El juez del caso Juana Rivas se querella por calumnias contra el abogado de la mujer

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, ha presentado una querella contra el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, por posibles injurias y calumnias de este letrado, quien además ha sido sancionado por el Colegio de Abogados por afirmar públicamente que el magistrado fue parcial.

Fuentes judiciales han informado este jueves a EFE de que la querella ha recaído en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, que ha dado traslado de la misma a la Fiscalía para que informe sobre si la misma debe o no ser admitida.

Esta querella del juez, que condenó a Juana Rivas por sustracción de sus hijos menores, contra el letrado se conoce días después de que se haya hecho igualmente pública la sanción de 45 días de suspensión que el Colegio de Abogados de Granada ha impuesto a Aránguez, quien anunció la semana pasada que recurriría esta medida.

Querella por prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también desestimó hace pocos días el recurso de súplica que el abogado de Rivas presentó contra la inadmisión por parte del propio TSJA de la querella que la vecina de Maracena (Granada) formalizó por supuesta prevaricación contra precisamente el juez Piñar.

Aránguez atribuyó al titular del Juzgado de lo Penal 1 animadversión hacia su representada por "razones personales"

Después de que Aránguez atribuyera al titular del Juzgado de lo Penal 1 animadversión hacia su representada por "razones personales", el alto tribunal aseguró en un auto que la "imputación de motivaciones ideológicas a una resolución" no puede abrir "la puerta de la prevaricación, si la ideología no suplanta a la aplicación de la ley".

La Sala Civil y Penal del TSJA ya había considerado, en una decisión anterior, que no existían indicios de la comisión de ninguno de los delitos de prevaricación judicial y contra la integridad moral que Rivas atribuía al juez Piñar, por lo que inadmitió la querella, tal y como había solicitado la Fiscalía.

No obstante, el alto tribunal andaluz entendía asimismo que Rivas no debía ser multada de forma coercitiva con 5.000 euros, como sí había pedido el Ministerio Público por supuesto abuso de derecho.