La gran crisis económica de 2008 fue un trauma colectivo que está marcado a fuego para toda una generación que ahora ya pasa de los treinta. Un drama cuyas consecuencias aún perduran y que quienes ahora están en su plena juventud o apenas iniciándose en ella todavía sufren. Los jóvenes fueron quizá el colectivo que ha quedado peor parado de los años de recesión, desempleo y bajadas salariales que siguieron a 2008. Desde esa fecha, sus salarios se han devaluado en términos reales más que los de cualquier otra franja de edad y, además, se han encontrado con una dificultad añadida: el acceso a la vivienda, que ya era difícil cuando estalló la crisis, se les ha complicado en todo el país. Desde 2008, el alquiler medio ha crecido ocho veces más rápido que los salarios de los jóvenes.

Los últimos datos disponibles señalan que el salario medio bruto de la población de entre 25 y 34 años se incrementó un 4,6% entre los años 2008 y 2020 (último dato por edad disponible). Las rentas del trabajo en esta franja de edad pasaron de los 19.206 euros anuales, cuando estalló la crisis, a 20.091 el primer año de la pandemia. Una diferencia que queda casi tres veces por debajo de la inflación registrada en ese periodo. En cambio, el precio medio del alquiler, medido según el portal inmobiliario Idealista, se disparó un 38,5% entre 2008 y 2020, pasando de 8,1 a 11,3 euros por metro cuadrado.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, tanto los alquileres como los salarios de los jóvenes se hundieron durante varios años. Sin embargo, los alquileres comenzaron a dispararse de nuevo a partir de 2016 a una velocidad que los sueldos nunca han llegado a alcanzar.

Es previsible que esta brecha se haya reducido en 2021 y 2022. En los dos últimos años, los precios del alquiler se han moderado algo por la pandemia, mientras que es probable que los salarios de los jóvenes hayan repuntado tras las últimas subidas del salario mínimo. Sin embargo, aun en el hipotético escenario de que los sueldos de 2020 se hubieran incrementado al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional, la subida del alquiler seguiría triplicando la de los sueldos jóvenes.

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Fuerte disparidad territorial

Una de las características principales del mercado inmobiliario es que sus dinámicas pueden variar mucho incluso de un barrio a otro. El mercado del alquiler es muy diferente entre comunidades, provincias, municipios e incluso distritos de una misma ciudad. Y esto condiciona el acceso a la vivienda. Los mayores problemas se concentran en las grandes capitales. 

Si se toman, de nuevo, datos del portal Idealista, se puede comprobar cómo en ninguna de las cuatro ciudades más pobladas de España (por este orden, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) es posible alquilar un piso de tamaño y precio promedio sin gastar más del 50% del salario bruto de un joven que reside en la comunidad autónoma correspondiente.

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Por ejemplo, un madrileño de entre 25 y 34 años tendría que invertir el 55,3% de su salario mensual (1.919 euros brutos al mes en 2020) para hacer frente a un alquiler promedio de 1.022 euros mensuales debería invertir un 55% de su renta. En el caso de un catalán, ese porcentaje se elevaría al 60%, mientras que para un valenciano y un andaluz sería del 56% y el 51%, respectivamente. El Banco de España recomienda que el gasto en alquiler no supere el 35% de los ingresos mensuales de una persona.

No obstante, la imagen es algo diferente si atendemos a los datos que publica el Ministerio de Transportes, que beben de fuentes tributarias y solo abarcan el periodo 2015-2020. Esta información refleja la situación sobre el stock de viviendas ya alquiladas y no tanto la oferta disponible, pero son un registro más completo, sobre todo en las zonas menos pobladas, donde los datos de los portales inmobiliarios son menos representativos.

Los datos de este ministerio se refieren al precio del alquiler mediano (la cifra a partir de la cual se dividen en dos mitades todos los alquileres que hay en la base de datos) y no al alquiler medio, que es algo más elevado. En todo caso permiten dibujar con cierta precisión un mapa de la dificultad de acceso a la vivienda en España. 

Así, Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca y Madrid son las capitales de provincia en las que los jóvenes que residen en la comunidad correspondiente deben renunciar a más parte de su sueldo para poder vivir de alquiler. En todo caso, conviene interpretar con cautela las cifras, pues los datos de salarios que publica el INE se limitan como máximo a nivel autónomico y no llegan al detalle provincial ni municipal. En el lado contrario se encuentran Zamora, Lugo, Lérida u Oursense.

Lo que sí permiten ver los datos de Transportes es en qué provincias se han encarecido más los precios del alquiler entre 2015 y 2020. En este aspecto Baleares, con un alza del 29%, se lleva la palma, seguida por Málaga (26%), Valencia (24%), Barcelona (22%), Santa Cruz de Tenerife (22%), Castellón (21%) y Madrid (20%). En la cara opuesta de la moneda aparecen Cuenca (9%), Segovia (10%), Jaén (11%), Salamanca, Badajoz u Ourense (11% cada una).

Una ley de vivienda atascada

El problema de acceso a la vivienda es de sobra conocido, pero los partidos que forman el Gobierno de coalición no terminan de ponerse de acuerdo en la fórmula legal para abordarlo. Pese a que PSOE y Unidas Podemos aprobaron la ley de vivienda en Consejo de Ministros el pasado febrero tras una larga negociación, la norma lleva meses bloqueada en el Congreso.

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El texto introduce un mecanismo inédito en España para limitar las subidas en los precios del alquiler en zonas tensionadas. Además, incluye incentivos fiscales para que los propietarios bajen precios o se animen a sacar vivienda al mercado. 

Sin embargo, Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC o EH Bildu no terminan de ver con buenos ojos el texto que actualmente está guardando polvo en el cajón. En ERC preocupa que la norma pueda invadir competencias autonómicas en materia de vivienda, mientras que Unidas Podemos presiona para que todos los propietarios (también los pequeños) estén obligados a rebajar el precio de los alquileres y no solo a congelarlo cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado.

En todo caso, aún está en vigor el decreto que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo para combatir la inflación -como parte de las medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania- que prohíbe a los propietarios subir el alquiler por encima del 2% al menos hasta que concluya este año.