El invierno cada vez está más cerca y los consumidores ya miran de reojo los termostatos de sus hogares ante el miedo de la factura que recibirán cuando el frío llegue definitivamente y deban encender la calefacción. Ante el precio disparado de la luz, el gas y el combustible, agravado por la perpetuación de la guerra en Ucrania, el Gobierno ha aprobado este martes el Plan Más Seguridad Energética (P+SE) para "reforzar la protección de los ciudadanos ante estas subidas". 

La iniciativa, presentada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras la reunión del Consejo de Ministros, también busca "reducir el consumo de gas, mejorar la autonomía en el sector, aumentar la competitividad de la economía y elevar las exportaciones energéticas". Para lograrlo, han elaborado este documento con 73 medidas dirigidas tanto al consumidor como a la empresa pública y privada, con la "asequibilidad" y la "solidaridad con los demás europeos" en el centro.

Las medidas supondrán un ahorro de entre un 5,1% y un 13,5% en el consumo de gas natural desde agosto de 2022 y marzo de 2023. No obstante, el porcentaje final dependerá de la implicación de todos los agentes, esto es, del nivel de compromiso adoptado por las administraciones, la industria, las empresas y los hogares con el contenido del texto. 

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El plan incluye también algunas acciones puestas en marcha por el Ejecutivo, como la rebaja del 21% al 5% del IVA del gas, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre y que estará en vigor hasta diciembre. Además de esta medida, estas son algunas de las disposiciones concretas planteadas por el Ejecutivo, con un mayor impacto sobre el consumidor:

Calderas comunitarias, bono térmico y bono eléctrico

Una de las acciones del Gobierno pasa por proteger a los consumidores domésticos de gas que formen parte de comunidades de propietarios con calderas comunitarias. Gracias a ella, 1,6 millones de hogares podrán ahorrar en la factura de estos dispositivos hasta "un 55%", de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo. 

Asimismo, el plan prevé ampliar el bono social térmico y eléctrico que reciben los consumidores perceptores del Bono Social de Electricidad. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 ya recoge que la dotación del primero, para paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, subirá un 62%, hasta los 255 millones, por el incremento de los beneficiarios potenciales.

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El Ejecutivo no detalla exactamente cómo extenderá las ayudas en estos bonos, pero afirma que, con las medidas aplicadas hasta el momento y las que se pondrán en marcha, los ciudadanos vulnerables percibirán un descuento en la electricidad del 65% y los vulnerables severos, del 80%.

Además, el P+SE busca fomentar la instalación voluntaria de repartidores de costes en las instalaciones centralizadas de calefacción y comprende también la instalación de contadores inteligentes de gas natural. El Gobierno hará frente a su corte, para lo que destinarán unos 40 millones de euros en los años 2023 y 2024.

Apoyo al autoconsumo y las renovables

Otra de las voluntades del Gobierno de Pedro Sánchez es potenciar el autoconsumo en viviendas, administraciones públicas y empresas de distintos sectores. Para lograrlo, los programas destinados a este objeto recibirán una ampliación de 500 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta cantidad se suma a la ya distribuida de este fondo entre las comunidades autónomas: la mitad de los 1.100 millones presupuestados.

Asimismo, las familias recibirán apoyo fiscal para implantar sistemas de climatización y calentamiento de agua a partir de renovables, en sustitución de los que emplean combustibles fósiles. Con esta idea, aúnan la ayuda a los ciudadanos y la reducción de costes asociados a los elevados precios del gas con la disminución de la dependencia energética y las emisiones.

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En esta línea, el plan también recoge un incremento de 1.000 millones de euros en la dotación del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, con el fin de aumentar la autonomía estratégica.

Transparencia en las facturas

A su vez, para reforzar la capacidad de los ciudadanos en la toma de decisiones, el documento contempla la obligación de las comercializadoras de incluir en sus facturas información adicional. Esto afecta a los clientes de energía eléctrica con potencia contratada menor o igual a 15 kW y de gas natural con un requerimiento inferior a 50.000 KWh anuales. Entre estos datos, deberá figurar una comparativa del consumo con residentes con gastos similares en el mismo código postal y consejos para ahorrar.

Además, el texto recoge una estandarización de la forma en que se detalla el efecto en las facturas eléctricas del "mecanismo ibérico" que topa el gas para generación eléctrica.

Campañas de sensibilización

El proyecto también comprende campañas de sensibilización orientadas a todos los segmentos de la población, por lo que se prevé su difusión en los distintos medios de comunicación: televisión, radio, prensa, publicidad exterior e internet. Servirán para divulgar el uso eficiente de la energía, así como para informar sobre los diferentes planes, líneas de actuación y programas de ayudas a disposición de los ciudadanos para fomentar el ahorro, la eficiencia energética y el empleo de renovables en el entorno doméstico.

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En paralelo, se prevé activar una campaña con distintos sectores profesionales y empresariales para aprovechar su experiencia y especialidad, su capilaridad en el territorio y su capacidad de incidencia sobre sus clientes, plantillas y colaboradores. Se complementará con otra sobre oportunidades para la transición energética.

Empresas y Administración

Más allá de las disposiciones centradas en la población, la Administración no escapa a los objetivos del programa. Así, este prevé extender al resto de administraciones del Estado el Plan de ahorro de la Administración central, y también incorpora un proyecto de sustitución del alumbrado público, dotado con 100 millones de euros y un nuevo reglamento para ser más eficientes.

En el caso de la empresa privada, se plantea el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las pymes con un "kit verde", para que implanten renovables y medidas de ahorro con líneas de ayudas que se suman a las ya existentes. Para las empresas de mayor tamaño (a partir de 50 millones de euros de facturación o más de 250 trabajadores, obligadas desde 2016 a elaborar auditorías energéticas), se les propone la elaboración y publicación de planes de contribución al ahorro, incluidas medidas identificadas con mayor rentabilidad y viabilidad en el corto plazo.

Solidaridad con Europa

Entre las acciones del P+SE, se encuentran varias destinadas a incrementar la solidaridad con Europa. Una de ellas busca aumentar la capacidad exportadora de gas a Francia hasta 40 GWh/día, lo que representa un aumento del 18% y un 6% del consumo galo. La medida consiste en aprovechar al máximo la infraestructura existente de interconexión con el país vecino y, para ello se podría utilizar el motocompresor de reserva de la estación. 

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Además, el texto hablar de incorporar a la red la regasificadora española El Musel, en Gijón, para poner a disposición de los Estados miembros almacenamiento adicional y de incrementar la capacidad exportadora de gas a Italia desde los puertos de Barcelona y Cartagena (Murcia). 

Asimismo, pretende impulsar el corredor ibérico de hidrógeno como una interconexión gasista de alrededor de 230 GWh/d entre España y Francia. El proyecto, contemplado en el plan de la Comisión Europea REPowerEU, consta de dos fases: la primera será de transporte de gas -y permitirá doblar la capacidad actual de exportación al país galo- y la segunda, de hidrógeno.