El Gobierno fuerza a las eléctricas a cambiar la factura: si detallan el ajuste ibérico, tendrán que informar de su beneficio

El Gobierno se ha apuntado esta última semana una victoria sobre las compañías eléctricas en la particular guerra que libran desde hace meses a cuenta del nuevo 'recargo' por el mecanismo ibérico que desde la vuelta del verano empezó a alarmar a algunos consumidores. Aunque no tienen obligación de hacerlo, algunas compañías decidieron reflejar el coste de la compensación por el precio real del gas que se paga por la 'excepción ibérica' y ahora el Gobierno responde con la obligación de informar también de cuánto se ahorran los ciudadanos con el límite al precio del gas para generar electricidad.

El detalle del coste de la 'excepción ibérica' en la factura provocó mucho malestar en el Gobierno, donde se hablaba de "venganza" por parte de las eléctricas por hacerles aplicar el tope del precio al gas al que se opusieron desde el principio. Esta semana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no quiso entrar en polémica al llamar "calificativos creativos" a la forma en la que las comercializadoras han llamado a este ajuste para incluirlo en la factura y con el que se dio la idea de que era una nueva tasa o recargo que creaba, sin más, el Gobierno. Desde entonces, el objetivo en Transición Ecológica ha sido hacer un cambio que deje de dar esa imagen. Incluso antes de que estuviera decidido cómo iba a ser, en el departamento que dirige Ribera se tenía muy claro que lo que de ninguna manera reflejaría sería un "impuesto".

La solución ha sido salomónica y no se ha consultado con las compañías.  En su lugar, Transición Ecológica ha ido por la vía regulatoria y directamente encargó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un cambio normativo para armonizar la información que puede reflejar cada comercializadora la factura. No se les prohibirá detallar el coste de la compensación que cada consumidor paga por el gas, pero deberán entonar una especie de 'mea culpa' por hacerlo y añadir obligatoriamente información sobre el ahorro que, con todo, supone la 'excepción ibérica'. El Gobierno calcula que asciende a un total de 2.800 millones desde junio.

Y no solo eso. Transición Ecológica ha ido más allá y ha decidido espolear la "competencia" entre las eléctricas obligando a incluir en las facturas información sobre el consumo medio equivalente en hogares y pymes del mismo código postal, así como un canal directo para que cada consumidor pueda consultar qué ofertas hacen otras compañías nada más descubrir cuánto pagarán ese mes por el gas o la luz. Para ello, en la factura aparecerá también un enlace y un código QR que redirigirá al consumidor al comparador de precios de luz y gas en el mercado libre que elabora la CNMC.

Además, Ribera ha aprovechado justo este momento para poner coto a las penalizaciones que cobran las comercializadoras cuando un consumidor quiere rescindir el contrato antes de un año o para obligar a que este cese suponga también dejar de pagar servicios asociados. 

Los cambios en la factura no quedan ahí y el Gobierno ha decidido también sacar pecho de otras decisiones para aliviar el alto precio de la energía. Mientras estén vigentes, las comercializadoras deberán detallar en el concepto relativo los impuestos a la electricidad las rebajas fiscales  sobre el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para que tampoco aquí haya interpretaciones, el decreto dicta la redacción. "En virtud del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, el IVA aplicable a su factura se encuentra reducido del 21% al 5%" en el primer caso y en el segundo: "En virtud del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, el impuesto especial sobre la electricidad aplicable a su factura se encuentra reducido del 5,11269632% al 0,5%".

A partir de diciembre

Estos cambios e información adicional empezarán a reflejarse a partir del 1 de diciembre en las facturas de energía en virtud del decreto-ley por el que se crea también una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos o una ayuda para pagar la luz a trabajadores de bajos ingresos. Detrás de los intentos declarados de "homogeneizar y clarificar" los conceptos que las comercializadoras incluyen en las facturas, lo que existe es el desenlace de una pugna entre eléctricas y Gobierno que parte de las advertencias por parte del Ejecutivo, particularmente de Ribera, sobre sus excesivos beneficios desde antes de que empezara la crisis energética y los planes para gravarlos con un nuevo impuesto.

El escenario de las hostilidades ha sido la 'excepción ibérica', que es donde las eléctricas se cobraron hace unos meses una primera pieza que ahora les devuelve el Gobierno con el rediseño de la factura de la luz y el gas. Les da unas semanas para que recaben información y adapten sus sistemas para empezar a reflejar en las facturas que emitan a partir del 1 de diciembre estos cambios, que deberán reseñarse "en un sitio visible e identificado claramente", "de forma clara e inequívoca".

En concreto por lo que respecta al mecanismo ibérico, las comercializadoras que deseen incluir un término relativo al ajuste por el mecanismo ibérico separado del coste de la electricidad deberán hacerlo con una redacción que será igual para todas: "Importe de la energía asociada al mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-Ley 10/2022, de 13 de mayo", por el que se aprobó la 'excepción ibérica'.

Además, en ese caso el decreto-ley establece que deberán "añadir, de forma clara e inequívoca, en un apartado independiente dentro de la factura de electricidad" una redacción también fija y obligada que ocupa casi cinco líneas de texto y que explica a los consumidores que podrían haber optado por unir el coste de la compensación dentro de sus "costes de aprovisionamiento" pero que decidieron "trasladarlo de forma diferenciada".

La cosa no se quedará ahí. Además de decidir reflejar de forma independiente el coste de la compensación y de dejar constancia de que podrían no haberlo hecho, las comercializadoras deberán añadir el dato de a cuánto ha ascendido la compensación total, para que el consumidor pueda poner en contexto la que paga él, y el ahorro que, con todo, supone el mecanismo ibérico. "En cada ciclo de facturación, y en un lugar claramente identificado, [figurará] el precio medio de casación mayorista en el mercado diario de la electricidad, al que se sumará el coste medio del ajuste" y "se comparará con el precio medio de casación que hubiera resultado en ausencia del mecanismo de ajuste", detalla el decreto del Gobierno. Es decir, que las comercializadoras que opten por detallar la compensación deberán completarlo con información muy similar a la que desde junio ha venido ofreciendo diariamente el Ministerio de Transición Ecológica para demostrar que la 'excepción ibérica' funciona.

El Gobierno intenta así dar carpetazo a una desavenencia que se remonta a los meses que duró la negociación entre España y Portugal con la Comisión Europea para que les autorizara a limitar el precio del gas, cuando las eléctricas se emplearon a fondo para intentar torpedear la luz verde o, en su defecto, lanzando mensajes a la opinión pública sobre los efectos perversos que tendría este mecanismo.

Nada de esto funcionó y en junio Madrid y Lisboa pusieron en marcha una herramienta que limitaba a 40 euros MWh el precio que los consumidores pagan por la electricidad generada con gas natural pero que también repartía entre todos ellos el pago de una compensación a las eléctricas por la diferencia entre el precio al que compran el gas en el mercado y el límite fijado en España.

El mecanismo empezó a aplicarse a los consumidores con tarifa regulada, que también fueron los primeros en empezar a pagar la compensación. Pero como el diseño de la factura PVPC (precios de venta al pequeños consumidor) la diseña el Gobierno, nunca se reflejó separada del coste total de la energía para cada hogar. La cosa cambió cuando hace unos meses los consumidores con tarifa libre empezaron a renovar sus contratos con las comercializadoras, con precios que debían referenciarse con el límite al precio del gas, y también a pagar su parte correspondiente de compensación o ajuste. Y es aquí donde algunas optaron por separar este concepto y reflejarlo de manera aislada, por lo que los consumidores veían un nuevo importe por un concepto desconocido y que empezó a tomar forma de 'tasa' en el imaginario colectivo, una idea que ahora el Gobierno intentará desmontar con los inminentes cambios en la factura.