrirá el impuesto para las grandes fortunas que quiere instaurar el Ejecutivo de Pedro Sánchez bajo el nombre de "impuesto de solidaridad", un tributo que tendrá una duración temporal de dos años y se aplicará solo a patrimonios netos superiores a tres millones.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien ha avanzado que el argumento que esgrimirá ante el Alto Tribunal, una vez se apruebe ese tributo a través de una ley estatal (ordinaria), es que genera un conflicto de jerarquía normativa con la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, "lo que se estarían invadiendo competencias", ha explicado.

Una vez que el Gobierno central apruebe esta ley, ha desgranado Ossorio, "los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid confirmarán las causas de inconstitucionalidad y en ese momento el Consejo de Gobierno aprobará la presentación del recurso, tal y como ha sucedido hace poco con el recurso contra el decreto de ahorro energético".

El vicepresidente ha advertido que el cálculo de pérdida de ingresos que podría conllevar el impuesto supondría que alrededor de 13.000 personas que viven en Madrid decidan marcharse ante el agravio que les generaría.

"Conocemos en qué va a consistir el impuesto, hay un PowerPoint que facilitó el Ministerio de Hacienda y, basándonos en ese, y a los datos que ellos reflejan, calculamos estas pérdidas de contribuyentes y de recaudación", ha añadido Ossorio, que cifra en unos 5.000 los millones de euros que dejarían de entrar en las arcas madrileñas.

Para el Gobierno regional es un impuesto "muy negativo" para la Comunidad de Madrid y los madrileños", que provocará una menor recaudación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Ayuso acusó la semana pasada al Gobierno de "canibalismo fiscal" y calificó este impuesto de "chapuza". "Desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años", señaló.

"Un modelo más justo"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que este nuevo impuesto concebido como "un esfuerzo añadido, adicional para aquellos que tienen mayor capacidad económica", forma parte de un paquete fiscal que reportará unos ingresos fiscales netos de 3.144 millones de euros en los dos próximos años, logrando "un modelo más justo" de sociedad.

Así, el denominado como impuesto de solidaridad gravará en un 1,7% a los patrimonios de entre tres y cinco millones de euros, en un 2,1% a los que oscilan entre los cinco y los 10 millones de euros y en un 3,5% a los que superan los 10 millones. Según cálculos del Ejecutivo, afectará a cerca de 23.000 contribuyentes.

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