Unidas Podemos ha registrado una enmienda a la ley del PSOE contra el proxenetismo para eliminar las medidas del texto que pretenden imponer multas a los puteros. El documento, al que ha tenido acceso 20minutos, respalda su postura con los argumentos de algunas organizaciones internacionales que, más que a través de la "criminalización o sanción del cliente", piden que se desincentive la demanda de la prostitución mediante "medidas educativas y de concienciación".
La proposición de ley de los socialistas -presentada en mayo con las medidas que no consiguieron incluir en la ley del 'solo sí es sí'- ataca de frente a la prostitución. Endurece la persecución del proxenetismo y contempla "reproches penales" para las personas que acudan a esta práctica con multas y penas de prisión de hasta tres años.
La iniciativa es fruto de polémica desde su nacimiento, pues reactiva de nuevo el debate en torno a la prostitución y saca a relucir la posición de los distintos grupos parlamentarios. En Unidas Podemos (divididos entre los comunes, regulacionistas; y Podemos, abolicionistas), han dejado que la ley avance en su tramitación, sin mucho ruido, hasta esta semana.
El plazo de enmiendas a la ley contra el proxenetismo venció este miércoles (igual que la de la ley trans, y la del aborto), y los morados han aprovechado esta vía legislativa para exigir ciertas modificaciones y apuntalar su postura. Apuestan más bien por garantizar el acceso a derechos a las mujeres en contextos de prostitución, delimitar específicamente que se da una situación de explotación y, en definitiva, a evitar una legislación excesivamente punitivista.
Prefieren medidas de concienciación
La primera de las dos enmiendas que ha registrado UP a la ley de sus socios de Gobierno pide, directamente, suprimir el artículo 187 ter en el que se contemplan multas de 12 a 24 meses (elevables a penas de hasta tres años si la víctima es menor) para aquellas personas que recurran a las mujeres en situación de prostitución.
Entre sus justificaciones, Unidas Podemos cita informes de organizaciones internacionales, como el de GRETA, en los que se urge a España a "diferenciar trata con fines de explotación sexual de prostitución", y recuerda que el Grupo de Expertos del Convenio de Varsovia contra la trata recomienda combatir la demanda "con medidas educativas, de concienciación y de implicación de los medios de comunicación".
Para la formación morada, es crucial analizar el impacto que las medidas sancionadoras puedan tener en la identificación de las víctimas de trata, su protección y asistencia. El "modelo sancionador del cliente", asegura, supondrá que la policía intensifique su "control" y "persecución" en los escenarios de prostitución. Vigilancia que no irá únicamente enfocada a los clientes o proxenetas, sino que también se dirigirá a las propias mujeres, pues "habrán de verificar y probar que ha habido pago o retribución".
Para UP, sancionar a puteros perjudicará a las víctimas
En ese sentido, Unidas Podemos cita un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en el que se indica que las normas sancionadoras acaban por perjudicar en mayor medida a las mujeres más vulnerables, como es el caso de las migrantes o víctimas de trata. Además, a los morados les preocupa que la persecución a puteros pueda generar incluso una mayor desconfianza de las mujeres en las instituciones y servicios públicos, "especialmente en el sistema policial".
"En contextos de prostitución, cuando las fuerzas policiales son percibidas no como agentes protectores sino como posibles agentes sancionadores (aunque sea indirectamente), la confianza de las mujeres disminuye y la impunidad de los abusos de los que son objeto puede aumentar", subrayan en el documento. Por ende, señalan, la detección de víctimas de trata podría obstaculizarse o impedirse precisamente por el temor y la "huida" de las víctimas a "espacios inaccesibles" y en los que quedarán más desprotegidas.
Más penas a proxenetas, pero centradas en la explotación
La otra enmienda registrada por el socio minoritario del Gobierno endurece las penas a proxenetas, pero establece la condición de que se esté propiciando una situación de explotación ajena. La redacción inicial (la del PSOE) fija penas de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses a quien "con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".
Proponen así modificar el artículo 187 para, por un lado, elevar la pena máxima a cuatro años, y modificar la parte en la que habla de quien "promueva o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". En su lugar, sugieren castigar a quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona", entendiendo que hay explotación "cuando exista una relación de dependencia o subordinación en la que quien se lucra impone las circunstancias de toda índole que condicionan la libertad sexual de la víctima".
Respecto a la tercería locativa -penar a quien dedique un establecimiento o inmueble a la prostitución con penas de dos a cuatro años- piden especificar que ese castigo no se le aplique a las personas que ejercen la prostitución.
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